Chicago sigue firme como ‘ciudad santuario’

Suprimir fondos federales a ‘ciudades santuario’ que se nieguen a colaborar con autoridades de inmigración es el plan que busca establecer el Departamento de Justicia de Estados Unidos,  pero líderes comunitarios, activistas y funcionarios electos luchan para que ese proyecto no proceda.

Chicago en 2016 recibió $2.3 millones en fondos públicos por medio del programa Byrne Memorial Justice Assistance Grant Programs (Byrne JAG) para combatir la violencia.

La administración del presidente Donald Trump ha solicitado $380 millones en fondos federales como parte del programa. Por los altos índices de criminalidad se espera que Chicago reciba $3.2 millones, para comprar equipo para la policía, indicó Reuters.

Pero el fiscal general Jeff Sessions advirtió que el Departamento de Justicia de EEUU les negaría a esas ciudades esas subvenciones de seguridad pública a menos que brinden a las autoridades migratorias acceso a cárceles locales y se les proporcione un aviso de 48 horas antes de liberar a un individuo buscado por agentes de inmigración.  Y se deberá comprobar que se está cumpliendo con los condicionamientos del Departamento de Justicia para solicitar los fondos federales a través del  programa (Byrne JAG).

“Las llamadas políticas de ‘santuario’ nos hacen menos seguros porque minan intencionalmente nuestras leyes y protegen a los extranjeros ilegales que han cometido crímenes”, señaló Sessions en un comunicado de prensa.

Contra la retención de fondos

El pasado 7 de agosto el alcalde de Chicago Rahm Emanuel interpuso una demanda en una corte federal en Illinois contra el Departamento de Justicia de ese país con el argumento de que retener los fondos públicos destinados a la ciudad es un acto inconstitucional.

“Chicago no será chantajeada para cambiar nuestros valores, somos y seguiremos siendo una ciudad acogedora”, indicó Emanuel.

“El gobierno federal debe trabajar con las ciudades para proporcionar los recursos necesarios para mejorar la seguridad pública, no inventar nuevos esquemas para reducir nuestros recursos de lucha contra la delincuencia…”, señaló el alcalde en una declaración.

En Chicago, defensores de los inmigrantes han luchado hasta ahora sin éxito para fortalecer la ordenanza de la ciudad ‘Welcoming City’ a fin de asegurar que todos los inmigrantes estén protegidos sin excepción.

Entre las excepciones en la ordenanza se encuentran el permitir a los oficiales de la Policía de Chicago cooperar con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) si los individuos seleccionados están en la base de datos de pandillas de la ciudad, tienen procesos penales pendientes o condenas por delitos graves anteriores, o si son objeto de una orden judicial criminal pendiente.

Rafael Yáñez, policía de Chicago, opinó que la ordenanza que existe en la ciudad de Chicago no protege a los más vulnerables. “El alcalde Rahm Emanuel se tiene que enfocar en eliminar las excepciones en esa ordenanza en la que, por ejemplo, se le da el derecho a los policías de la ciudad de Chicago de trabajar con agentes de inmigración [proporcionándole información del indocumentado] si hay un juicio pendiente de un delito mayor”.

Según Yáñez, la demanda que ha interpuesto el alcalde Emanuel contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos es una hipocresía.

“Lo veo como hipocresía porque en su casa [Chicago] está haciendo todo lo contrario. No les está dando esa protección que se les debe dar a esas mismas personas por las que según él está luchando y ante el público se hace ver como que es el protector de los inmigrantes, ahí es donde yo veo la hipocresía”, reiteró Yáñez, quien también es director ejecutivo de la organización sin fines de lucro U.N.I.O.N. Impact Center que opera en el Barrio de las Empacadoras, uno de los vecindarios azotados por la violencia en Chicago.

Para Rosi Carrasco, de la Organización Comunidades Organizadas contra las Deportaciones (OCAD), es importante defender a las ‘ciudades santuario’ “y es bueno decirle al gobierno federal que está equivocado, pero no se vale hacerlo sin al mismo tiempo crear verdaderas leyes que protejan a todos los inmigrantes”.

La Ciudad de Chicago ha fallado para hacer de esta ciudad una verdadera ‘ciudad santuario’, opinó la activista quien también forma parte de Chicago Immigration Working Group, una coalición local de organizaciones que ha estado trabajando en el fortalecimiento de dicha ordenanza a manera de hacerla más inclusiva y sin excepciones.

“Varias organizaciones nos hemos reunido los últimos dos años con la ciudad en busca de fortalecer la ordenanza pero hasta la fecha no han querido quitar las excepciones. Qué pena que hasta ahora que hay esta amenaza de quitarle los fondos a la policía es cuando el alcalde Rahm Emanuel ha decidido demandar al gobierno federal”, puntualizó Carrasco.