Congreso negocia acuerdo bipartidista para evitar cierre del gobierno la próxima semana

WASHINGTON— Líderes demócratas y republicanos del Congreso negocian entre bambalinas para evitar el tercer cierre parcial del gobierno bajo la Administración Trump, en unos momentos en que los fondos para el muro fronterizo figuran entre las principales trabas políticas.

El Congreso ya aprobó los gastos para cinco agencias federales pero tiene hasta el próximo 7 de diciembre para aprobarlos para siete restantes, incluyendo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que está a cargo de la seguridad fronteriza.

Al no lograr un acuerdo presupuestario para todas las agencias al inicio del año fiscal 2019 en octubre pasado, los legisladores aprobaron una medida de corto plazo para las siete agencias afectadas y el gobierno agotará sus fondos a la medianoche del próximo 7 de diciembre.

Desoyendo los consejos de los principales líderes de su partido, el presidente Donald Trump dijo a “Politico” que está “totalmente dispuesto” a permitir un cierre del gobierno si el Congreso no aprueba los $5,000 millones para la construcción del muro fronterizo que prometió a sus votantes en 2016.

We're nine days away from a deadline that could trigger a partial government shutdown, and there's no solution in sight. And Trump told us he would “totally be willing” to shut down the government if he doesn't get his border wall funding. https://t.co/mpk10EInaW

— POLITICO (@politico) November 28, 2018

Durante la contienda, Trump había afirmado que México financiaría el muro fronterizo, lo que generó discordia entre ambos países.

Según el diario “The Washington Post”, Trump le comunicó a los legisladores republicanos que no aceptará menos de los $5,000 millones, aunque reconoció que probablemente tenga que apoyarse en la presencia militar en la frontera para frenar los cruces ilegales.

El Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes aprobó ese monto en julio pasado, pero no fue aprobado en el pleno y causó discordia en el Senado.

Ahora, ante la crisis de más de 8,000 migrantes centroamericanos varados en México y a la espera de solicitar asilo en EEUU, cree que los demócratas apoyarán su pedido.

Sin las presiones políticas por las pasadas elecciones de mitad de término, Trump apuesta a que las imágenes de las caravanas de inmigrantes le ayudarán a generar presión entre su base para el muro fronterizo.

El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, destacó hoy la urgencia de que ambos partidos logren un acuerdo y que los demócratas reconozcan que la seguridad fronteriza “no debe ser una cosa republicana”.

Speaker Paul Ryan says Democrats and President Trump need to come to an agreement to prevent a government shutdown: “I think hopefully after the election, Democrats realize a secure border should not be a Republican thing” https://t.co/a4LuJ76b7x pic.twitter.com/5tOfTy0Kng

— CNN Politics (@CNNPolitics) November 28, 2018

Pero, anoche, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, recordó que ambos partidos pactaron un acuerdo en julio para destinar $1,600 millones para un paquete completo para la “seguridad fronteriza, no un muro de concreto o incrementos para camas (en centros) de detención o agentes” de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

“Debemos ceñirnos a este acuerdo. Si el presidente  (Trump) interfiere, entonces él es responsable del cierre”, sentenció Schumer.

Our position has been clear from the beginning: Ds & Rs have a months-old agreement in the Senate. $1.6B for border security, NOT a concrete wall or increases in detention beds or ICE agents. We should stick to this agreement. If POTUS interferes, he is responsible for a shutdown

— Chuck Schumer (@SenSchumer) November 28, 2018

Trump también afronta presiones de varios senadores republicanos, entre ellos Lindsey Graham, que han condicionado su apoyo a una de ley gastos a que la Administración dé una explicación detallada sobre el asesinato del periodista Jamal Kashoggi en un consulado de Arabia Saudita en Istambul.

Además, varios senadores demócratas también exigen la aprobación de una ley para proteger la investigación del fiscal especial, Bob Mueller, sobre la trama rusa, aún cuando la Casa Blanca ha dicho que no hay planes para despedirlo.

El Senado, bajo control republicano, nuevamente bloqueó otro esfuerzo por someter a voto una iniciativa para proteger a Mueller, quien desde siempre ha enfrentado insultos y ataques de Trump por su presunta “cacería de brujas”.

Las negociaciones en curso son similares a las que el Congreso realizó en enero y febrero pasados, cuando el espinoso tema de inmigración también provocó sendos cierres del gobierno, aunque de corta duración.

Un cierre parcial del gobierno no afectaría las operaciones para la seguridad nacional de EEUU, pero sí ocasionaría la suspensión de otros servicios considerados no urgentes, afectaría el turismo, y arrastraría costos políticos para los legisladores responsables de la parálisis.

En medio de estas negociaciones, activistas del Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios (SEIU) y miembros de la comunidad inmigrante visitaron hoy el Capitolio para exigir que los demócratas, que en enero próximo retomarán el control de la Cámara de Representantes, se opongan al muro y promuevan leyes para la legalización de los “Dreamers” y “tepesianos”.

“Nosotros ayudamos a movilizar el voto de los hispanos en las pasadas elecciones, y me dio una dicha grande cuando ganaron los demócratas, porque han prometido ayudarnos. Esperamos de que el próximo año aboguen por nosotros, porque la incertidumbre es grande”, dijo a este diario Perla Canales, una “tepesiana” hondureña que viajó desde Nueva York.

Canales, miembro del sindicato “32BJ”, visitó la oficina de Schumer y le trasladó a sus asesores la urgencia de que los demócratas también ayuden a los beneficiarios de “DACA”.

Las visitas al Capitolio son parte una campaña de presión que atrajo a inmigrantes de varios estados con alto porcentaje de “Dreamers” y beneficiarios del “Estatus de Protección Temporal” (TPS).

Ambos programas fueron desmantelados por la Administración Trump en 2017, pero varios tribunales federales los han mantenido con vida mediante dictámenes temporales.