La Macarena: la crisis que amenaza el mayor tesoro natural de Colombia (y a miles de familias)
Graves incendios en en el centro de Colombia reanimaron el debate sobre la deforestación
Así se ven los tepuyes guayaneses que conectan con el Amazonas en esta zona de Colombia. Crédito: AFP
En el centro de Colombia hay una región especialmente valiosa, donde confluyen la selva amazónica, las cordilleras de los Andes, los ríos que van al Orinoco y el Escudo Guayanés, con sus portentosos tepúyes: cuatro tipos de vegetación distintos, espléndidos, en el mismo lugar.
Allí se encuentran, entre otras cosas, un “río de siete colores”, miles de tipos de flores, cientos de especies de aves, jaguares, venados, osos hormigueros.
Todo reunido en tres parques naturales —Picachos, Tinigua y Macarena— que hoy están en riesgo por unos incendios que, según todas las partes implicadas, son mayormente provocados por seres humanos.
La emergencia, que amenaza a 4.000 familias residentes ahí, se da en medio de una ola, iniciada en 2016, de deforestación del territorio de Colombia, el cuarto país con mayor tala de árboles en el mundo y el segundo en la región después de Brasil.
Aunque la tendencia se redujo un 10% en 2018, entre 2016 y 2018 se desforestaron 600.000 hectáreas de selva colombiana, según cifras oficiales. Eso es tres veces el tamaño total de Ciudad de México.
Y casi un 70% de ese territorio quemado es allí, en el noroccidente de la Amazonía, la selva que hace de Colombia el segundo país más biodiverso en el mundo.
La causa de la deforestación depende de a quién se le pregunte, pero es claro que detrás está una de las fuentes de la guerra que vive Colombia hace más de 60 años: la tenencia de la tierra.
Históricamente, el Estado estuvo ausente en zonas remotas del territorio colombiano. Eso, entre otras cosas, potenció la emergencia de diversos grupos armados —guerrillas, paramilitares, narcotraficantes— que hacían de autoridades.
La ley del más fuerte determinó la propiedad en Colombia durante décadas.
Y ahora, ante la ausencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se desmovilizaron en 2016 tras la firma de un acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, muchos territorios quedaron a la deriva de nuevos grupos ilegales que buscan acaparar esta prodigiosa tierra.
“Disidencias para sembrar coca” o “campesinos para sobrevivir”
La pregunta es cuál de esos múltiples grupos armados está detrás de la tala. O si son meros campesinos.
Durante la reciente crisis en el departamento del Meta, el gobierno de Iván Duque ha mantenido la teoría de que las disidencias de las FARC, grupos que volvieron a las armas cuando dieron por fracasado el proceso de paz, deforestan para cultivar coca.
El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, declaró a la prensa que las disidencias buscan usar estas zonas “como áreas base y corredores de movilidad para actividades criminales (…) están deforestando para sembrar coca, para seguir matando y acabando con el medio ambiente (…) es lo que hace el narcotráfico”.
El general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Armadas, le dijo a BBC Mundo que entrevistas en la zona, comunicaciones interceptadas y testimonios de detenidos demuestran el involucramiento de las disidencias de las FARC en la deforestación.
“En esa zona está el bandido y cabecilla Gentil Duarte, quien hace por lo menos 20 años viene delinquiendo allí de esta forma, vendiendo ganado a través de testaferros o a través de extorsión por cada cabeza de ganado”, explicó el comandante.
Duque, promotor de una ambiciosa política contra las drogas apoyada por Estados Unidos, dijo el miércoles en un encuentro con medios internacionales que “el narcotráfico es el combustible de la deforestación“, y destacó la tendencia a la baja de la deforestación.
“La deforestación no está disparada”, le dijo a BBC Mundo el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano. “Nosotros torcimos la curva con nuestra estrategia de nueva gobernanza, que ha sido apoyada por gobiernos como Reino Unido y Noruega”.
Esa política se denomina Operación de Artemisa, un despliegue militar ordenado por Duque que busca derrotar “la hemorragia deforestadora” y judicializar a los responsables. Hay 36 personas detenidas, informó el ejército. Los grupos locales retuvieron a dos soldados por siete días. Y una decena de guardaparques debieron salir por amenazas.
BBC Mundo habló con dos campesinos en la zona, uno de ellos líder social, cuya identidad reservamos por motivos de seguridad.
“Artemisa ha dado un tratamiento de guerra a la existencia de campesinos, decomisaron reses, desalojaron a familias completas”, dijo uno, antes de mandar tres videos de los ejercicios de represión de campesinos, para él “exagerados”.
El otro declaró: “Ellos (el gobierno) dicen que estamos tumbando (arboles) para sembrar coca, que somos apoyados por las disidencias (de las FARC). Pero eso es falso, porque si algún campesino hizo un potrero (deforestó) es para cultivar plátano o yuca. Nos incumplieron el acuerdo de la Habana y ahora quieren que no trabajemos”.
El agricultor habla del acuerdo de paz con las FARC, que incluía sustitución de cultivos y asignación de recursos a campesinos que cultivaban coca.
Duque defiende su política de “implementación con legalidad” del acuerdo de paz.
El ministro Lozano añade: “Hemos apoyado a colonos en emprendimientos y buscamos que la Fiscalía judicialice a quienes deforestan para promover negocios ilegales. Ni todos son disidencias (de las FARC) ni todos son campesinos. Cada caso es distinto. No se puede generalizar”.
“Acaparadores de tierras” cercanos a los grandes gremios
Además de estas dos versiones, hay una más: que la ola de deforestación tras la firma de la paz es causada por los grandes poderes de la agricultura, que supuestamente buscan, aliados con paramilitares, acaparar más tierra y crear una nueva frontera agropecuaria.
“La deforestación se alimenta de los dos grandes gremios que apoyan al partido de gobierno (el Centro Democrático)“, dice a BBC Mundo el congresista Juan Carlos Losada, del Partido Liberal.
Se refiere a los gremios del ganado y la palma africana, históricamente cercanos al latifundismo y a la derecha política.
“Yo no tengo forma de probar que estos gremios financian a grupos ilegales, pero está claro que son los mismos intereses, y dan pie para que se estigmaticen a los pequeños campesinos con que son guerrilleros”, señala Losada.
El 60% de la deforestación en Colombia está ligada a la ganadería, según un estudio basado en análisis geográficos y socioeconómicos de Fedesarrollo, una organización para el emprendimiento.
Pero el presidente del gremio ganadero, José Felix Lafaurie, dice que “eso no tiene fundamento”.
“Las únicas fronteras que se han abierto recientemente son para el narcotráfico. Está documentado que las fronteras agropecuarias se abrieron por un desarrollo económico en el siglo XIX y las últimas, pocas, fueron en el siglo XX”, señala a BBC Mundo.
Uno de los campesinos en La Macarena añade: “La deforestación no es la coca. Usted puede ver con sus ojos acá que la ganadería y la palma se están extendiendo harto, harto, harto. Los gobernantes de este país son los que están llevando a cabo esta deforestación y la coca es solo una bandera para cometer sus atrocidades”.
Y luego remarca, minutos antes de participar en una protesta, que “la situación acá se está agudizando, porque hay más campesinos desalojados y más gente afectada. La gente está verraca (enojada)”.
El otro campesino, que es líder de su comunidad, explica que el problema con la deforestación en parques es que, una vez quemada, la tierra deja de ser reserva y se convierte a territorio sujeto de titulación.
“En los parques hay 4.000 familias que llegaron desplazadas de la violencia en los (años) 50 y 60”, dice. “Y ahora se las quieren sacar no para proteger el parque, sino para sustituir un negocio por otro, porque acá hay mucho petróleo y es una zona estratégica para el tráfico de madera, ganado y palma”.
Qué hacer
Más allá de quién está detrás de la deforestación, los expertos coinciden en que, a medida que la última crisis se resuelve entre desalojos, arrestos y acusaciones, uno de los patrimonios ambientales del mundo —su pulmón más importante— está en riesgo.
La única forma de resolverlo, estiman, es con la reforma agraria que lleva discutiendo el país hace décadas.
“Mientras el problema de tierras no esté en la agenda pública y tenga implicaciones concretas, va a ser muy difícil conservar el territorio del país, porque la gente se va cada vez más para los parques”, explica Margarita Flores, directora de Ambiente y Sociedad, una ONG.
“Todavía tenemos campesinos que se van asentando en territorios protegidos porque seguimos repitiendo la norma de no dar alternativas a los campesinos“, estima.
Mary Louise Higgins, directora en Colombia del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), añade: “Esto solo se soluciona fortaleciendo el desarrollo de economías basadas en la naturaleza como el ecoturismo y los productos forestales no maderables”.
“Hay que fortalecer la gobernanza y frenar el acaparamiento de las tierras (…) En parques hay que trabajar en el diálogo para crear acuerdos de conservación con las comunidades que viven ahí desde hace muchos años”.
El gobierno de Duque, sin embargo, celebra que con su Operación Artemisa la deforestación se redujo 10% en 2018 y, según el ministro Lozano, otro 10% en 2019, un dato que no ha sido divulgado oficialmente.
Es decir: en 2019 se habrían deforestado 180.000 hectáreas de importante valor ambiental.
Eso mantiene a Colombia como uno de los países que más selva deforestó en el mundo.
Y mantiene la predicción de un estudio de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos publicado en 2016, muy citado en Colombia por estos días: si la deforestación actual se mantiene, el Amazonas dejará de ser selva y se convertirá en sabana.
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