¿Por qué tildan en El Salvador a Nayib Bukele de “dictador” y que respondió el presidente?
El presidente de El Salvador retó directamente a los cinco jueces del Tribunal Supremo del país
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, rechazó que sea un “dictador” en medio del debate por un decreto sobre las fases de reapertura económica por coronavirus.
“¿Dictador? Los hubiera fusilado a todos, o algo así, si fuera de verdad un dictador. Salvás mil vidas a cambio de cinco”, indicó ayer en cadena nacional.
“Pero no, no soy dictador”, insistió el mandatario el domingo.
Las expresiones de Bukele se dieron en medio del debate en el país por la decisión el viernes de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declararon inconstitucional el Decreto Ejecutivo 32 del presidente que disponía un plan para la reactivación de la economía, paralizada por la pandemia.
De inmediato, organizaciones de derechos humanos repudiaron el carácter violento y amenazador de las declaraciones de Bukele contra los miembros del máximo foro.
Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, tildó como increíbles los comentarios del presidente salvadoreño. “Lo dice al respecto de los magistrados de la Sala Constitucional que han frenado sus atropellos al estado de derecho. Increíble”, manifestó en su cuenta de Twitter, donde compartió un video con la frase del mandatario.
El relator de las Naciones Unidas Diego García-Sayán también manifestó su preocupación por la “amenaza a la vida e integridad” a los magistrados del Supremo de El Salvador por parte del presidente.
“Preocupante que el presidente Nayib Bukele, por cadena de radio y televisión, amenace la vida e integridad de los magistrados de la Sala Constitucional en lugar de promover y respetar el Estado de Derecho”, expresó por la referida red social García-Sayán.
El relator especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU además llamó la atención de las autoridades nacionales y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se mantengan vigilantes y garanticen la independencia judicial en el país centroamericano.