Es hora de darle un fin a la discriminación por fuente de ingresos en Illinois

En la era del coronavirus y con una economía al borde de una catástrofe, ninguno de nosotros puede darse el lujo de rechazar ayuda del gobierno. Por cierto, muchos se alegraron al recibir un cheque por parte del gobierno en abril. Además, estoy segura que todos conocemos al menos a una persona del millón de postulantes que solicitaron asistencia de desempleo en Illinois desde marzo del año pasado. Todo este dinero nos ha dado seguridad económica y asimismo ha mantenido en pie la economía en nuestro estado.

De igual modo, Illinois decretó suspender desalojos, aseverando que ningún individuo debería ser desalojado y perderlo todo solo por estar pasando, temporalmente, por dificultades económicas. Incluso Illinois fue más allá y asignó $150 millones correspondientes a fondos de la Ley CARES para estabilizar el mercado de la vivienda de alquiler y prevenir otra crisis de ejecución hipotecaria.

Sin embargo, hay personas que abogan por el derecho a la vivienda, quienes han escuchado innumerables historias de propietarios que se rehusarían a participar en el programa de Ayuda de Emergencia para el Alquiler de la Autoridad de Desarrollo de Vivienda de Illinois, debido a inquietudes sobre este nuevo tipo de programa de ayuda estatal. Pero esto no es nada nuevo en Illinois. Hay inquilinos cuyas postulaciones para el arriendo han sido rechazadas durante décadas, simplemente por el hecho de dónde provienen sus ingresos para el pago del arriendo. Un estudio del 2018, realizado por el Comité de Abogados de Chicago para los Derechos Civiles, detectó discriminación por fuente de ingresos en el 49% de los casos investigados.

Junto con el Condado de Cook, solo hay cinco ciudades en Illinois que tienen leyes que protegen contra este tipo de discriminación: Chicago, Harwood Heights, Naperville, Urbana y Wheeling. En el resto del estado es legal que un arrendador rechace a arrendatarios que reciben subsidios del gobierno para pagar el alquiler, una práctica conocida como discriminación por fuente de ingresos.

Este tipo de discriminación impide que se lleven a cabo muchos programas destinados a mantener una economía sólida, al asegurarse que los beneficiarios tengan acceso estable a viviendas seguras y dignas. Por ejemplo, los programas de Subsidio para la Elección de Vivienda y de Apoyo a la Vivienda para Asuntos de Veteranos, que en conjunto cubren parcialmente el alquiler de aproximadamente 85,000 hogares de Illinois, se han visto perjudicados debido a la discriminación por fuente de ingresos. Pero no son solo los programas de asistencia gubernamental los que se niegan: algunos solicitantes son rechazados porque sus ingresos provienen de pensiones alimenticias, pensiones para menores o dinero del sistema del Seguro Social para personas con discapacidades, entre otros beneficios.

Illinois debe unirse a los otros 12 estados que ya han prohibido la discriminación por fuente de ingresos. La Ley de Derechos Humanos de Illinois afirma que la vivienda es un derecho humano protegido por ley. Todos los residentes del estado deben tener la libertad de ejercer ese derecho y vivir donde quieran, siempre y cuando cumplan con los criterios de elegibilidad del arrendador y puedan pagar el alquiler. El apoyo para las fuentes de ingresos busca eliminar el estigma que conlleva pasar por problemas económicos.

Asimismo, las recesiones de las últimas dos décadas han demostrado que cualquiera puede caer en una crisis económica, por lo que nadie debería ser discriminado a causa de dónde proviene su fuente legal de ingresos. No hay justificación para discriminar a un solicitante que cumple con todos los requisitos y que está dispuesto a pagar y puede hacerlo. Los solicitantes no deberían ser rechazados simplemente porque trabajan a tiempo completo sin ganar un salario digno, o por ser madre o padre soltero que lucha por vivir dignamente, o porque están entre los más de un millón de personas en Illinois que solicitaron ayuda por desempleo en 2020 y dependen de la ayuda del gobierno.

Una legislación a nivel estatal en contra de la discriminación por fuente de ingresos protegería a todos los ciudadanos de Illinois para no tener que sufrir por llevar a casa un tipo de ingreso “erróneo” o “mal visto”. [Por cierto, una propuesta de ley ya fue introducida en el senado de Illinois (SB 2492) y en la cámara de representantes (HB 2775)]. La indigencia no puede ser el resultado de las opiniones que algunos propietarios puedan tener sobre una fuente legal de ingresos. La pandemia y las dificultades económicas de 2020 han contribuido a enfatizar un problema creciente en el estado.

La vivienda es un derecho humano.

Este tema está por encima de la división partidista. Ha llegado el momento de que Illinois proteja mejor a sus residentes y apruebe a nivel estatal protecciones sobre Fuentes de Ingresos.

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Evelyn Sanguinetti es directora ejecutiva de la organización Hope Fair Housing y exvicegobernadora del estado de Illinois.