Contratan abogados de inmigración en la Oficina del Defensor Público del Condado de Cook

Debido a que con frecuencia los inmigrantes no tienen recursos para pagar un abogado que los represente en su proceso de deportación ante la corte federal de inmigración de Chicago, muchas veces sus casos resultan en condenas injustas o detenciones prolongadas. Esa falta de representación legal es lo que busca evitar un programa piloto del Condado de Cook.

Se trata de la Unidad de Inmigración de la Oficina del Defensor Público del Condado de Cook que, a través de la contratación de dos abogados de inmigración adicionales, pronto estará lista para representar a inmigrantes -que no puedan pagar un abogado- en audiencias de fianza y procedimientos de deportación ante la corte de inmigración.

Estos dos abogados iniciaron labores en esa Unidad de Inmigración el pasado lunes 14 de febrero y han recibido entrenamiento en la Oficina del Defensor Público del Condado de Cook. Se tiene previsto que empiecen a entrar a la corte de inmigración para representar los primeros casos de inmigrantes detenidos a fines de este mes o a principios de marzo. Los dos abogados contratados tienen bastante experiencia en casos de deportación y de detención, dijo a La Raza Irakere Picon, director de servicios legales en la Coalición de Empresas Pro Inmigración de Illinois (IBIC).

La comunidad inmigrante y líderes de la campaña ‘Defenders for All’ o ‘Defensores para Todos’ celebraron este paso para asegurar la representación legal de inmigrantes en el Condado de Cook. Dicha campaña es una coalición de al menos 40 organizaciones que han luchado por la creación de la Unidad de Inmigración dentro de la Oficina del Defensor Público del Condado de Cook para proteger a los inmigrantes contra la deportación y la separación de familias.

“Esta fue una campaña de casi de dos años, el primer año fue el tema de buscar el apoyo por parte del condado y los fondos, pero luego nos encontramos con un obstáculo en donde tuvimos que cambiar la ley del estado de Illinois para que no hubiera ningún tipo de demanda o pelea para que los defensores públicos, que son empleados estatales, puedan ir a la corte federal. El año pasado pasamos la ley, se firmó en agosto y en enero de este año fue cuando se puso en efecto. Bajo la ley de Illinois los defensores públicos ya pueden ir a la corte de inmigración sin tener ningún tipo de problema”, explicó Picon, uno de los líderes de la coalición.

Aumentan las posibilidades de un juicio justo

Con esta expansión crítica, el Condado de Cook se convierte en el condado más grande de la nación en proporcionar defensores públicos para servir a comunidades de inmigrantes, indicaron líderes de la campaña en un comunicado.

Uno de los enfoques de la Unidad de Inmigración es proporcionar orientación a inmigrantes acusados ​​en casos penales sobre las consecuencias colaterales de inmigración de sus declaraciones.

“Durante los últimos tres años, 2,746 inmigrantes no tuvieron representación legal en sus procedimientos de deportación en la corte de inmigración de Chicago” dijo Imelda Salazar, organizadora en el Proyecto Organizador del Suroeste (SWOP).

“Proporcionar a los inmigrantes representación legal aumenta significativamente sus posibilidades de tener un juicio justo”, dijo Fasika Alem, de United African Organization.

El abogado de inmigración Picon dijo que el primer objetivo para esta Unidad de Inmigración va a ser dar aviso, representación y asesoría a clientes que enfrenten cargos criminales en el Condado de Cook. “No importa si son de otros condados pero si enfrentan cargos en el Condado de Cook y no son ciudadanos y son inmigrantes van a recibir asesoría sobre las consecuencias en su estatus migratorio de acuerdo a los cargos criminales que enfrentan, eso es lo que se llama el Aviso Padilla bajo una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos”.

Este tipo de asesoría se basa en el caso de la Corte Suprema ‘Padilla v. Kentucky’, que requiere que todos los abogados de defensa criminal, incluidos los defensores públicos, informen a sus clientes si una declaración penal conlleva algún riesgo a su condición migratoria, incluido el riesgo de deportación.

El segundo objetivo de la Unidad de Inmigración es que sus servicios se den a personas que no tienen los recursos para contratar un abogado privado, independientemente de los méritos del caso o si tienen una probabilidad de ganar o no, señaló Picon. “Creemos que cada inmigrante tiene derecho a tener la representación de un abogado… La prioridad es que ellos consigan representación legal y que no se presenten a la corte o a la audiencia de fianzas sin un abogado”.

Actualmente, la Unidad de Inmigración en la Oficina Legal del Defensor Público del Condado de Cook la integran la directora Hena Mansori, una asistenta legal y los dos abogados. Hasta ahora son cuatro y todavía falta contratar un trabajador social con el que serían cinco personas para este año, precisó Picon.

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