Comisión del Crimen de Chicago pide extradición de “El Chapo” Guzmán
El narcotraficante es catalogado como el principal responsable de la venta de drogas en Chicago
La Comisión del Crimen de Chicago, que considera enemigo público número 1 a Joaquín “El Chapo” Loera Guzmán, pidió el lunes su extradición inmediata a esta ciudad, en donde enfrenta procesos judiciales desde el 2009.
“Guzmán debe ser entregado inmediatamente a las autoridades estadounidenses y traído a Chicago“, declaró el presidente de la comisión, J.R. Davis.
La recaptura de “El Chapo” fue anunciada el viernes pasado por el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, y conseguida tras un operativo realizado por efectivos de la Marina en Los Mochis, un poblado ubicado en su estado natal de Sinaloa.
En un comunicado, Davis consideró que las dos fugas que protagonizó “El Chapo” de prisiones mexicanas, la última hace siete meses, demuestran que “las prisiones más seguras de México no están equipadas para recluirlo”.
“El Chapo” se convirtió en el nuevo “enemigo público número 1” de Chicago en el 2013, un nombramiento con el que desplazó al mafioso Al Capone que ocupaba ese puesto desde 1930.
“Ningún criminal merece este título más que Guzmán Loera, por su poder nefasto y ferocidad despiadada”, dijo en su momento Davis.
El narcotraficante es señalado como el principal responsable de la venta de drogas en Chicago, o de las que se distribuyen desde esta ciudad al resto del país.
El juez federal Rubén Castillo reiteró en septiembre del año pasado la orden internacional de prisión contra “El Chapo”, para que sea juzgado en Chicago por su responsabilidad en el tráfico de drogas a Estados Unidos.
Al divulgarse el noveno auto de procesamiento se incluyó además a su hijo y lugarteniente, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, entre los requeridos por la oficina de la DEA de Chicago.
En 2010, se extraditó y procesó en esta ciudad a Vicente Zambada Niebla, “Vicentillo”, hijo de Ismael Zambada, el segundo de “El chapo” en el comando del cartel.
“Vicentillo” se convirtió en informante del Gobierno de Estados Unidos a cambio de una posible pena menor, obligatoria de por lo menos diez años, y una multa de cuatro millones de dólares, aunque todavía no ha sido sentenciado.