Familias en Chicago siguen a la espera del fallo sobre los alivios migratorios

La pobreza y la falta de oportunidades fue lo que impulsó a Cresencia Villegas a dejar México e inmigrar a los Estados Unidos.

Villegas tiene 10 hermanos, cinco de ellos eran menores de edad cuando ella decidió cruzar la frontera para luchar por un mejor porvenir para ella y su familia. “Soy indocumentada, en 1995 y con 22 años, crucé la frontera hacia Estados Unidos para ayudar a mis padres a criar a mis hermanos más pequeños porque en Ciudad Hidalgo, Michoacán, nosotros a veces no teníamos ni qué comer, éramos pobres y yo quería que en mi casa hubiera un plato de comida digno para compartir con mis padres y hermanos”, dijo.

Han pasado 21 años de esa travesía. Villegas se casó y tiene dos hijos estadounidenses de 11 y 15 años que asisten a la escuela Volta Elementary en Chicago, donde ella es una voluntaria que ayuda a las maestras desde kínder hasta el segundo grado desde hace cinco años, de lunes a viernes.

La historia de Villegas puede parecerse a la de millones de indocumentados que emigran para brindarle un futuro mejor a los suyos. Pero viven en las sombras y con el temor de ser separados de sus familias. Sus pedidos no cesan: quieren un freno a las redadas y deportaciones y esperan que de una vez por todas se apruebe una reforma justa para dar un alivio a millones de indocumentados.

La implementación de los alivios migratorios de la Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA) y la expansión de la Acción Diferida para Padres (DAPA) siguen en el congelador a raíz de una demanda de Texas y otros 25 estados bajo control republicano. Se prevé que la Corte Suprema tome una decisión éste verano.

De desbloquearse los alivios migratorios, Villegas sería una de las potenciales beneficiarias del programa DAPA. “Con papeles podría mi esposo tener un mejor trabajo ganar más dinero, ahora con lo que recibe de sueldo es poco, vivimos con otras personas para compartir los gastos porque batallamos para pagar la renta, el gas y la luz, es difícil”, declaró. “Se acabaría la ansiedad y el miedo de no regresar a casa a ver a mis hijos porque nos deportaron”.

“Basta ya de separar familias”

Al igual que Villegas, Mayra Sarabia también es una potencial beneficiaria de DAPA. Sarabia, quien es madre de tres hijos estadounidenses, alzó su voz junto con otros miembros de organizaciones pro inmigrantes afuera de las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el pasado lunes 18 de abril, fecha en que se realizó la audiencia en la Corte Suprema.

“Basta ya de separar familias”, dijo Sarabia, quien también es voluntaria de la organización Proyecto Organizador del Suroeste (SWOP). “Este programa sería sólo el primer paso, lo que necesitamos es una solución permanente… Si queremos una reforma migratoria tenemos que asegurarnos que nuestras comunidades salgan a votar en noviembre”.

Asimismo, la abogada de inmigración Mony Ruiz-Velasco dijo que se espera que la decisión de la Suprema Corte se conozca en junio. “Ahora no hay nada que se pueda solicitar bajo estas acciones ejecutivas… Es muy importante que la comunidad se mantenga informada para que no sea víctima de fraude”.

Mientras en la Corte Suprema están deliberando el fallo, “nosotros estamos aquí para dejar bien claro que vamos estar organizando y seguiremos defendiendo a nuestras comunidades”, expresó Irene Romulo, organizadora de Comunidades Organizadas contra las Deportaciones (OCAD).

Se refugia en un santuario

A José Juan Moreno, padre de cinco hijos estadounidenses, le han brindado santuario en una iglesia evangélica al sur de Chicago.

Moreno tenía una cita en las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Chicago para autodeportarse el pasado 15 de abril, pero él no se presentó. El hispano asumió el riesgo de refugiarse en santuario de una iglesia local para librar la deportación y no ser separado de su familia.

Gail Montenegro, portavoz de ICE en Chicago indicó en una declaración que Moreno fue convicto de DUI agravado en 2009 y recibió orden de deportación en 2012. Su apelación fue rechazada y una orden final de deportación fue hecha para el 30 de enero de 2014, la cual Moreno no cumplió. Montenegro también señaló que tales hechos colocaron a Moreno en la lista de prioridad conforme a reglas impuestas por el Departamento de Seguridad Nacional.

Su esposa Berenice Alonzo, quien sería potencial beneficiaría de DAPA, explicó que Moreno fue colocado en proceso de deportación en 2009 tras una condena por conducir bajo la influencia del alcohol (DUI) y manejar sin licencia.

Alonzo, dijo que Moreno ha aprendido de su error y que cumplió con la ley. “José ha pagado todas las multas también asistió a clases de rehabilitación y de conducción, él cumplió con todo lo que le dictó la ley”, dijo. “Le pedimos a autoridades de ICE que le den una segunda oportunidad a mi esposo y que le otorgue la discreción procesal, él no es una persona violenta, él no es una amenaza para el país, lo único que estamos pidiendo es seguir en Estados Unidos como una familia unida”.

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Así lo dijo

En tanto, Ruiz-Velasco, directora ejecutiva de Proyecto de Acción de los Suburbios del Oeste (PASO) destacó que el fin de que Moreno permanezca en santuario es tratar que inmigración pare la deportación de Moreno usando su discreción procesal.