Graves consecuencias a corto y largo plazo de órdenes migratorias de Trump

Aunque no se implemente todo en forma rápida, las medidas tienen el potencial de crear mucho daño en las comunidades inmigrantes, coartar derechos, enfrentar a estados y ciudades con Washington y aumentar el ritmo de deportaciones.
Graves consecuencias a corto y largo plazo de órdenes migratorias de Trump

Las órdenes ejecutivas sobre inmigración que anunció hoy el presidente Donald Trump van mucho más allá del muro fronterizo y establecen una serie de medidas que tienen el potencial de sembrar terror en la comunidad inmigrante, enfrentar a Washington con gobiernos locales e incrementar la detención y deportaciones. 

Si bien buena parte de las medidas anunciadas tomarán tiempo para implementarse –y algunas requerirán de la acción del Congreso, especialmente cuando requieren el uso de fondos públicos, como la construcción del “muro” o la contratación de más agentes fronterizos- hay efectos que comenzarán a sentirse de inmediato.

Tras conversar con expertos, activistas y políticos exponemos algunos de esos efectos y consecuencias.

Temor en la comunidad y posible aumento en violaciones a los derechos humanos y civiles en la frontera

Organizaciones nacionales y fronterizas temen que el efecto inmediato de las medidas sea el de “congelar” a la comunidad inmigrante de diversas formas y sembrar el terror. Las órdenes ejecutivas tienen un vasto alcance y el simple anuncio de que estas “liberan” a las autoridades migratorias para aplicar la ley con todas sus consecuencias levanta temor entre grupos que llevan años luchando contra los excesos de, por ejemplo, la Patrulla Fronteriza.

“La principal preocupación que tenemos es la de cómo las autoridades fronterizas van a entender esa retórica. Ya están acostumbrados a actuar con impunidad y sin transparencia”, dijo Christian Ramírez de la Coalición Comunitaria de la Frontera Sur.

Durante la rápida expansión de la Agencia de Inmigración y Aduanas ICE tras el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 y durante el gobierno de Bush, hubo muchos problemas con agentes que no tuvieron un adecuado entrenamiento y que fueron contratados aceleradamente. Además, estos grupos han perdido la capacidad de dialogar con el gobierno federal, que habían logrado con las autoridades fronterizas luego de mucho intentarlo bajo el anterior gobierno.

“Aquí no tenemos acceso alguno al gobierno. Con mucho trabajo logramos establecer esa relación y lograr algunas medidas de rendición de cuentas. Esto se acabó con este gobierno”, dijo Ramírez.

Habrá un regreso a los peores días del gobierno de Obama y a su “máquina de deportación” pero hasta con más recursos

Buena parte de lo que ordena Trump, fue implementado y ampliado por el gobierno del ahora ex presidente Obama, bien llamado “deportador en jefe”. El regreso al programa Comunidades Seguras y a los contratos 287g, volverán a intensificar la colaboración de policías y agencias locales con gobiernos federales.

Y aunque Trump dijo que su enfoque estaría en deportar a personas que “quieran hacernos daño” y a “delincuentes”, la letra de la orden ejecutiva es mucho más amplia y las prioridades de deportación que propone podrían arrasar con muchas personas que no son delincuentes convictos, tal y como lo hizo Obama, especialmente en los primeros cuatro años de su gobierno.

La congresista Zoe Lofgren de California, la demócrata de más rango en el comité judicial de la cámara y subcomité de inmigración, predijo que las medidas “dañarán a las comunidades y perjudicarán la economía”.

“Debemos asumir que el Presidente Trump va a realizar redadas en las comunidades”, dijo Lofgren. Otros apuntaron que con seguridad, Trump volverá a las redadas en centros de trabajo.

Todo esto tendrá un efecto humano y económico.

“El lenguaje de la orden es tan amplio que probablemente lleve a deportaciones sin un proceso debido”, dijo el presidente de la asamblea estatal de California, Anthony Rendón. “Nuestra industria agricultora y otros sectores económicos, así como negocios grandes y pequeños que dependen de la fuerza laboral inmigrante sufrirán las consecuencias”.

La orden incluye una intensificación de la deportación de personas que viven en el interior del país (muchas de las cuales llevan mucho tiempo aquí y tienen lazos familiares y sociales) y un aumento en 5000 agentes fronterizos. Esto lo tendrá que aprobar el Congreso, pero no extrañaría que se aprobara, dijeron observadores.

La senadora federal Kamala Harris dijo telefónicamente a La Opinion que estaba evaluando las órdenes y que haría todo lo posible por defender la integridad de la comunidad inmigrante. “Aparte de dividir familias, estas acciones dañan la seguridad nacional en vez de ayudarla”, dijo Harris.

Gobierno federal se enfrentará a gobiernos  locales, generando luchas legales y crisis de gobernabilidad.

La orden pretende quitar fondos federales a estados y ciudades definidos como “ciudades santuario”.  Implementar esta medida será más complicado de lo que parece y quizá podría llegar a ser inconstitucional, dependiendo de cómo se aplique.

Trump da la impresión de que estados y ciudades que se resisten a implementar la ley migratoria están haciendo algo ilegal, cuando la realidad es están decidiendo no usar recursos locales policiales para detener indocumentados. Sin embargo, estas no pueden impedir que los agentes federales hagan cumplir la ley migratoria.

La pregunta es si Trump puede obligarlas a hacerlo, so pena de castigos económicos.

Alex Nowrasteh, analista del Instituto CATO en Washington, dijo que para que puedan quitar fondos a las ciudades tendrían que volver a aprobar las leyes que aprobaron dichos fondos, con una explicación detallada en la ley de lo que se espera de las ciudades.

Los fondos tendrían que ver directamente con este trabajo, agregó.

“El gobierno federal no puede apropiar la autoridad de los estados, pero sí puede poner condiciones a fondos. No obstante, los fondos actuales no tienen esas condiciones”.

Mayor criminalización de las comunidades inmigrantes: el enfoque NO ES SOLO EN DELINCUENTES:

El presidente Trump empezó su campaña hablando de una “fuerza de deportación” que sacaría a los indocumentados como lo hizo la Operación Bracero de los años 50 pero luego quiso calmar los ánimos diciendo, como siempre lo hizo el gobierno de Obama, que se enfocaría solamente en  “los delincuentes y los que amenazan la seguridad nacional”.

Pero la letra de estas órdenes amplía las categorías de deportación mucho más allá de los delincuentes convictos en los que supuestamente se iba a poner prioridad, creando una línea más bien borrosa que probablemente lleve a más deportaciones de todo tipo de inmigrantes.

Las prioridades establecidas por las órdenes son: extranjeros convictos de cualquier ofensa criminal, extranjeros que han sido ACUSADOS de una ofensa criminal, aún sin ser convictos, extranjeros que hayan cometido actos que “pudieran ser un delito”, quienes hayan cometido fraude migratorio o gubernamental.

Otra cláusula de la orden indica que extranjeros que hayan entrado con visa y se hayan quedado o violado términos de las mismas “representan una amenaza significativa a la seguridad nacional”, poniendo una red aún más amplia que podría esencialmente incluir a la mayoría de los indocumentados en el país.

El líder del senado de California Kevin De León, dijo este miércoles que esto abriría paso a la detención y deportación sumaria de personas que hayan usado cualquier tipo de documento falso.

Más centros de detención privados y más inmigrantes detenidos

Las órdenes contemplan la construcción de más centros de detención cerca de la frontera, probablemente en manos privadas, que ya han sido cuestionados por muchos años por falta de transparencia y violaciones a los derechos civiles de los detenidos.

Brent Wilkes, Presidente de la organización LULAC, dijo que esto afectaría desproporcionadamente a las mujeres y niños que están llegando principalmente de América Central, ya que se combinaría con una nueva actitud de “combatir los fraudes de asilo”.

Las órdenes podrían significar una actitud aún más negativa hacia los menores y familias centroamericanas que vienen por la frontera pidiendo asilo, aunque las organizaciones de la zona ya han denunciado que muchos están siendo rechazados antes de tener oportunidad de presentar su solicitud.

“Creo que diseminar el mito de que hay un abundante fraude en solicitudes de asilo puede endurecer más aún la situación para estas familias”, dijo Vicki Gaubeca, directora del Centro de Derechos Fronterizos de la ACLU Nuevo México.

Eliminaría la privacidad de datos de personas que no sean ciudadanos o residentes legales en agencias federales

El alcance de esta medida es impredecible por el momento, pero parece indicar que cualquier persona con otro estatus o sin estatus migratorio no podrá contar con los servicios de agencias federales sin ver sus datos personales utilizados en forma insospechada.