El multimillonario caso latino de corrupción que llegó a EEUU

Para Jorge Otoya, la hemerografía jamás había sido tan importante. Lo demuestra con las decenas de recortes de periódicos o fotocopias de éstos que carga en su portafolio sobre su caso en Perú; aquel que lo dejó prácticamente en la ruina.

Este capellán que colabora en servicios religiosos con la Policía (NYPD) y la Alcaldía neoyorquina era un destacado empresario en Chimbote, una pequeña ciudad costera del departamento de Áncash con poco más de 300,000 habitantes,  que se dedicaba a la extracción de piedra caliza.

Un día, el 21 de enero de 1998, para ser exactos, firmó un contrato con la Empresa Siderúrgica del Perú S.A. de C.V. por 2,124,000 dólares que parecía la mejor oportunidad de su vida, pero terminó dejándolo sin empresa y casi sin esperanzas financieras.

Su historia suena única, pero no lo es, ya que forma parte de las decenas de empresarios que fueron presionados para otorgar contratos a bajo costo, debido a una red de corrupción a distintos niveles de gobierno, liderada por ese monstruo multinacional brasileño llamado Odebrecht.

Ahora, la Oficina de Anticorrupción Internacional del FBI y el Departamento de Justicia podrían ser piezas clave en la investigación sobre corrupción en Perú, pues tienen en su poder un reporte del Congreso de esa nación que detalla la red que afectó a decenas de empresarios y civiles y ha costado la muerte a un número aún indeterminados de personas.

El documento, del que este diario tiene una copia, fue entregado por Otoya hace casi un mes a tres miembros del Buró y del DOJ (por sus siglas inglés) en Nueva York.

Por razones de seguridad y el proceso de las indagatorias, no se revelan los nombres del investigador y las asistentes de la Fiscalía que recibieron el documento terminado en junio de 2016 por una Comisión Especial del Congreso peruano e impulsado por el representante Juan Pari, además del historial de las denuncias interpuestas por Otoya en Perú.

“Estoy ajuntando documentos de la denuncia, pruebas de denuncias hechas ante el Congreso de la República del Perú y a su vez denuncia que fue paralizada por la corrupción de tres gobiernos en el poder judicial y en todos los ambientes sociales, políticos y fiscales”, indica una carta entregada a  al personal estadounidense.

El caso Odebrecht, destapado por Secretaría de Estado de los Estados Unidos, reveló una red de corrupción que entregó sobornos por casi 800 millones de dólares para otorgar contratos a conveniencia en 10 países de América Latina, además de Angola y Mozambique.

Perú es una de esas naciones, donde la red estaba integrada por funcionarios, congresistas, empresarios y hasta periodistas, como lo revelaron las primeras detenciones, y el gobierno de EEUU hizo público el pago por más de 29 millones de dólares para realizar obras que causaron pérdidas estimadas, hasta ahora, en 15,000 millones de dólares, a diversas empresas, incluyendo EIRLTDA, propiedad de Otoya. El caso conocido como Lavajato se investiga desde Brasil y ha ligado hasta a expresidentes, como Alejandro Toledo (2001-2006), quien será detenido durante 18 meses por presuntamente recibir sobornos de Odebrech; así como Ollante Humala, quien gobernó de 2011 a 2016, y su esposa Nadien Heredia, por el llamado “Programa OH”, relacionado a proyectos millonarios de infraestructura.

“En el Perú, en un solo banco (BCP), una sola empresa del grupo Odebrecht, tuvo movimientos superiores a los 15 mil millones de dólares, entre el 2005 y el 2016. Cifra que duplicaría los montos recibidos oficialmente del Estado peruano. Por su parte, los montos recibidos del Estado peruano incluyen sobrevaloraciones que en algunos casos sobrepasan el 400%”, afirma Pari, congresista peruano que hasta julio de 2016 era parte de la bancada “Dignidad y Democracia” del Congreso andino.

El reporte de 650 páginas, integrado por siete títulos o capítulos, fue elaborado por una comisión de nombre muy extenso, pero que apunta a las empresas implicadas y las causas por las que son indagadas: “Comisión investigadora encargada de investigar el pago de presuntas coimas a funcionarios peruanos por parte de empresas brasileñas Odedecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez, Queiros Galvao y otras, desde el inicio de sus actividades hasta la fecha, por cualquier forma de contrato con el Estado peruano”.

Los principales proyectos donde se gestionaron obras a modo a cambio de sobornos o coimas, como se les llama en Perú y cuya palabra aparece 697 veces en el documento, son la Carretera Interoceánica Norte y Sur, Proyecto Olmos, la Línea 1 del Tren Eléctrico, Línea Amarilla o Vía Parque Rimac, Proyecto Hidroenergético Alto Piura, Gaseoducto del Sur Peruano, Planta de Tratamiento de Huachipa, Proyecto Carretera de Huaylas-Chacas-San Luis, principalmente, aunque hay otros proyectos y empresas que han sido afectadas, como la de Otoya, reconoce el propio Pari.

“El Poder Judicial del Perú debería hacer una revisión selectiva de los casos en que hay indicios de corrupción de magistrados y jueces. En Áncash la corrupción en el Poder Judicial y el Ministerio Público fue, y acaso sigue siendo, endémica. Como el caso de Otoya, hay cientos de casos de empresarios que fueron proveedores de las empresas brasileñas que impunemente dejaron de cumplir con los pagos contratados originando la quiebra de dichos empresarios”, expuso Pari en entrevista vía correo electrónico, acordada así por teléfono, desde el Perú.

Indica que hay decenas de afectados similares y señala el caso del empresario arequipeño Jorge Fernández, especializado en voladura de rocas.

¿Por qué este informe no ha sido efectivo en Perú? Pari, quien presidió la Comisión que realizó la investigación y redactó el documento, señala que el informe fue entregado al Ministerio Público y a la Procuraduría Anti Corrupción de ese país en julio de 2016, pero Odedrecht había influido para detenerlo. En esa nación algunos medios destacaron la entrega del documento.

“Se ha conocido una expresión de un Ministro de Justicia en el Perú, en el sentido que Odebrecht ‘es el dueño del Perú’, pone y quita presidentes. Parece que no solo presidentes. El largo brazo de la corrupción se ha preocupado de corromper también a los sistemas de control y de justicia. El hasta hace poco representante de Odebrecht en el Perú y Latinoamérica, Jorge Simoes Barata, ha declarado que en las oficinas de Odebrecht existía una ‘sala SUNAT’ (responsable de recaudar impuestos), con personal del administrador tributario del Perú”, indicó el excongresista.

Son tres las principales conclusiones del informe:

• La red liderada por funcionarios de Odebrecht creó una especie de “cártel”, una organización delictiva que monopolizaba las contrataciones con Petrobas, y obtenía ingresos ilícitos que luego eran “lavados” a nivel internacional.
• Esas empresas trasladaron sus operaciones al Perú, convirtiendo al Estado en su contratante, perjudicando al erario público, creando una especie de paraíso tributario-financiero.
• Los proyectos fueron establecidos a largo plazo, desde los años noventa, pero intensificado a partir del 2003.

¿Cómo afectaron al erario?

• Las empresas confabuladas con el Estado ofrecían dinero para obtener las obras.
• Los empresarios recibían recursos públicos para concluir los proyectos, todos a sobreprecio.
• El plan operaba en los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal.

Hay un asunto curioso sobre el informe: no está publicado en la página oficial del Congreso de Perú, ni siquiera como parte de sus archivos históricos. Pari dice que los administradores de la web no quisieron publicarlo y fue colgado en el servidor de un grupo de periodistas independientes que ha seguido el caso.

Se intentó contactar al Congreso y saber, oficialmente, por qué ese informe no estaba en línea. Nadie dio respuesta, ¡ni siquiera por Facebook!, que tan de moda en está. Sin embargo, a través de la consulta de un experto en programación y alojamiento en internet se confirmó, desde México, que el sitio donde está alojado, en una carpeta exclusiva y sin acceso a otras áreas del servidor, el informe pertenece a “Empresa Editora El Comercio”.

La investigación del Departamento de Estado desató una cacería que, al menos en Perú, ha llevado a la detención de exfuncionarios de alto nivel como Edwin Luyo Barrientos, quien fuera ministro de Comunicaciones y Transportes durante el gobierno de Alan García (2006-2011), personaje clave para desatar una cascada de nombres de más implicados.

¿Y qué pueden hacer el FBI y el Departamento de Justicia de EEUU?

Al integrar los documentos a las investigaciones que esas áreas realizan, indica Otoya, se permitiría seguir los casos incluso en cortes norteamericanas, pues varios de los afectados, como él, no confían en la autoridad peruana.

Uno de los bancos en EEUU, Standard Chartered Bank,  al que se le menciona 19 veces en el informe, fue cuestionado sobre el reporte y las transacciones de hasta 1,000,000 de dólares, realizadas por las empresas Odebrecht Participacoes e Invemestimentos SA y Constructora Norberto Odebrecht, principalmente.

Un elemento clave para concretar las transacciones financieras fue la triangulación de transferencias. El reporte describe varias, pero habría que mencionar una de Standard Chartered Bank para dimensionar.

“El 21 de mayo de 2007, Constructora Internacional del Sur SAC ordenó la transferencia de US$ 115,950 a favor de Constructora Área SAC desde una cuenta en el Multi Credit Bank Inc. de Panamá, el motivo de la remesa señaló ―Pagamento Referente a Servicios de Construcao Civil; la transferencia fue realizada a través del Standard Chartered Bank de New York- Estados Unidos (banco corresponsal)”, indica el reporte.

Tras compartirle parte de los documentos donde se menciona a financiera, Chris Teo, vocero de esa institución con sede en Nueva York, dijo que la compañía no haría comentarios, por ahora. El mismo reporte que aquí se cita lo tienen agentes federales de EEUU contra la corrupción, como ya se ha escrito.

En el informe también se menciona a Citi Bank, Bank of America y Scotia Bank, al primero con siete transacciones y a los otros con una cada uno.

El caso de Otoya

Este hombre luce unos lentes de alta graduación. Cuando platica con este reportero viste de negro, pulcro, pero sencillo. No se vence, le emociona hablar de su caso, a pesar de llevar casi 20 años luchando por recuperar algo de su patrimonio perdido.

“Fue un contrato por 100,000 toneladas de piedra caliza por la suma de dos millones de dólares”, cuenta.

El primer paso hacia su precipicio financiero fue la adquisición de un crédito para extraer la piedra y cumplir con su contrato. “Saco un préstamo al Banco Continental del Perú y ellos me prestan el dinero para hacer las inversiones”, narra.

A partir de ahí sus clientes, representados por Pierre Oliver Gayoso Mejía, comenzaron a poner “peros” sobre cualquier cosa con tal de no cumplir el contrato; mejor aún, con tal de pagar mucho menos.

“Ellos, por el monopolio que tenían, comienzan a bajarme el precio, te pago 15, dólares, 14, siete dólares… yo les decía: mi mineral está bueno, vamos a analizarlo”, continúa.

No aceptaron hacer los análisis, dice Otoya, y comenzaron a solicitarle órdenes separadas del contrato original hasta que lo cancelaron unilateralmente. Ahí fue donde comenzó la peor parte de su pesadilla.

En 2015, parecía que las cosas tomarían un mejor rumbo para Otoya, pues en el Centro de Conciliación Extrajudicial “Tak Kuya” se intentó un acuerdo donde Pierre Oliver Gayoso Mejía y su abogado Christian Keith Ruiz Castañeda –consta en documentos en poder de este diario– desecharon realizar un acuerdo, es decir, no pagar un solo dólar. El empresario casi vio ahí desvanecer su última esperanza. Casi.

Él tiene mucha fe. La ejerce como capellán, de acuerdo a los reconocimientos recibidos por de la Alcaldía de Nueva York, firmada por el demócrata Bill de Blasio, y por miembros del Senado del estado, como Rubén Díaz, del Distrito 32. Vive en la ciudad de los rascacielos tras años en Florida, a donde llegó con sus papeles migratorios en regla.

Cuando el Departamento de Estado de los EEUU abrió el caso de Odebrecht, Otoya, otros empresarios y ciudadanos a quienes les mataron familiares que se negaron a dar coimas o denunciaron los hechos –como  a Fiorela Nollasco,  quien está dispuesta a declarar ante cortes estadounidenses si eso sirviera para resolver el homicidio de su padre que ha sido ampliamente cubierto por la prensa peruana–, tuvieron la esperanza de que sus casos retomaran un nuevo rumbo.

Ahora sólo les queda esperar que el FBI y el Departamento de Justicia decidan atraer éste y una cascada más, pues muchas de esas empresas operaron, como ya se dijo, utilizando bancos en los Estados Unidos, donde quizá haya miles de fraudes, pero también donde la lucha contra este delito es intensa y el precio que deberán pagar los culpables puede ser muy alto, aunque no se sabe si tanto como aquello que arrebataron a tantas familias y empresarios.

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