Más niñas desaparecidas en el “Corredor de la Trata” de Tlaxcala
El estado carga con la historia de familias completas dedicadas a la explotación sexual de centenares de mujeres
México – Dos adolescentes de 12 y 17 años que sobrevivieron a sus verdugos, a los violadores que las raptaron exclusivamente para abusarlas sexualmente, arrojan las primeras luces a las desapariciones constantes de jovencitas en el municipio de San Pablo del Monte en una zona geográfica conocida con el tétrico nombre de “Corredor de la trata”, en Tlaxcala.
En los últimos 14 meses, San Pablo del Monte registra 10 casos como punta del iceberg de un problema mayúsculo sin resolver en diversas entidades.
Ubicado en el corazón del país, a unos 120 kilómetros de la capital mexicana, el estado carga con la historia de familias completas dedicadas a la explotación sexual de centenares de mujeres.
El caso más relevante data de hace al menos una década cuando la policía de Nueva York detuvo a una banda de padres, madres, primos y tíos oriundos de la localidad de Tenancingo que traficaban con chicas desde la Ciudad de México. Todavía uno de ellos sigue prófugo y todavía hay sospechas de que podrían estar involucrados en otros tráficos hacia Asia, Europa y Estados Unidos.
“Es la misma red en diferentes células familiares que sigue operando”, advirtió David Peña, de la organización civil Grupo de Acción tras una conferencia de prensa donde estuvieron presentes algunas madres de víctimas.
El común denominador, según la abogada Miriam Pascual, de la organización civil Red Retoño, no es otra cosa que la “impunidad” que deriva de la falta de actuación sistemática de la Procuraduría de Justicia del Estado de Tlaxcala. “Simplemente no levantan un acta ante el ministerio público y desaparecen las evidencias”.
“Las autoridades no levantan una denuncia o carpeta de investigación ante el ministerio público, sólo una acta administrativa para manipular las cifras de desapariciones ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública y así sólo Tlaxcala reconce un caso”, agrega Peña.
El padrón de conducta que observan los activistas deriva de los más recientes testimonios de dos sobrevivientes violadas (Sandra Xahuantila, de 12 años, y Sarahí Tezmol, de 17) y la única desparecida que reconoce el estado con una averiguación públia: Karla Romero Tezmol.
“Y seguimos sin saber de Karla”, concluye la madre durante la conferencia de prensa en la que exhibieron los viacrucis de cada una de las familias para ser atendidos por la policía ministerial, primero; luego, al empujarlas a investigar por su propia cuenta y finalmente para no tener justicia con muchos agravios en medio.
Yolanda Salas, madre de Sarahí, narró por ejemplo, cómo uno de los médicos intimidó a su hija para que no se hiciera la prueba de agresión sexual. “Vengo a darle jalones a su hija”, dijo delante de la muchacha que recientemente había sido violentada en un descampado.
Elia Corona, madre de Sandra, precisó que en su caso que encontraron pronto a la niña por ayuda de vecinos que comenzaron a buscarla rápidamente. “Los policías sólo se quedaron parados, haciendo preguntas”.
Para frenar esta situación, las organizaciones civiles denunciantes solicitan al gobernador del estado una unidad especializada de investigación de los delitos de trata de personas, feminicidio, homicidios dolosos y desaparición de niñas y mujeres así como la sanción a los funcionarios que se han negado a investigar.
