Tribunal Supremo rechaza escuchar caso de solicitantes de asilo
La decisión afecta de inmediato a 28 madres y sus 33 hijos de Guatemala, Honduras y El Salvador
WASHINGTON.- El Tribunal Supremo rechazó este lunes escuchar la apelación del caso de decenas de solicitantes de asilo centroamericanos que afrontan la deportación “expedita” o agilizada, asestando un duro golpe a inmigrantes indocumentados en situaciones similares.
La decisión afecta de inmediato a 28 madres y sus 33 hijos de Guatemala, Honduras y El Salvador, que entraron ilegalmente por Texas en 2015, y fueron puestos en vías de deportación “expedita” al no convencer a las autoridades de que sus vidas corrían peligro.
La decisión del Tribunal Supremo cierra la puerta a más acciones legales para estas familias, y coincidió con el estreno del juez vitalicio Neil Gorsuch en el estrado esta semana, aunque éste no participó en el caso.
De esta forma, la máxima corte del país dejó en pie un dictamen del tribunal del Tercer Circuito de Apelaciones, en Filadelfia (Pensilvania), que argumentó que estos inmigrantes no tenían derecho a una revisión judicial de sus peticiones de asilo.
Esto supone un revés para la comunidad inmigrante, porque el gobierno federal podrá continuar negando a solicitantes de asilo en vías de deportación la oportunidad de impugnar su expulsión de EEUU ante un tribunal federal.
En este caso contra el gobierno, presentado por la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU) durante la Administración Obama, los solicitantes de asilo argumentaron que en sus países fueron víctimas de actos de violencia de género, ataques sexuales, y de las pandillas, y que tenían derecho a defender su caso en un tribunal federal.
Pero en agosto pasado, el Tercer Circuito de Apelaciones dijo que el Congreso, de acuerdo con la Constitución, puede denegar una revisión judicial para estas familias porque, al igual que otros inmigrantes indocumentados detenidos en la frontera, no tienen derecho constitucional a una revisión si se les niega la entrada al país.
Además, el gobierno argumentó que estas familias se entrevistaron con un juez de Inmigración, que determinó que no habían establecido “un miedo creíble de persecución”.
Inminente deportación
Según confirmó ACLU, en la actualidad, doce de las familias involucradas en el caso siguen en un centro de detención en el Condado Berks, en Pensilvania, el resto quedó en libertad pero bajo supervisión judicial, y “todas afrontan una inminente deportación”.
En declaraciones a este diario, Lee Gelernt, el abogado de ACLU que representó a las familias, dijo que, tomando en cuenta los riesgos que éstas afrontan, lo correcto es que el gobierno las ponga en libertad y revise sus casos.
“Esto es un golpe devastador para estas mujeres y niños, que ahora afrontan la posibilidad de ser regresados a la situación de abuso y peligro de la que escaparon. El gobierno está a tiempo de hacer lo correcto, poniéndolas en libertad y dándoles una nueva y justa audiencia”, afirmó Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU.
Según los documentos presentados en el tribunal, la salvadoreña Rosa Elida Castro, principal demandante en el caso, dijo que escapó de su país huyendo del abuso físico, sexual y emocional que durante años sufrió a manos del padre de su hijo. Mientras, la hondureña Lesly Cruz, dijo que quería proteger a su hija de la violencia de las pandillas.
Consecuencias mortales
El desenlace de este caso tendrá graves repercusiones para otros inmigrantes que han solicitado asilo y se encuentren en procesos de deportación “expedita”, o agilizada, afirmaron activistas.
En declaraciones a este diario, Katie Shepherd, analista del American Immigration Council, dijo que la decisión de hoy “es como una sentencia de muerte para estas familias, cuya deportación ahora es inminente… la decisión del Tribunal Supremo contraviene nuestro largo legado de dar un refugio seguro a quienes lo necesitan, y el derecho constitucional a impugnar la orden de deportación”.
Margaret Huang, directora ejecutiva de Amnistía Internacional USA, argumentó que, además, EEUU está incumpliendo una obligación internacional con personas que huyen de la violencia.
“EEUU tiene una obligación internacional de dar a los solicitantes de asilo una audiencia justa. No deben ser deportados o seguir detenidos, sino que un juez de Inmigración debe escuchar sus casos”, dijo Huang en un comunicado.
“Las familias que huyen del peligro y no suponen una amenaza para nadie no deberían ser tratadas como criminales. Ellas merecen justicia”, puntualizó Huang.
Deportaciones sin pausa ante un juez
Por órdenes del presidente Donald Trump, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está expandiendo el proceso de “deportación expedita”, que permite la expulsión casi inmediata de inmigrantes indocumentados sin pasar primero ante un juez.
Ese proceso ha estado vigente desde 1996, pero sólo se había aplicado para personas detenidas dentro de un área de 100 millas de la frontera sur y que habían entrado ilegalmente en las dos semanas previas.
Con la orden ejecutiva que firmó Trump el pasado 25 de enero, sin embargo, ese proceso se aplicará a nivel nacional y para todo inmigrante que haya entrado a EEUU de forma ilegal en los últimos dos años.
El DHS ha justificado esa expansión como una forma de aliviar la montaña de casos atascados en los tribunales de Inmigración.
Sin embargo, los activistas y expertos legales advierten de que esa ampliación, sumada a la decisión del Tribunal Supremo, incrementa el riesgo de que ciertos solicitantes de asilo terminen en la “vía rápida” de la deportación.
“Esto es algo desgarrador para las madres y niños que encima han afrontado una detención prolongada para luchar por su derecho a un proceso de asilo justo. La deportación expedita ha creado enormes violaciones a los derechos de los inmigrantes, porque efectivamente es una “vía rápida” hacia el peligro del que escapan”, dijo a este diario Mary Small, directora de política de “Detention Watch Network”.
