La campaña anti-Trump señala a empresas que apoyan su política

La protesta popular contra las políticas antiinmigrantes y antitrabajadores de Donald Trump se amplía y desde ayer ha empezado a tener en su objetivo a empresas que hacen posible su agenda con sus inversiones o alineándose con la Administración.

El Center for Popular Democracy y Make the Road New York han lanzado una campaña contra nueve empresas entre las que están JP Morgan Chase, Wells Fargo, Disney, Goldman Sachs, IBM, Uber, Blackstone y Boeing. Algunas están en la lista por hacer donaciones a la inauguración de la actual presidencia o estrechar relaciones con la Administración. Otras por ser inversores en las empresas que construyen y operan cárceles privadas para inmigrantes.

En www.backersofhate.org estas organizaciones llaman la atención a estas compañías por lucrarse con las políticas de Trump y les piden dejar de hacerlo. “Queremos que su influencia no se utilice para permitir acciones que van contra trabajadores e inmigrantes”, explicaban el jueves en conferencia telefónica los organizadores.

Sulma Arias, de Fair Immigration Reform Movement, decía  que la Administración “tiene la intención de construir una gran maquinaria inmigratoria”. “Es el momento de tomar posiciones, y esto va por políticos y empresas, estas deben ser responsables”.

Las acciones irán aumentando progresivamente en 30 estados y comenzarán formalmente el 1 de mayo coincidiendo con las más de 200 acciones pro trabajadores y pro inmigración en el país.

Además de este señalamiento público, habrá manifestaciones directas en las oficinas de estas empresas, mensajes electrónicos que a través de la web se podrán mandar a los ejecutivos de estas compañías (similares a los que los ciudadanos mandan a sus representantes en el Congreso) y miembros de sus consejos de administración.

Es una estrategia que se ha visto validada por la oposición que se están encontrando muchos congresistas republicanos en sus distritos cuando se reúnen en town halls en los que se han oído recriminaciones por alinearse con la Casa Blanca en cuestiones como el cambio del Obamacare.

Ana María Archilla, codirectora ejecutiva del Center for Popular Democracy, explicaba que el boicot a las empresas se contempla como una herramienta que se podría usar aunque no se ha hecho un llamamiento a su uso en este momento.

“Tienen que saber que nos mantenemos vigilantes y que su imagen de marca es vulnerable”, explicaba Matt Nelson, director ejecutivo de Presente.

A partir del 8 de mayo se va a empezar una campaña municipal para animar a las ciudades y estados a revisar sus acuerdos con las empresas señaladas y las acciones se mantendrán hasta que se apruebe el presupuesto federal a lo largo del verano. Una de las preocupaciones en ese proceso, es la construcción del muro. Nikki Fortunato, de Partnership for Working Families, recordaba que Trump se comprometió a poner en marcha proyectos de infraestructura “y el único plan que tiene es un muro”. “Hemos mandado cartas a contratistas para que se comprometan a no participar”, explicaba. Algunos ya lo han hecho.