Sistema de deportación expedita pone trabas a mujeres y niños que solicitan asilo

El sistema de deportación expedita, acompañada en muchos casos de detención obligatoria que desde 2014 el gobierno de Estados  Unidos ha impuesto a decenas de miles de solicitantes de asilo, ha dificultado el proceso para estas familias, formadas principalmente por madres e hijos menores de edad, según un reporte publicado este martes.

“Los peligros de la deportación expedita” , análisis del American Immigration Council, contiene las observaciones de docenas de abogados que han trabajado directamente con estas madres en el Centro de Detención Familiar en Dilley, Texas, para asistirlas en sus casos legales.

El Centro Familiar de Dilley tiene capacidad para 2400 personas y está diseñado especialmente para detener a familias inmigrantes, normalmente mujeres que llegan con sus hijos menores de edad provenientes de Mexico, América Central, y cada vez más Brasil, Cuba y Haití.

Es el centro familiar más grande del país y aunque estos migrantes no tienen derecho a un abogado bajo la ley de Estados Unidos,  muchos reciben ayuda legal gracias a voluntarios y a un pequeño equipo permanente de profesionales que trabajan con ellos para representar sus casos.

Kathryn Shepherd,  practicante legal  e investigadora para el American Immigration Council, dijo que el tipo de sistema que se les aplica a estas mujeres que piden asilo en la  frontera no las ayuda a estar en las mejores condiciones para pelear sus casos.

“Muchas de ellas vienen traumadas por la violencia que han vivido en sus países y se les dificulta hablar de sus casos”, dijo Shepherd. “A menudo vienen con problemas médicos, o hablan lenguas para las cuales no hay traductores en esos centros, han sido separadas de otros miembros de su familia y son obligadas a navegar un sistema ya de por sí complicado, y hacerlo privadas de su libertad”.

El sistema en cuestión existe desde hace tiempo, pero antes del auge en el número de refugiadas ocurrido a partir de 2014, el gobierno estadounidense ha hecho más estrictas las condiciones, encarcelando a miles de ellas y obligándolas a buscar ayuda en un sistema que está diseñado para procesarlas y deportarlas con rapidez.

El estudio incluye las voces de varias de estas solicitantes de asilo, que ilustran la problemática que viven dentro del centro de detención familiar de Dilley miles de estas familias.  Todos los casos allí mencionados ya han salido del centro, sea porque fueron deportadas o porque salieron bajo fianza y están peleando sus casos de asilo en los tribunales, dijo Shepherd.

Está el caso de Valeria y su hija Idalia, de 7 años de edad, una mujer de Guatemala que huyó hacia Estados Unidos después de años de abuso por parte de su pareja, ser violada por su ex compañero y luego también por un grupo de pandilleros.

A la hora de su entrevista inicial con un agente de asilo, la mujer se sintió incapaz de relatar su historia de abuso sexual, especialmente los detalles. “Me sentí incómoda diciéndole que se me hacía difícil contarle mi historia a un hombre. No podía contarle toda mi historia a un agente hombre porque sentí miedo y vergüenza. En mi cultura, cuando un hombre le hace cosas malas a la mujer, casi siempre se la culpa a ella”, dijo Valeria.

El primer paso para lograr siquiera iniciar una solicitud de asilo frente a un juez, es aprobar una entrevista con un agente de ICE que debe determinar si la persona o familia tiene un “miedo creíble” de regresar a su país.

De esa entrevista depende que se le permita a una solicitante el perseguir su caso a nivel judicial o ser deportada de regreso al país de donde vino.

Hay muchas razones por las cuales las mujeres fallan esta entrevista, entre ellas, no poder articular claramente el por qué tienen miedo o que la información que ofrezcan no sea creíble para el agente, que tiene discreción para rechazar su caso y deportarlas.

Gloria, otra guatemalteca de 26 años, escapó de su país con su hija de 6 años después de meses de extorsión y demandas de miembros de la pandilla M-18, que culminaron en un traumático asalto sexual.  Gloria contó que se sentía incapaz de contar lo que le ocurrió.

“No quería recordarlo. Cuando lo cuento, siento que lo vivo de nuevo. Siento sus manos sobre mí y el temor sobre mi hija. No quiero estar ahí”, dijo la joven.

Camila, una mujer salvadoreña, escapo de su país embarazada y con su niño de 12 años. Ambos fueron secuestrados en México cuando estaban camino al norte y tras ser encerrada en una casa junto a otros migrantes, perdió el embarazo al presenciar escenas de violencia y tortura en ese lugar.

“Prácticamente ahogaban a la gente en unos barriles de agua y usaban una cuerda para sofocarlos”, contó Camila. “En diciembre tuve un aborto del horrible miedo que pasé”.

El trauma sicológico, los problemas de salud, la separación familiar y la complejidad del proceso legal crean barreras muy difíciles de cruzar para estas familias, concluye el reporte, que sugiere la necesidad de mayor asistencia legal y un proceso legal más justo.

“Necesitamos un sistema que asegure que la población detenida tenga acceso a un abogado y si es posible, que las madres y niños no sean detenidos sino liberados con una orden de aparecer ante un tribunal”, dijo Sheperd.