La Mara Salvatrucha regresa con violencia a México

MÉXICO – Una calurosa tarde del 28 de octubre pasado, las autoridades de Tapachula, frontera con Guatemala, encontraron sobre las aguas del río Textuapan el cuerpo sin vida de Yanci Araceli, una muchacha de 20 años. Tenía una larga cortadura en el cuello, las extremidades maltratadas de manera tan visible que provocó la sospecha de un feminicidio.

Pero fue hasta seis meses después cuando la Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas reconoció en diversos comunicados de prensa que este delito, como muchos otros en el estado, estuvo relacionado con la presencia de grupos de pandillas de la Mara Salvatrucha (MS-13).

“Están de vuelta”, reconoció Miguel Ángel Martínez, de la división de Gendarmería de la Policía Federal. “Vienen huyendo de los operativos de sus países”, alertó Fidel Gómez, representante local de Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

Autoridades, investigadores empresarios y pobladores achacan en los últimos meses a las pandillas y, particularmente a la MS-13 y 18, la creciente violencia en Chiapas que incluye extorsiones, asaltos a mano armada, robos a comercios y el transporte, asesinatos y tráfico de droga.

En los años 90 y hasta la primera década del presente siglo las maras dieron muchos dolores de cabeza en la frontera entre México y Guatemala, sin embargo, en los últimos años se creían erradicadas hasta que nuevamente comenzaron a verse en persecuciones policíacas y fotos de prensa.

Son jóvenes tatuados en todo el cuerpo (la marca distintiva de la organización de pandillas originada en Los Ángeles en los años 80) que según un reciente estudio del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEE), cobran otra vez fuerza y presencia en México debido a una presunta asociación con los cárteles de la droga mexicanos que se han extendido a Centroamérica.

El IEE afirma que las bandas delictivas Mara Salvatrucha y Barrio 18  se unificaron con el nombre de Mara 520. “Hacen los trabajos sucios de los cárteles a cambio de que estos las ayuden a distribuir la drogas al por menor y a comercializar mercancías ilegales como vehículos de alta gama robados”.

En diversos operativos realizados en 2017, el gobierno de Chiapas ha detenido en total a poco más de 200 cabecillas de las pandillas armados hasta los dientes con pistolas y cartuchos. Todos están acusados de algún delito, desde homicidio a feminicios y hasta riñas por asuntos de faldas.

Ante este panorama, los estados vecinos del sur están en alerta. En Tabasco algunos miembros de las maras lograron penetrar y corromper hasta estructuras políticas municipales, según denunciaron algunos habitantes del municipio de Huimanguillo, que se levantaron en armas en 2014 como “autodefensas” para hacer frente a despojos de sus tierras.

El abogado Enrique Gamas, representante de más de 150 propietarios supuestamente despojados de sus tierras, acusó al “operador político” del PRD, Eurípides Cruz, de apoyarse de pandilleros maras para hacerse por la mala de propiedades.

Más al occidente, en Oaxaca, la organización civil Observatorio Ciudadano con Seguridad denunció la semana pasada que entre 30,000 y 60,000 jóvenes del estado son parte de cinco pandillas que tomaron la delincuencia en sus manos, entre ellas, la MS-13. “Si no se atiende pronto va a haber un problema incontrolable en 20 años”.