Peruana abandona “santuario” en Denver tras ser postergada su deportación

Ingrid Encalada Latorre, una inmigrante peruana que desde noviembre pasado había buscado refugio en una iglesia de Denver, Colorado, anunció logró que las autoridades migratorias aplazaran su proceso de deportación.

En rueda de prensa frente a la iglesia Mountain View Friends Meeting, donde ella y su pequeño hijo estuvieron refugiados los últimos seis meses, Ingrid Encalada Latorre indicó que tomó la decisión tras sentirse segura que no será arrestada cuando se presente a su próxima audiencia de inmigración, en julio próximo.

Agregó que apreciaba la oportunidad de poder continuar su caso legal desde su hogar, a la vez que pidió que se reconozca su “completa humanidad”.

La decisión de Encalada de salir de la iglesia convierte a cero el número de inmigrantes en “santuario” en templos de Denver.

Las otras dos personas que estuvieron en esa situación, Arturo Hernández García y Jeanette Vizguerra, ambos mexicanos, abandonaron sus refugios la semana pasada y de hecho estuvieron presentes en el momento en que Encalada y su familia dejaban la iglesia la tarde del sábado.

El abogado Jeff Joseph, representante de la inmigrante peruana, explicó que se llegó a un acuerdo con la oficina local del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos para que se le concediese a Encalada una “aplazamiento temporal de su deportación” hasta el 7 de agosto.

“Ese es el tiempo necesario para presentar ante la corte una moción de asesoría legal no efectiva hasta que el caso llegue a su conclusión. El acuerdo ofrece un equilibrio apropiado entre los deberes de ICE de hacer cumplir las leyes inmigratorias y los derechos constitucionales de Ingrid a un proceso justo”, puntualizó Joseph.

La “asesoría legal no efectiva” habría sido provista a Encalada en 2010, cuando un abogado que la representaba en ese momento no le advirtió que declararse culpable de usar documentos de otra persona para obtener trabajo eventualmente podría afectar sus trámites migratorios.

Incluso, según la información provista, aquel abogado le habría dicho que admitir la culpabilidad, pagar una multa y cumplir con cuatro años y medio de libertad condicional no afectarían su caso.

Joseph argumenta que ese “pobre consejo legal” llevó a Encalada a declararse culpable de un delito y recién en 2016 Encalada comprendió las consecuencias de aquella decisión cuando un juez de inmigración le explicó que la orden deportación se basada en haber admitido aquel delito.

En julio próximo, un juez federal de inmigración determinará si la situación de 2010 merece o no reabrir el caso de Encalada, en el marco de los derechos enumerados en la Quinta Enmienda de Estados Unidos sobre protección equitativa ante la ley