Trump esconde “arma secreta” para acabar con ciudades santuario
El gobierno pretender convertir en ilegales a las ciudades santuario por no colaborar con las autoridades migratorias
Se conoció de un pequeño parágrafo incluido en el presupuesto de Donald Trump de 2018 que podría herir de muerte a las ciudades santuario.
Dentro de las 1,200 páginas del documento, el gobierno añadió disposiciones que buscan eliminar el poder de las ciudades para tomar sus propias decisiones en temas migratorios. De esta forma la propuesta de Trump busca, de forma silenciosa, reescribir una ley de 1996 que regula la cooperación local con la aplicación federal de inmigración.
La administración Trump está pidiendo al Congreso que convierta en ilegal el hecho que cualquier agente de la autoridad no cumpla “con las peticiones legales” por parte de agentes federales de inmigración. Estos “reteiners” piden que se retenga a los indocumentados hasta por 48 horas hasta que agentes de ICE tomen custodia de ellos.
Si el presupuesto es aprobado, el gobierno lograría directamente que las ciudades santuario sean ilegales.
En el presupuesto plantea modificar la sección 1371 de la constitución de la siguiente forma.
Primero se pretende una expansión absoluta de la información que puede ser compartida entre agentes locales y el gobierno federal.
Segundo, además de mantener y compartir información, se quiere que los gobiernos locales no puedan detener ni prohibir a los policías de recolectar o compartir información migratoria sobre sus detenidos con ICE.
Tercero se haría obligatorio que los gobiernos locales cumplan con todas las peticiones de detención por parte de ICE.
Y por último el presupuesto delegará la autoridad de condicionar fondos relacionados con inmigración, aplicación de la ley y seguridad nacional al poder ejecutivo.
La administración Trump, en manos del Fiscal General Jeff Sessions, ha convertido su plan de acabar con las “ciudades santuario”, por no ayudar con su política migratoria, en una prioridad de su mandato.
Sin embargo y hasta el momento no es ilegal, bajo la ley federal, rechazar una solicitud de orden de detención realizada por las autoridades migratorias. De aprobarse el presupuesto esto cambiaría radicalmente.
