Presentan queja contra jueces que “maltratan” a inmigrantes en centro de detención Stewart

Abogados de derechos civiles están presionando al gobierno de Donald Trump para que despida o al menos discipline a un juez de inmigración que atiende a migrantes detenidos en el Centro Stewart, en Lumpkin, Georgia, uno los centros más aislados y notorios del país.

Una carta enviada por el Southern Poverty Law Center, que durante varias semanas realizó un trabajo de observación de todos los procesos en las cortes migratorias, detalla diversas alegaciones contra varios jueces, en particular contra la jueza Saundra Arrington, a la que describieron como una magistrada que no despliega “la paciencia, dignidad, cortesía y profesionalismo” que establece la guía de la Oficina Executiva de Procesos Migratorios (EOIR).

La carta también menciona a otros jueces, pero Arrington es la señalada como la peor entre el grupo de cuatro jueces que ve a detenidos en Stewart, un centro de detención privado que pertenece a la compañía Core Civic (antes CCA) que se encuentra a varias horas de cualquier ciudad principal, dificultando la representacíon de los presos.

“En numerosas ocasiones hemos observado que algunos jueces, particularmente Arrington y Dan Trimble, no se aseguran de ofrecer a los detenidos el proceso debido bajo la ley y en particular, la jueza Arrington a menudo carece de paciencia, dignidad y cortesía”, explican.

En varios ejemplos mencionados, se alega que la jueza se expresa “prejuiciosamente” hacia los inmigrantes. Uno de los casos descritos ocurrió la pasada semana.

“El inmigrante explicó a la jueza que se siente estadounidense porque creció en este país”, reza la carta. “Ella lo interrumpió y le dijo, si usted realmente creyera que es estadounidense, estaría hablando en inglés y no en español”. 

En otro caso, la jueza llamó a otro inmigrante un “delincuente de larga carrera”, cuando el hombre había sido acusado pero no convicto. En otro caso, hizo una aseveración similar, contra un inmigrante cuyo historial contenía únicamente convicciones de manejar sin licencia.

Otro juez objetó y se molestó cuando un detenido pidió un traductor. La corte de inmigración no está obligada a ofrecer abogados para los inmigrantes, pero si traductores si no pueden entender los procesos.

El Southern Poverty Law Center hace poco también inició un programa de abogados “pro-bono” para ayudar a los inmigrantes detenidos en Stewart a tener defensa en sus casos, ya que el centro de detención tiene la fama de ser un “hoyo negro” en el que la mayoría pierde su caso y es deportado.

De hecho, las cifras indican que entre octubre de 2016 y junio de 2017, sólo 8.5% de los migrantes detenidos allí pudieron defenderse de la deportación, mientras que en todo el país, la cifra es del 45%. 

Los abogados observaron varios casos en los que la jueza en cuestión actuó, según ellos, injustamente.

“Apenas la pasada semana, dos abogados de nuestro equipo acudieron a presentar un complejo caso de un solicitante de asilo de Nepal“, indicaron. “A pesar que siguieron el proceso debido, anunciando que habría dos abogados en la audiencia, la jueza se negó a ello y le permitió acceso a uno sólo. Esto afectó el caso del representado”.

Algunos jueces toman sus decisiones sin “dar un razonamiento legal”, o no dan notificación de futuras audiencias, se niegan a conceder mociones de rutina que son comunes en cualquier otro tribunal o faltan en informar a los migrantes sin representación sobre la lista de organizaciones que pueden ayudarlos o el programa legal del centro de detención.

“Se trata de obligaciones que el juez tiene bajo el manual de práctica de la corte”, añaden.

La EIOR no contestó a solicitudes de información de este periódico sobre las alegaciones de SPLC contra los jueces de Stewart, pero al parecer esa agencia federal ya había iniciado “comunicaciones” con los jueces luego de quejas anteriores contra los mismos magistrados. 

La razón de la actual denuncia, señalaron portavoces de SPLC, es que desde que se iniciaron las quejas, “han seguido los problemas”.