Gobierno de Trump se opone a que joven centroamericana en refugio para menores tenga aborto
Según expertos, hasta 8 de cada 10 de estas migrantes son violadas en el camino.
El gobierno estadounidense apeló la decisión de una jueza federal que esta semana ordenó se permita tener un aborto a una menor de edad centroamericana detenida en un refugio para migrantes en Texas.
La jueza, Tanya Chutkan, dijo sentirse asombrada al revisar el caso de la joven, que previamente había obtenido permiso de un magistrado estatal para seguir adelante con un aborto, un proceso acorde con la ley de ese estado.
Amanda Bennett, portavoz de la organización Jane´s Due Process y parte del equipo que ayuda a la menor, recibió positivamente la decisión de Chutkan.
“Nos satisface que la juez reconociera el derecho de Jane Doe a realizarse el aborto que ya había sido autorizado por un juez de Texas”, dijo Bennett. “Esperamos que el tribunal de apelación también reconozca sus derechos legales y humanos”.
Pero el gobierno de Donald Trump, en voz de la agencia federal que se encarga de los menores migrantes (ORR o Agencia de Reasentamiento de Refugiados), alega que la menor, por ser indocumentada, no tiene los mínimos derechos constitucionales.
En documentos de la corte, el Departamento de Justicia, encabezado por el rábido anti inmigrante y opositor de los derechos de la mujer Jeff Sessions, alegó que el gobierno “tiene un legítimo interés en promover nacimientos y está en contra de facilitar abortos. No deseamos proveer incentivos para que menores embarazadas crucen la frontera ilegalmente para obtener acceso a un aborto”.
La joven, que llegó al país proveniente de Centroamérica cuando tenía 9 semanas de embarazo, fue arrestada hace más de un mes por las autoridades migratorias y enviada a un refugio de ORR, como manda la ley estadounidense.
Según documentos de la ACLU, al llegar al refugio, la muchacha expresó el deseo de interrumpir su embarazo, pero burócratas de ORR decidieron mandarla a un “centro de crisis del embarazo“. En dicho centro recibió consejos en contra del aborto y la forzaron a tener un ultrasonido contra su voluntad.
Brigitte Amiri, abogada del proyecto de derechos reproductivos de la ACLU dijo a La Opinión recientemente que la intervención personal de los directivos de ORR y la política de impedir la salida a la joven del refugio en el que está acogida, son algo nuevo que llegó con el actual gobierno.
“Cuando una menor migrante llegaba embarazada a uno de estos refugios y pedía un aborto, si estaba en un refugio religioso generalmente la echaban de allí y terminaba en un refugio secular”, indicó.
La única pregunta, una vez en el refugio no religioso, era si el aborto sería pagado por el gobierno federal, lo que era posible en casos de violación o incesto. El gobierno, en todo caso, proporcionaba el transporte y acceso a atención médica.
Pero todo cambió cuando Trump tomó posesión de la presidencia y un nuevo director anti aborto y anti uso de anticonceptivos, Scott Lloyd, tomó la dirección de ORR.
Amnistía Internacional calcula que 6 de cada 10 migrantes mujeres han sido violadas. Los que trabajan con estas jóvenes aseguran que el número es más elevado, hasta 8 de cada 10.
