Rosselló pide al Congreso flexibilidad fiscal en uso de fondos para Puerto Rico

WASHINGTON – El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, pidió este martes ante el Congreso flexibilidad en el uso de los US$94,400 millones que ha solicitado para los esfuerzos de reconstrucción de la isla, al rechazar que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) tenga poderes para controlar los fondos de emergencia.

Rosselló acudió a sendas audiencias en ambas cámaras del Congreso para defender su solicitud de $94,400 millones para la reconstrucción de Puerto Rico tras el paso de los huracanes “Irma” y “María”, y reafirmar su compromiso con la transparencia y rendición de cuentas en ese proceso.

Durante una audiencia ante el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, que duró tres horas, Rosselló repitió parte de su testimonio ante una audiencia similar en el Senado horas antes, en el sentido de que la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico no debería tener facultades para el manejo de los fondos de respuesta al desastre.

“La expansión de los poderes de la Junta Fiscal no puede substituir la autodeterminación del pueblo puertorriqueño… (eso) sería innecesario y perjudicial” para un gobierno elegido democráticamente, argumentó Rosselló en su testimonio escrito.

El presidente del Comité, el republicano Rob Bishop, señaló que hay “serias preocupaciones” sobre si el gobierno de la isla tiene la capacidad de “manejar adecuadamente” los fondos solicitados, e insistió en que “tiene que haber un incremento en la cooperación” entre las autoridades y la JSF.

Rosselló le contestó que acepta los controles “pero no a expensas de los derechos democráticos” de la isla.

Agregó que su gobierno ya está en discusiones con la Casa Blanca y la Oficina de Gestión de Presupuesto (OMB) para negociar los “parámetros de control” para los fondos de emergencia.

Durante el período de preguntas, Rosselló precisó que la misión de la JSF, creada el año pasado por la ley “PROMESA”  para el manejo de la crisis fiscal,  es velar por un presupuesto equilibrado, llevar a cabo los procedimientos del pago a los bonistas, y promover el acceso de Puerto Rico a los mercados.

“No tiene un papel administrativo directo” sobre los fondos de emergencia, pero “estamos tratando de colaborar con todas las partes interesadas en Puerto Rico en todos estos esfuerzos”, explicó Rosselló, al repetir su promesa de ayer de que su gobierno tendrá el “proceso más transparente” para el manejo de fondos.

Al describir los avances en la recuperación,  Rosselló dijo que Puerto Rico ya tenía antes del huracán “María” un alto nivel de desigualdades salariales, y que las zonas más afectadas incluyen 12 a 15 municipalidades en las zonas del centro y sureste del país, además de Vieques y Culebra.

El gobernador reiteró las frustraciones iniciales que tuvo con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEUU por su lenta respuesta y no cumplir con el cronograma prometido en un acuerdo del pasado 30 de septiembre para restablecer el servicio de luz eléctrica en 45 días. Ahora, las autoridades se coordinan mejor, sostienen tres reuniones al día, para agilizar las operaciones.

Se prevé que para mañana, miércoles, el tendido eléctrico esté restablecido en un 50% y, a largo plazo, una cuarta parte provenga de energía renovable.

A preguntas del legislador republicano por Louisiana, Garret Graves, sobre por qué el Congreso debe ayudar a la isla si los puertorriqueños “no pagan impuestos federales” al ingreso salarial,  Rosselló respondió que, ante todo, éstos son ciudadanos estadounidenses y se trata de un asunto de “equidad”.

Preguntado por el legislador republicano por Iowa, Raúl Labrador, sobre las medidas del gobierno para evitar el fraude, Rosselló destacó el establecimiento de una oficina para los esfuerzos de recuperación; la creación de un portal en internet con datos actualizados, y la disposición de aceptar “controles”, siempre que los esfuerzos estén encabezados por el gobierno.

En la audiencia de la Cámara Baja participó también el gobernador de las Islas Vírgenes, Kenneth Mapp, quien ha solicitado $7,500 millones para la reconstrucción de su territorio, donde apenas el 30% de la población tiene luz eléctrica.  El huracán destruyó casi todas las escuelas, salvo nueve, allí.

Rosselló compareció ante el Congreso horas después de que el Comité de Recursos Naturales de la Cámara Baja divulgase anoche varios documentos de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (PREPA, por su sigla en inglés),  que señalan que esa entidad expresó reservas respecto al contrato federal otorgado por $3 millones a la empresa “Whitefish Energy” para la reconstrucción del tendido eléctrico, que eventualmente fue cancelado por presiones políticas.

Los documentos incluyen intercambio de correos electrónicos entre PREPA, “Whitefish” y la Administración Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA), y reflejaron que el contrato fue otorgado aún cuando PREPA no lo había evaluado en su totalidad y omitió elementos recomendados por la agencia para su implementación.

El gobierno de San Juan aún no ha concluido sendas investigaciones sobre cómo y por qué fue concedido el contrato a “Whitefish”.