HRW acusa a Venezuela de abuso sistemático de presos y opositores
La organización humanitaria argumenta que persiste la impunidad por los abusos y persecución política en Venezuela
WASHINGTON—Además de reprimir a opositores, las fuerzas de seguridad en Venezuela han usado en 2017 de forma sistemática la fuerza brutal contra detenidos, torturándolos y, en algunos casos, obligándolos a ingerir alimentos contaminados con excrementos, cenizas de cigarrillos o insectos, denunció este miércoles un informe de “Human Rights Watch” (HRW).
El informe de 73 páginas, realizado junto con la organización venezolana “Foro Penal”, detalla violaciones a los derechos humanos en 88 casos sobre al menos 314 personas en Caracas y 13 estados entre abril y septiembre pasados, un periodo marcado por violentas protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la represión de los manifestantes.
El documento, titulado “Arremetida contra opositores: Brutalidad, tortura y persecución política en Venezuela”, deja en claro que la gravedad de la represión de opositores en 2017 llegó a “niveles inéditos en la historia reciente”, y que es urgente que se mantenga la presión mundial sobre el gobierno de Caracas.
Durante una rueda de prensa en Washington para detallar los hallazgos del informe, José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, dijo que no se trata de “hechos aislados” o de agentes de seguridad que actúan por cuenta propia, sino que sugieren que hay una “política de Estado”.
Por ello, pidió que se redoblen las sanciones individuales contra integrantes del gobierno implicados en los abusos, y que la comunidad internacional ejerza más presión sobre Venezuela para llevar a los responsables ante la Justicia, o que incluso puedan ser llevados ante la Corte Penal Internacional.
También expresó apoyo por las iniciativas de denuncia de EEUU, Canadá y el llamado “Grupo de Lima”, así como las propuestas de la Unión Europea para imponer sanciones, el congelamiento de visas e inversiones de funcionarios implicados en casos de abusos y corrupción.
A su lado, la autora del informe, Tamara Taraciuk, explicó que la violencia este año es “mucho peor” que en años anteriores, y ha estado dirigida también contra ciudadanos de a pie.
HRW entregará su informe el viernes próximo al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para que lo incorpore al informe que la entidad elabora contra Venezuela ante la Corte Penal Internacional.
El informe se apoyó en entrevistas a más de 120 personas, incluidas víctimas y sus familiares, abogados afiliados al Foro Penal que asistieron pro-bono a víctimas en audiencias judiciales, y médicos que atendieron a heridos durante las manifestaciones o en lugares aledaños.
Los investigadores de “HRW” evaluaron materiales que corroboraban los testimonios de las víctimas, incluidas fotografías, grabaciones de vídeo, informes médicos y sentencias judiciales, y consultaron informes y declaraciones oficiales.
En algunos casos, los agentes de seguridad detonaron bombas lacrimógenas en lugares cerrados donde había detenidos, que además estuvieron hacinados en pequeñas celdas por períodos prolongados.
Los detenidos además no tuvieron acceso a agua ni alimentos, o los agentes “los obligaron a ingerir alimentos contaminados deliberadamente con excremento, cenizas de cigarrillos o insectos”, dijo HRW.
Algunos dijeron ser víctimas de abusos físicos y psicológicos, con la presunta intención de castigarlos u obligarlos a incriminarse o a que comprometieran a otros, incluyendo a dirigentes opositores.
A juzgar por los testimonios, el objetivo de los abusos no era otro que el de castigar a personas por sus opiniones políticas, señaló el documento.
“No es nada más un líder político; no es nada más una figura pública. Es un ciudadano de a pie; fui yo”, dijo un hombre identificado por el pseudónimo de “Ernesto Martín”, quien fue detenido en su casa en abril pasado por haber criticado públicamente al gobierno.
El hombre, de 34 años, dijo que fue esposado de manos y tobillos, colgado del techo y sometido a descargas eléctricas, y la tortura tenía el objetivo de obligarlo a confesar sus supuestos vínculos con la oposición política.
Otro caso fue el de Orlando Moreno, de 26 años, quien fue arrestado el pasado 27 de junio mientras se retiraba de una manifestación, y mientras estuvo detenido, los agentes lo colgaron de un tanque de agua elevado y lo golpearon para obligarlo a grabar un video para incriminar a líderes de la oposición en el financiamiento de las protestas.
Según Alfredo Romero, director del Foro Penal, desde abril las autoridades venezolanas han detenido a al menos 5,400 personas, algunas de las cuales quedaron en libertad sin ir ante un juez, mientras que otras no tuvieron acceso al debido proceso.
Al menos 757 personas fueron juzgadas en tribunales militares por “traición a la patria”, “rebelión militar” y otros delitos, en llana violación al derecho internacional, indicó el informe.
“HRW” y el Foro Penal dijeron que no encontraron pruebas de que las autoridades en puestos clave hayan adoptado medidas para prevenir y sancionar los abusos, sino todo lo contrario: con frecuencia minimizan o niegan los abusos, dejándolos impunes.
El gobierno venezolano no ha reaccionado al informe aún, pero en el pasado ha justificado sus acciones para presuntamente aplacar las violentas protestas.
Los abusos en las calles han disminuido desde julio pasado porque ahora hay menos protestas, pero “HRW” no ve señales de que el gobierno tenga intenciones de cesar la represión de opositores o de castigar a los responsables, porque persiste la impunidad.
