Comunidad inmigrante en vilo por inminente decisión de DHS sobre “TPS”
En el Congreso replican que, si bien hay problemas de pobreza, subdesarrollo y violencia en Centroamérica, el TPS siempre ha tenido un carácter “temporal”, y no es una vía para la legalización “de facto” de estos migrantes
WASHINGTON— En menos de una semana, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunciará su decisión sobre el futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS) para cerca de 200,000 salvadoreños que, sin ese alivio migratorio, serían eventualmente deportados a un clima de violencia e incertidumbre económica.
Por ley, el DHS debe emitir una decisión 60 días antes de que se venzan los permisos del TPS, que en el caso de los salvadoreños será el próximo 9 de marzo, por lo que la agencia tiene hasta el lunes próximo para hacer el anuncio.
“Los salvadoreños somos, como pueblo, gente optimista y luchadora, pero ahora mismo nuestra comunidad tiene una mezcla de ansiedad y preocupación, esperando lo mejor pero también preparándonos para lo peor“, explicó a este diario Sulma Arias, activista del “Movimiento por una Reforma Migratoria Justa” (FIRM, por su sigla en inglés).
“Esperamos que esta Administración examine su conciencia y tome una decisión moral y justa, con apego a los principios fundacionales de este país. Como mínimo deseamos una extensión de 18 meses para prepararnos”, agregó.
Sin embargo, Arias destacó el clima de inseguridad en su país natal, que afronta una lucha campal contra las pandillas. Un familiar lejano suyo sufrió dos muertes en cuestión de cuatro meses: una hermana que fue asesinada por dos pandilleros, y su padre, que murió conmocionado por la trágica noticia.
“Cuando digo que los salvadoreños viven con una incertidumbre tremenda, no es una exageración, es la realidad que les toca bajo la Administración Trump”, puntualizó.
A través de 45 organizaciones en 33 estados, “FIRM” está organizando talleres de información y asesoría para los salvadoreños que puedan tener opciones para ajustar su estatus migratorio. La mayoría de los “tepesianos” salvadoreños están concentrados en estados como California, Texas y Florida, según Arias.
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Otros grupos pro-inmigrantes nacionales, como Alianza Américas, “America´s Voice”, y CARECEN, también mantienen la presión para que la Administración otorgue otra prórroga del “TPS” , y que el Congreso apruebe una solución legislativa permanente.
El obispo Mark Seitz, de la diócesis de El Paso (Texas), argumentó hoy, en una carta de opinión publicada por el diario “The Hill”, que El Salvador no está en condiciones para recibir una ola de deportados si el DHS cancela el “TPS”, y EEUU también sufriría enormes pérdidas debido a sus contribuciones económicas.
Antes de eliminar el “TPS”, el DHS debería también pensar en los 192,000 niños nacidos en EEUU de padres salvadoreños amparados al programa, y que sin duda sufrirán el quebranto de sus familias si éstos son deportados, aconsejó Seitz.
“¿Afrontarán estas familias la separación y el quebranto, para que sus hijos ciudadanos puedan acceder a los beneficios de una educación en EEUU? ¿O se mantendrán unidas al regresar a los países natales de sus padres, donde afrontarán una decidida falta de oportunidades y, peor aún, la extrema violencia y posible explotación?”, advirtió el obispo.
La Conferencia de Obispos Católicos de EEUU (USCCB) envió recientemente una carta a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, urgiendo una extensión del “TPS”, sumándose a las presiones que también ha venido realizando el gobierno salvadoreño.
El año pasado, el DHS ya canceló el “TPS” para unos 2,500 nicaragüenses y para unos 59,000 haitianos amparados al programa, con una demora de doce y 18 meses, respectivamente, antes de quedar expuestos a su posible deportación.
Los “tepesianos” nicaragüenses tienen plazo hasta el 5 de enero de 2019 para buscar otras vías para su legalización, y los haitianos hasta el 22 de julio de ese año.
Mientras, el DHS prevé anunciar su decisión final para unos 57,000 hondureños amparados al “TPS” el próximo 5 de julio.
El DHS nunca ha hablado con claridad respecto al futuro de los 275,000 niños nacidos en EEUU de padres amparados al “TPS”, salvo sugerir que éstos deben buscar otras formas de ajustar su estatus migratorio o conseguir la residencia permanente.
El “TPS” es un programa autorizado por el Congreso en 1990 para inmigrantes indocumentados que no pueden regresar a sus países debido a conflictos civiles, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias.
El Salvador fui incluido en el “TPS” durante la presidencia de George W. Bush a raíz de una serie de terremotos en 2001.
Los salvadoreños conforman el grupo más grande de inmigrantes amparados al “TPS”, que les permite vivir y trabajar legalmente en EEUU sin temor a la deportación, además de que pueden obtener licencias de conducir.
En noviembre pasado, el secretario de Estado, Rex Tillerson, envió una carta a la entonces secretaria interina de Seguridad Nacional, Elaine Duke, en la que sugirió al DHS la eliminación del “TPS”, por considerar que las condiciones en Haití y Centroamérica ya no justificaban una prórroga del programa migratorio.
Pero su evaluación, filtrada a la prensa, generó reacciones de rechazo de la mayoría de grupos pro-inmigrantes en EEUU, quienes afirmaron que ésta tenía matices políticos ajenos a la realidad sobre el terreno, y con el único propósito de congraciarse con los grupos que exigen “mano dura” contra los inmigrantes indocumentados.
De hecho, la carta de Tillerson está en sintonía con los esfuerzos de la Administración Trump de incluso reducir la inmigración legal en EEUU: el propio presidente Donald Trump ha insistido en los últimos días en la construcción de un muro fronterizo y la eliminación de la “lotería de visas” y las visas para la reunificación familiar, que grupos anti-inmigrantes denominan “migración en cadena”.
En el Congreso, varios aliados conservadores de la Casa Blanca replican que, si bien hay problemas de pobreza, subdesarrollo y violencia en Centroamérica, el “TPS” siempre ha tenido un carácter “temporal”, y no es una vía para la legalización “de facto” de estos migrantes.
Varios líderes demócratas han propuesto medidas para la legalización de los “tepesianos”, pero ninguna ha sido sometida a debate o voto.
