Migrante perdió su embarazo tras presuntos abusos de la Patrulla Fronteriza y aún sigue presa

Tres días antes de navidad, la Patrulla Fronteriza arrestó a los salvadoreños Rubia Morales Alfaro y su esposo Miguel Ángel Hernández caminando cerca de la costa de California tras cruzar la frontera desde Tijuana.

Morales Alfaro alega que los agentes los llevaron a un vehículo y que uno de ellos, una mujer, le gritaba y la empujaba al tiempo que ella les decía que tenía miedo de regresar a su país y que estaba embarazada de 2 meses.

“Le dije que estaba embarazada varias veces, a lo que ella respondió: “Ese es tu problema, no el mío”, procediendo a tomarla por el pelo, tirarla al suelo y patearla en la espalda, según un testimonio escrito entregado a La Opinión por activistas de Grassroots Leadership, una organización que aboga por estos inmigrantes.

La pareja fue separada y ella, enviada al Centro de Detención de Otay Mesa, donde el mismo día de navidad le tomaron muestras de orina para hacerle un examen. Durante días después de su arresto, la joven reportó dolor abdominal, dolores de cabeza y debilidad.

“Pedí atención médica y me dijeron que el dolor era normal”, dijo Rubia en su declaración. “Seis veces me vieron y me dijeron que no tenía dolor de nivel 10 y que si no estaba sangrando todo estaba bien”.

El día 10 de enero, la mujer amaneció sangrando y finalmente fue enviada a un hospital, donde le dijeron que había perdido el bebé.

Rubia Morales atribuye su embarazo al maltrato recibido el día de su arresto y a la falta de atención médica durante los días en que se quejó de malestar, un caso que ilustra el problema de detener a migrantes embarazadas que por mucho tiempo ha estado en la mira de organizaciones de derechos humanos.

Este es uno de los casos más recientes, pero está lejos de ser el único, dijeron activistas.

“Mujeres embarazadas que buscan asilo en Estados Unidos están siendo detenidas sin necesidad y recibiendo insuficiente o inadecuada atención médica“, dijo a La Opinión Katharina Obser, asesora de derechos de migrantes de la Comisión de Mujeres para Refugiados.

“Esta situación es totalmente inconsistente con la política interna de la Agencia de Inmigración y Aduanas y el Departamento de Seguridad Nacional, que desde agosto de 2016 indica que las embarazadas no deben estar detenidas en la medida de lo posible”, dijo Obser.

La Comisión fue una de las organizaciones, junto con la Unión de Libertades Civiles Americanas (ACLU), que presentó una queja formal el pasado septiembre a los organismos pertinentes, incluyendo la Oficina de Derechos Civiles de DHS, alegando que ICE está incumpliendo su propia política y arrestando cada vez más a mujeres embarazadas.

Por medio de dicha política, ICE ordenó a sus oficinas locales en todo el país para que manejen los casos de mujeres embarazadas con especial cuidado. Entre otras cosas, la política establece que las mujeres embarazadas solo deben ser detenidas si están sujetas al requisito legal de la detención obligatoria o si existen “circunstancias extraordinarias”.

También se supone que deben garantizar que las mujeres embarazadas reciban atención prenatal adecuada y que su estado de salud y detención se controle semanalmente.

Pero, indicó Obser, el caso de Rubia y otros  casos, como los diez descritos en la queja formal mencionada, indican que ICE no está siguiendo su propia regla.

“Estamos muy preocupados no sólo por lo que sigue ocurriendo en los centros de detención, el riesgo de mantener encerradas a mujeres embarazadas y también por el trato que por lo visto están recibiendo a manos de los agentes fronterizos que las arrestan”, dijo Obser.

La cantidad de mujeres embarazadas detenidas aumentó bajo el actual gobierno del presidente Donald J. Trump. El arresto de mujeres embarazadas aumentó en un 35% durante los primeros cuatro meses de 2017, en comparación al año 2016.

En noviembre, 70 congresistas de los Estados Unidos enviaron una carta a la entonces secretaria interina de3 DHS, Elaine Duke, pidiendo aclaraciones sobre la política y una confirmación clara de cuál es la política actual.

La Administración Trump sigue sin aclararlo y portavoces de DHS no respondieron a las solicitudes de información al respecto.

Esta misma semana, el senador de Delaware Chris Coons le hizo preguntas al respecto a la nueva secretaria de DHS, Kristen Nielsen durante su testimonio en una audiencia del Comité Judicial del senado de Estados Unidos el pasado martes.

Preguntada sobre el número de embarazadas bajo custodia de ICE y sobre el tipo de atención médica que están recibiendo, Nielsen respondió que “en muchos casos, se trata de mujeres bajo custodia del departamento de Salud y Servicios Sociales” y pareció indicar que la directiva del anterior gobierno sigue en pie.

Entretanto, tras perder su bebé, Rubia sigue presa y separada de su marido, que fue enviado a un centro de detención de Arizona y abogados de la organización Al Otro Lado, de San Diego, están trabajando en una solicitud de libertad para la mujer.

“La señora Morales Alfaro aprobó su entrevista de miedo creíble y tiene una hermana en Estados Unidos que está dispuesta a patrocinarla”, dijo en un comunicado la organización Grassroots Leadership. “Exigimos que ICE la libere de inmediato para asegurar que tiene los cuidados que necesita y que los oficiales de CBP que la atacaron sean responsabilizados por sus acciones”