Inmigración y marihuana, una mezcla muy peligrosa

WASHINGTON – La legalización del uso recreativo y medicinal de la marihuana en numerosos estados de Estados Unidos no protege a los inmigrantes, que pueden llegar a ser expulsados del país si las autoridades migratorias descubren que han consumido esa droga.

“Técnicamente, la posesión de marihuana es ilegal a nivel federal, por lo que si un inmigrante no ciudadano tiene o consume marihuana puede quedar sujeto a la deportación”, explicó en declaraciones a Efe Violeta Chapin, abogada experta en inmigración y profesora de Derecho en la Universidad de Colorado.

En este sentido, la letrada aseguró que el consumo de cannabis puede tener “efectos devastadores” para los inmigrantes indocumentados que estén regularizando su situación migratoria y también para los residentes legales que intenten obtener la ciudadanía estadounidense.

Al día de hoy, la marihuana recreativa es legal en ocho estados y en el Distrito de Columbia, mientras que su uso medicinal está amparado por las leyes de 28 estados más el distrito capitalino.

Además, otros 15 estados han impulsado medidas para despenalizar su uso, paso previo a la legalización a nivel estatal.

Sin embargo, estas regulaciones estatales permiten únicamente a los nacionales y ciudadanos estadounidenses comprar, consumir e incluso trabajar en el sector de la marihuana.

“Cuando un cliente inmigrante me pregunta sobre esta cuestión, le recomiendo que ni fume ni entre en contacto con el cannabis por el elevado riesgo que supone para su continuidad en el país”, relató Chapin.

Según Morgan Fox, portavoz del Proyecto Político de la Marihuana (MPP), esta medida no es la única solución para aquellos inmigrantes que quieran consumir ese psicotrópico.

No llevar o cultivar más de la cantidad legalmente permitida, no vender fuera del marco regulado y no consumir marihuana en público, son algunos de los consejos que indicó Fox a Efe.

El activista también aseguró que es importante “no transportar cannabis a través de las fronteras estatales y no viajar en posesión de esa droga”.

Incluso en estados donde es legal trabajar para la industria de la marihuana, como en Colorado, Chapin aconseja encarecidamente a los inmigrantes que no acepten empleos en ese sector, “porque el origen de sus sueldos será conocido a nivel federal”.

“Esto es totalmente injusto, las leyes estatales que defienden el consumo de marihuana deberían aplicarse por igual a todos los residentes de esos estados”, opinó Fox.

Las deportaciones por posesión de drogas aumentaron un 43 % entre 2007 y 2012, según el informe más reciente de la organización Human Rights Watch sobre este tema.

Esos casos “probablemente crecerán”, según la letrada, bajo la Administración del presidente Donald Trump, que tiene una línea dura en inmigración y es contraria al consumo de la marihuana.

“El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) es ciertamente más agresivo bajo Trump; ahora casi todos los indocumentados son prioridades para ser deportados”, señaló Chapin.

Uno de los inmigrantes que estuvo cerca de ser deportado por este motivo en octubre pasado fue el “soñador” Luis Quintana Álvarez, un joven de 19 años residente de Iowa.

Quintana viajaba desde Colorado a la ciudad de Ames (Iowa) en un automóvil conducido por su primo, ciudadano estadounidense, cuando un agente mandó detener su vehículo por exceso de velocidad. Dentro del vehículo, las autoridades encontraron un gramo de marihuana.

Para proteger el futuro educativo de su primo, que estudia en la universidad, Quintana afirmó que la marihuana era suya, por lo que fue inmediatamente arrestado y su protección por el programa DACA le fue retirada, quedando expuesto a la expulsión del país.

El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), proclamado en 2012 por el entonces presidente, Barack Obama, para proteger a cientos de miles de jóvenes de la deportación, se pierde automáticamente en caso de cometer un delito.