Una propuesta de ley para asegurar las propinas

Washington está decidiendo una regulación sobre quién gestiona y cómo se distribuyen las propinas que reciben los trabajadores cuyo salario se basa principalmente en este pago.

El Departamento de Trabajo está preparando una regulación que permite que los empleadores puedan acceder a todas estas propinas y distribuirlas, no solo entre quienes las ganan sino también entre los que no las ganan, con lo que pueden ahorrarse compensarles vía salarios competitivos.

Además, y esto es lo que ha desatado las alarmas, los empleadores podrían guardárselas, algo que complica el problema ya acusado del robo de salarios. Ante esta posibilidad dos representantes demócratas, Katherine Clark, de Massachusetts, y Rosa DeLauro, de Connecticut, han presentado una propuesta de ley para evitarlo.

Se trata del Tip Income Protection Act que obligará a considerar a todas las propinas, incluso cuando son puestas en común por todos los trabajadores, como propiedad de los empleados y no del empleador.

Desde el National Employment Law Project, NELP, una organización que estudia y patrocina causas laborales, se da la bienvenida a esta ley que garantiza que los empleados se queden con el dinero.

“Incluso el secretario [Alexander] Acosta admite que la propuesta [de su departamento] puede resultar en que los empleadores se queden con las propinas”, dicen la directora ejecutiva de la NELP, Christine Owens en un comunicado.

Owens dice apoyar el proyecto de ley de estas dos representantes a pesar de que creen que la ley ya prohíbe que los empresarios decidan sobre las propinas. La apoya porque así se elimina “cualquier sombra de duda que haya sobre ello” y agradece que el propio Acosta también lo haga.

Desde el Departamento de Trabajo se argumenta que su propuesta no incluye nada que impida que el empleador se quede con las propinas porque según una sentencia de un tribunal de apelaciones, esta agencia del Gobierno no tiene la autoridad para decir que las propinas son del empleado. Es un asunto que ahora aguarda el Tribunal Supremo pero que el mismo Acosta ha señalado que puede corregirse legislativamente con una reforma de la Ley de Estándares Laborales Justos que es lo que la nueva propuesta de ley hace si es aprobada.