Editorial: Trump debe respetar el Censo

El presidente Donald Trump quiere convertir el Censo del 2020 en un arma para estigmatizar a los inmigrantes y sacar provecho político. Así una formalidad constitucional se convierte bajo esta administración en objeto de proselitismo divisivo.

Cada 10 años se hace un conteo de población para registrar los cambios, aumento y pérdida de personas, con el fin de reajustar el reparto de más de US$675,000 millones de dólares anuales del gobierno federal. Con esas cifras también se actualiza la representación política en la Cámara Baja, a través de las redistribuciones de los distritos electorales.

Desde el inicio, el gobierno de Trump quiso utilizar el conteo para dividir a los estadounidenses entre ciudadanos e inmigrantes no naturalizados. Esta es una mala idea a la que se oponen científicos, más de 160 alcaldes, una veintena de Estados, seis exdirectores de la Oficina del Censo Demócratas y Republicanos, y numerosos legisladores federales.

Todos coinciden en que va a dificultar una contabilidad correcta que refleje la realidad de EEUU porque los inmigrantes, especialmente los indocumentados, van a tener miedo de participar.

A la Casa Blanca lo que menos le interesa es un conteo preciso.

Se quiere hacer que Censo opere según los prejuicios de Trump, especialmente ese que culpa de su derrota en el voto popular a una avalancha de votantes indocumentados.

Se quiso demostrar esa mentira con el fiasco del Comisión Presidencial para la Integridad del Voto. Ahora el Departamento de Justicia dice es necesaria la información sobre ciudadanía para implementar la Ley de Derechos del Votante.

¿A quién quieren engañar con ese cuento?

La administración Trump cree que hay demasiados inmigrantes en Estados Unidos. Si no se les puede deportar en gran cantidad, su mejor solución es no contarlos.

El Censo de 2010 dio un subconteo de cerca de 1.6 millones de afroamericanos y latinos, mientras que contabilizó 1.8 millones de anglos de más. Cuanto más inexacto es el conteo de latinos y minorías, más desproporcionada es la cifra final. Más dinero y representación irán a las zonas rurales blancas y menos a los centros urbanos de población diversa.

El colmo es que hasta la campaña de reelección de Trump está hoy mandando correos a la base política para que demanden la pregunta de ciudadanía y, al mismo tiempo, alimentar el resentimiento a los inmigrantes.

Este Censo ya está mal financiado adrede y se cambió la norma para que solo los ciudadanos puedan ser contratados temporalmente. El Departamento de Comercio tiene hasta fin de marzo para decidir si incluye una pregunta sobre ciudadanía.

De llegar a hacerlo, la contaminación del odio antiinmigrante llegará a un nuevo nivel.