“Dacamentados” discriminados en el empleo pueden demandar a empresas por daños y perjuicios

Por segunda vez desde que se inició el programa DACA, que otorga un estatus temporal y permisos de trabajo a ciertos jóvenes inmigrantes, una corte federal ha confirmado que los beneficiarios pueden demandar por daños y perjuicios a las empresas que solo contratan a ciudadanos o residentes legales.

Esta vez, la empresa en cuestión es la gigante multinacional Procter and Gamble, que en 2013 rechazó ofrecer una pasantía a un joven venezolano, David Rodríguez, alegando que su estatus de DACA no cumplía los requisitos de la empresa.

La jueza de distrito Kathleen Williams dijo que el demandante tiene una queja plausible de discriminación y rechazó una moción de P&G de anular la demanda. Al hacerlo, citó como precedente la decisión en un caso similar contra Northwestern Mutual Life Insurance Company en 2014.

El caso seguirá adelante y MALDEF espera probar que la empresa “está obligada a seguir la ley y no discriminar por el estatus migratorio o ciudadanía, si una persona extranjera tiene una autorización de empleo”.

La demanda civil busca el pago de daños, si se determina que las prácticas de contratación de la empresa son ilegales.

“Los beneficiarios de DACA con autorización de trabajo contribuyen a nuestra economía”, dijo Thomas A. Saenz, presidente y abogado general de MALDEF. “No deberían tener que enfrentar exclusiones arbitrarias y discriminatorias, especialmente de corporaciones grandes y sofisticadas como Procter & Gamble”.

Rodríguez se graduó el año pasado de la Universidad Internacional de Florida, pero la demanda data de 2013, cuando el muchacho acudió a una sesión informativa de la empresa en su propia universidad. Allí quiso solicitar empleo como pasante y le dieron un formulario a llenar.

Un representante de la empresa le confirmó luego que lo habían rechazado por su “estatus migratorio” ya que P&G solo contrata a “ciudadanos, refugiados, asilados o residentes permanentes”.

Los beneficiarios de DACA pueden optar por un permiso de trabajo que es válido por los dos años que dura cada aprobación del beneficio.   MALDEF demandó a la empresa y esta buscó anular la demanda, lo que fue rechazado por la jueza Williams hace unos días.

El litigio alega que la empresa viola los estatutos de derechos federales civiles, que prohíben discriminación en base al estatus de un extranjero, en particular uno que tiene un permiso de trabajo válido.