Los mapas electorales de Texas, bajo la lupa del Tribunal Supremo

WASHINGTON— En un caso que lleva siete años de litigio y podría definir el futuro poder político de votantes hispanos y afroamericanos en Texas, el Tribunal Supremo examinará mañana en una audiencia si el estado diseñó mapas electorales para discriminar a esas minorías o diluir su voto en las urnas.

Los nueve magistrados de la máxima corte escucharán mañana los argumentos orales en el caso “Abbott vs. Pérez”, un caso tan complejo como definitorio que data de 2011 y que podría afectar los comicios de 2020.

La audiencia de 70 minutos se enmarca en el vaivén de litigios en torno al diseño de mapas electorales que, según los demandantes, produjo la manipulación política de esos distritos y la discriminación de sus votantes minoritarios.

El caso llegó ante el Tribunal Supremo después de que el gobierno de Texas apelara un dictamen de un tribunal federal en San Antonio, que determinó que los legisladores estatales diluyeron el voto de los hispanos y afroamericanos cuando establecieron las nuevas fronteras de sus distritos electorales.

En entrevista con este diario, Rafael Anchía, representante estatal demócrata y presidente del “Caucus Legislativo Mexico-americano” (MALC, en inglés), una entidad no partidista en la Cámara de Diputados de Texas, explicó hoy que el caso es importante porque, según sus cálculos, está en juego el poder político “de más de un millón de votantes tejanos”.

“La corte federal de San Antonio encontró múltiples ocasiones de discriminación intencional en Texas y nos ha afectado (a los hispanos)… la población hispana se ha duplicado en cada década y se piensa que podríamos ver un crecimiento de entre 75% y 100%”,  y queremos que el Tribunal cese la discriminación de los votantes hispanos, enfatizó Anchía, cuyo distrito 103 incluye varias ciudades del condado de Dallas.

“Apartando el aspecto étnico o racial, el proceso actual, en el que los políticos escogen a sus votantes, y no al revés, genera resultados muy perversos para hispanos y todo el mundo porque diluye su poder político, y por eso estamos exigiendo cambios en estos mapas y en el proceso entero”, subrayó el legislador.

Si la sentencia del Tribunal Supremo es amplia, ésta podría impactar a otras jurisdicciones en EEUU, según Anchía.

Los nuevos mapas, que evocan las figuras de una culebra, un león o una salamandra, diluyeron el voto de los hispanos y, por ende, limitaron  las opciones y voces de todos los votantes no sólo ante el gobierno en Austin sino también ante el Congreso federal, argumentó.

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Texas, que cuenta con una cambiante demografía, tiene un total de 36 distritos electorales ante el Congreso federal, y 150 distritos ante la legislatura estatal.

Anchía destacó la urgencia de que el Tribunal Supremo resuelva de una vez una polémica que el estado arrastra desde 2011, tomando en cuenta que ya han pasado tres elecciones con mapas sesgados en contra de las minorías.  Además, la legislatura tendrá que dibujar nuevos mapas electorales con base a los resultados del Censo de 2020.

Para los comicios legislativos del próximo 6 de noviembre, todos los 150 escaños de la Cámara de Diputados estatal estarán en juego, así como los 36 de la Cámara de Representantes en el Congreso federal.

Como repartirse un pastel

En 2011, la legislatura estatal, bajo control republicano, rediseñó los nuevos distritos electorales apoyándose en los resultados del Censo de 2010, que constató un crecimiento poblacional de 4,3 millones en Texas, del cual los latinos conformaron dos terceras partes y los afroamericanos el 23%. El crecimiento fue tal que Texas adquirió otros cuatro escaños en el Congreso federal.

Según Anchia, el rediseño de los mapas electorales fue como “repartirse un pastel” en el que, por ejemplo, los legisladores concentraron a los hispanos en los distritos 103 y 104 de la legislatura estatal para diluir su poder político en los distritos aledaños y, simultáneamente, maximizar el de los votantes blancos en el distrito 105.

Los mapas originales de 2011, según un corte de menor instancia, violaban la Constitución y el “Acta de Derecho al Voto”.

Por órdenes del tribunal de San Antonio, la legislatura estatal rediseñó mapas temporales para los comicios generales de 2012, y luego los adoptó de forma permanente al año siguiente.

Los nuevos mapas, sin embargo, no resolvieron del todo el problema y pecaron de la misma discriminación al diluir el voto y el poder político de las minorías en distritos que no tuvieron cambios, indicó en su momento el tribunal de San Antonio.

Así, al criticar los defectos de los mapas de 2011 y 2013, ese tribunal anuló el año pasado dos distritos ante el Congreso federal y nuevo distritos estatales, argumentando que hubo una clara intención de discriminar a los votantes minoritarios.

El propio gobierno estatal reconoció en 2013 que manipuló las fronteras de los distritos electorales -en un proceso conocido en inglés como “gerrymandering”- para favorecer a candidatos republicanos “a expensas de los demócratas.

Texas, que tiene un problemático historial de supresión del voto de las minorías, decidió apelar el caso ante el Tribunal Supremo para impugnar la decisión de la corte de San Antonio, argumentando que los nuevos mapas no discriminaron porque fueron aprobados por el tribunal federal. Sin embargo, omitió que esos mapas tenían carácter provisional y no permanente.

“La redistribución de los mapas con fines políticos ya no es permisible y nunca es permisible, bajo el Acta del Derecho al Voto, para discriminar a votantes”, explicó Anchía.

Los escenarios del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo decidió escuchar el caso en enero pasado, y podría emitir su dictamen al cierre de su actual sesión en junio próximo. La corte también debe pronunciarse sobre casos similares provenientes de Wisconsin y Maryland.

Según Anchía, el Tribunal Supremo tiene varias opciones: determinar que no tiene jurisdicción sobre el caso y devolverlo al tribunal de San Antonio, para su reevaluación; apoyar al gobierno estatal, y dejar en pie los mapas de 2013, o reafirmar el dictamen de San Antonio, allanando el camino a una nueva demarcación de los mapas electorales este año o el próximo.

Además, la máxima corte del país también podría pronunciarse sobre si Texas discriminó deliberadamente contra votantes minoritarios y, de comprobarse, el estado quedaría, por primera vez desde 2013, sujeto a la supervisión del Departamento de Justicia antes de realizar cualquier ajuste a sus leyes o mapas electorales.