Editorial: Una orden despiadada
Jeff Sessions asesta otro golpe a los inmigrantes
El fiscal Sessions afirmó que se abusa del sistema de asilo. Crédito: Alex Wong/Getty Images
La administración Trump está recurriendo a una definición de refugiado que desafía las normas internacionales, en su afán de impedir el ingreso de mujeres y menores que corren peligro en sus países de origen.
Los tribunales de inmigración dependen directamente del Departamento de Justicia. Su fallo puede ser llevado a la Junta de Apelaciones de Inmigración. Posteriormente, en casos especiales, el secretario de Justicia tiene la potestad de intervenir. Es la palabra definitiva y que puede cambiar las reglas.
Eso mismo hizo Jeff Sessions en el caso de una salvadoreña violada por su marido. El juez de inmigración rechazó la solicitud de asilo, la Junta de Apelaciones cambió el fallo diciendo que su gobierno era incapaz de protegerla, incluso cuando se mudó a otro lado del país.
Sessions anuló la última decisión y usó el caso para establecer que no se aceptarán las solicitudes de asilo para los casos de “violencia privada” como el abuso doméstico o la violencia de las pandillas. Con esto eliminó la idea de que una mujer huyendo de la violencia doméstica, por ejemplo, puede pertenecer a la categoría de “particular grupo social” que por años dio cobijo a estos casos.
El secretario utiliza 30 páginas para protegerse de las críticas y justificar una decisión que no necesariamente se apega a las normas internacionales de la Convención de Refugiados de 1951 y del Protocolo de 1967 relacionado al Estado de los Refugiados de las Naciones Unidas.
El acuerdo internacional establece la categoría de “particular grupo social” en una cláusula propia. Allí considera que hay una evolución, “para estar abierto a la naturaleza cambiante y diversa de los grupos en varias sociedades.” No es algo fijo.
Sessions ignora esta parte para definir el asilo en un sentido parcial. El que le permite echar gente más rápido.
En 2015 un reporte de la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR) determinó que las mujeres que viajan con sus hijos u otros familiares huyen de El Salvador, Honduras, Guatemala y partes de México para protegerse “ellas y sus niños del asesinato, la extorsión y la violación.” El análisis dice que ellas tienen “una clara necesidad” de protección internacional, mencionando que Estados Unidos las está ayudando.
Eso era antes. Ahora el gobierno, bajo el presidente Donald Trump, busca interpretaciones retorcidas para poder expulsarlas, que se apeguen a su política anti-inmigrante.
Ya Sessions había establecido arbitrariamente que el asilo sólo se podía solicitar en un puerto de entrada y no en el momento de detención. Ahora se da el instrumento al funcionario de inmigración para que pueda ordenar la deportación inmediata.
La decisión de Sessions costará la vida de muchas mujeres. La crueldad de la política migratoria no respeta valores familiares ni tratados internacionales.
