DHS confirma que ha separado a al menos 2,000 niños de sus padres en la frontera desde abril pasado

WASHINGTON— Aunque la Administración Trump ha insistido en que no tiene necesariamente una “política” de separación de familias en la frontera, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo este viernes que las autoridades han separado a unos 2,000 niños de sus padres en un periodo de seis semanas.

Durante una conferencia telefónica con periodistas, una fuente del DHS, dijo desde el anonimato que entre el 19 de abril y el 31 de mayo pasados, los agentes separaron a 1,995 menores que viajaban acompañados de unos 1,940 adultos, “presuntamente guardianes” de esos niños.

La llamada telefónica fue convocada en parte para refutar las “exageraciones” de informes de prensa y “acusaciones ficticias” sobre la separación de familias en la frontera sur.

La cifra podría ser mayor porque, según explicaron las autoridades, ese número solo refleja a los niños que fueron separados porque sus padres fueron referidos a fiscales federales por cruzar ilegalmente la frontera.

En el marco de una política de “cero tolerancia” contra la inmigración ilegal,  el fiscal general, Jeff Sessions, ordenó el pasado 7 de mayo que toda persona que cruce ilegalmente la frontera sea  enjuiciada y eventualmente deportada.

En la llamada, las autoridades dijeron que eso significa que no “tienen más remedio” que hacer cumplir las leyes y que los activistas “quieren que los inmigrantes indocumentados tengan mejores derechos que los que tienen los ciudadanos estadounidenses”.

“Con la política de procesamiento judicial al 100%, afrontamos la opción de hacer cumplir las leyes en la frontera, o permitir que individuos que entran al país con sus niños… no afronten las consecuencias de su acción ilegal”, dijo la fuente, sin mencionar que los menores tienen protecciones bajo las leyes de EEUU y el derecho internacional. 

Mientras, una fuente del Departamento de Justicia dijo en la misma llamada que se está cumpliendo la orden de Sessions de referir a todo inmigrante indocumentado a los tribunales federales, pero no quiso precisar cifras.

La criminalización de los inmigrantes y la separación de familias, que en realidad comenzó en abril, ha sido condenada por grupos defensores de los inmigrantes y los derechos humanos, algunos de los cuales han interpuesto demandas para frenar la práctica.

Estos grupos, entre éstos la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), han documentado casos en que incluso los inmigrantes que se presentan por los puertos de entrada y solicitan asilo han sido separados de sus hijos.

La cifra confirmada por DHS se traduce a un promedio de unos 48 niños por día.

Bajo las leyes actuales, los niños no acompañados pasan a la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del Departamento de Salud (HHS), que los traslada a albergues mientras son procesados. En algunos casos, los niños terminan en hogares de crianza, conocidos en inglés como “foster homes”.

El encierro de niños, denunciado por líderes demócratas del Congreso, ha llegado a tal grado que los albergues de ORR están a capacidad. El HHS confirmó hoy mismo que una instalación en el puerto de entrada de Tornillo, en Texas, se utilizará para alojar tanto a centenares de niños no acompañados como a aquellos separados de sus padres. 

Además, presuntamente en aras de resguardar el bienestar de los menores -para que no caigan en manos de traficantes- la Administración sopesa un cambio en el proceso de revisión de antecedentes de las personas a las que entrega a los menores de edad.

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Los activistas han denunciado la práctica de separación de familias porque eso da licencia a las autoridades a tratar a los menores como “niños no acompañados” pese a que entraron a EEUU con sus padres.

Consultada por este diario, una fuente del DHS reiteró desde el anonimato que, bajo la Administración Trump, los agentes de Inmigración no están haciendo exenciones para ningún inmigrante indocumentado.

Fue, por lo demás, el mismo argumento que presentó la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, durante una reciente audiencia ante el Senado, en la que dijo que ni las mujeres embarazadas estarían a salvo de arresto y deportación.