Mike Pence a centroamericanos: “Si no tienen condiciones legales… no vengan a EEUU”
El vicepresidente está en reuniones clave sobre inmigración en Guatemala, El Salvador y Honduras
Los niños separados de sus padres inmigrantes indocumentados en EEUU será tema central en la cita de los gobernantes de Guatemala, El Salvador y Honduras con el vicrepresidente Mike Pence, que tendrá lugar el jueves, después de que un tribunal estadounidense ordenó reunificar a las familias.
El mandatario salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, “tiene previsto abordar en esta reunión, con especial énfasis, la situación de los niños migrantes que han sido separados de sus familias en la frontera sur de Estados Unidos”, señaló hoy la Presidencia de El Salvador.
Pence llegará este jueves a Guatemala para cerrar una gira latinoamericana durante la que ya afirmó, en relación con los centroamericanos, que “si no tienen condiciones de entrar legalmente” a Estados Unidos “no vengan”.
“Si les dicen que pueden llevar a sus hijos a Estados Unidos, no les crean. Construyan sus vidas en sus patrias”, declaró Pence el martes en Brasil, la primera parada de una gira que lo llevó este miércoles a Ecuador.
El Triángulo Norte Centroamericano que componen El Salvador, Honduras y Guatemala es un generador de emigrantes: miles huyen de la violencia (13.129 homicidios en 2017) causada por las pandillas y el narcotráfico trasnacional, que se suman a las pocas oportunidades que ofrece la región en materia de educación y empleo.
Los tres Gobiernos expresaron abiertamente su rechazo a la práctica de separar a los niños migrantes de sus padres. Mientras el presidente hondureño, Juan Orlado Hernández, la tildó de práctica “inhumana”, su colega de Guatemala, Jimmy Morales, aseguró que ponía en juego la “grandeza y nobleza” de Estados Unidos.
De acuerdo a cifras oficiales, al menos cerca de 500 de los niños separados son guatemaltecos y otro medio centenar salvadoreños.
Y los tres países del Triángulo Norte también mostraron su beneplácito por la suspensión de esa práctica a través de una orden ejecutiva firmada por el mandatario Donald Trump, el pasado 20 de junio, que sin embargo dejó muchas dudas y planeó exigencias por parte de organismos defensores de los derechos humanos.
El martes que Pence lanzaba su dura alerta a los centroamericanos desde Brasil, un tribunal de San Diego (EEUU) ordenaba al Gobierno de Trump reunificar a los miles de niños separados de sus padres en un plazo de máximo de 30 días, aunque en el caso de los de menores de 5 años, debe ser en dos semanas.
La decisión supone un duro golpe para la Casa Blanca, que había instaurado en abril pasado la llamada política de “tolerancia cero”, que estipulaba que cualquier menor que entrará de manera irregular en el país debería ser separado de sus padres mientras estos se encontraban presos a la espera de juicio.
Tras la orden Ejecutiva de Trump, en lugar de ser separados de sus padres al cruzar la frontera los niños indocumentados serán retenidos indefinidamente junto a sus familiares en centros de detención.
“La orden ejecutiva que acaba con la práctica de separación de familias es un paso adelante, pero consideramos que seguimos sin tener garantías de que se respetarán los derechos humanos de los niños, niñas y sus familias”, dijo a Efe la encargada del programa de género e incidencia política de la ONG global Plan International, Emma Puig.
El director del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) para el Caribe, Zona Andina y Norteamérica, Francisco Quintana, dijo a Efe que Estados Unidos debe tomar “las medidas para reparar a las familias cuyos derechos humanos están siendo violados”, y que la reunificación se concrete además en los casos en que “las personas mayores se encuentren ya fuera del país”.
La cuestionada política de la separación de los niños de sus padres migrantes es un capítulo que se suma a la crisis de menores solos migrantes que sacudió la frontera sur de Estados Unidos en 2014, y la constante tragedia que supone la travesía desde Centroamérica hasta EEUU que incluye violaciones, trabajo esclavo y desaparición de miles de personas.
Para enfrentar el tema de la migración, el Triángulo Norte y Estados Unidos lanzaron en 2014 el llamado Plan Alianza para la Prosperidad, al que el Gobierno de Barack Obama (2009-2017) asignó unos 1.300 millones de dólares destinados a promover el fortalecimiento institucional e iniciativas en favor de la educación y la economía.
De nada sirve “inyectar dinero (al Plan) y hacer al mismo tiempo las deportaciones masivas faltando al respeto a los derechos humanos y a las leyes internacionales”, alertó Sofía Martínez, analista de Crisis Group, una organización especializada en la resolución y prevención de conflictos, en declaraciones a Efe.
