Tribunal estatal le da seis meses a Nuevo México para que mejore la educación de grupos vulnerables

Estados Unidos no reconoce un derecho constitucional a la educación, pero una jueza dijo que el estado de Nuevo México está obligado a hacer cambios porque su constitución sí lo incluye.
Tribunal estatal le da seis meses a Nuevo México para que mejore la educación de grupos vulnerables
Nuevo México no puede seguir ignorando el derecho a la educación adecuada para todos los niños que existe en su propia constitución, dijo jueza federal

Tras años de litigación, una corte estatal falló el pasado viernes que el estado de Nuevo México está incumpliendo el derecho constitucional a una educación adecuada para cientos de miles de estudiantes nativo americanos, inmigrantes y de bajos recursos, y dio seis meses para que el estado remedie la situación.

El Fondo Educativo y de Defensa Legal Mexicanoamericano (MALDEF) y el Centro de Derecho y Pobreza de Nuevo México (el Centro) demandaron a Nuevo México hace cuatro años alegando que las fórmulas presupuestarias y el manejo del sistema educativo descobijaba a ciertas comunidades vulnerables en violación a la constitución del propio estado.

El fallo refleja una realidad nacional, indicó a La Opinión Thomas Sáenz, el presidente del Fondo Mexicoamericano para la Defensa Legal y Educación (MALDEF).  “La educación no es un derecho fundamental en Estados Unidos, según lo decidió en 1973 nuestra Corte Suprema”, dijo Saénz. “Por eso tenemos que ir luchando estado por estado hasta que eso cambie. Y ese cambio nacional es poco factible con los miembros del actual tribunal”.

En Nuevo México, tanto la constitución del estado como diversas leyes aprobadas a lo largo de los años por su legislatura ofrecen garantías de una educación digna para todos, pero esto no sucedía en la práctica, determinó el fallo de la jueza Sarah Singleton.

“Estamos agradecidos a la jueza porque no nos considera comunidades olvidadas”, dijo Gail Evans, directora legal de El Centro durante una teleconferencia nacional este lunes. “La magistrada hizo historia con este fallo, diciendo que hay que reconocer la importancia de la educación para la democracia”.

Los abogados, grupos  y comunidades que por años lucharon por este resultado celebraron el lunes, indicando que el fallo de la demanda “es histórico” e implorando al gobierno estatal que no siga apelando el caso y se dedique a cumplir el fallo.

La superintendente de educación de Santa Fe Verónica García dijo que no se trataba de una situación abstracta sino muy real. “Muchos de nosotros tenemos salones vacíos porque no tenemos el dinero para contratar a maestros, y los salarios que se pagan no atraen a maestros con la capacidad de enseñar a comunidades vulnerables”, dijo García.

Muchos distritos pobres de Nuevo México  carecen de tecnología e incluso de libros de texto, apuntó la superintendente, indicando que estaba contenta con el resultado, pero triste “por las generaciones perdidas hasta ahora”.

Aunque la constitución de Nuevo México es la única en todo el país que garantiza los derechos de los hispano hablantes, el estado no tenía un sistema adecuado de entrenamiento y monitoreo de educación para los aprendices del inglés, según el fallo.

“Por años tratamos de obtener más recursos por la vía política para mejorar el sistema educativo”, dijo Evans. “Este no es un tema político aunque algunos lo harán político, es una cuestión constitucional”.

La demanda argumentó que, al nivel actual de inversión educativa en Nuevo México, tomaría 150 años para cerrar la brecha de escolaridad entre los estudiantes de grupos vulnerables y el resto de los pupilos de las escuelas públicas del estado.

La juez dio un mes a las partes para apelar la decisión, y otorgó seis meses al gobierno estatal para que cumpla con el resultado, lo que no fue visto con buenos ojos por Sáenz, de MALDEF.

“Los tribunales generalmente son muy deferenciales hacia la legislatura”, dijo Saenz, indicando que la decisión podría no ser suficiente y que habrá que mantener la presión sobre el liderazgo estatal para que implementen el resultado.

Hay estados, como California, donde hace décadas se estableció el derecho constitucional a la educación y se establecieron medidas para cumplir con esos derechos, pero otros, como Texas, que MALDEF y otras organizaciones han tenido que demandar repetidamente para forzar cambios en el sistema.

“No queremos tener que litigar estos casos cada diez años”, dijo. “Esperamos que la decisión de Nuevo México sea un precedente para otros estados de la nación”.

En Nuevo México, el problema ha sido que los distritos locales tienen mucha discreción para decidir en qué y cómo se gastan los fondos educativos, con poco monitoreo del estado, dijo Saénz.

“Si se da mucha libertad a los distritos, estos responden a los padres que tienen la voz más fuerte, y estos generalmente son los padres de mayores ingresos económicos”, apuntó el líder de MALDEF.