Fiscalía ignora orden de juez para reabrir el caso de la matanza de Tlatlaya
Militares abatieron a 22 personas en una bodega del Estado de México
Tlatlaya es uno de los casos alarmantes en México. Crédito: EFE
MÉXICO – Aunque un juez federal ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) indagar exhaustivamente las ejecuciones arbitrarias cometidas, hace más de cuatro años, por militares en Tlatlaya, la dependencia no ha realizado ninguna nueva diligencia.
Al resolver un juicio de amparo, el Juez Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, Erik Zabalgiotia Novales, ordenó el pasado 25 de mayo a la PGR realizar una serie de diligencias para esclarecer el caso y fincar responsabilidades.
Entre otras cosas, se exigió a la dependencia indagar la cadena de mando para revelar de dónde salió la orden de ejecutar a las personas en la noche.
“Nosotros no hemos visto, en este tiempo que ha transcurrido, una voluntad de PGR de acatar la sentencia en sus términos, y es claro que estamos en las postrimerías de este sexenio y difícilmente se reencausará una investigación en que no se quiso avanzar”, criticó Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que acompaña a Clara Gómez González, sobreviviente de los hechos.
Ella es la promotora del amparo y sobrevivió a la masacre del 30 de junio de 2014, en la que militares abatieron en total a 22 personas en una bodega de San Pedro Limón, en el Municipio de Tlatlaya, Estado de México.
“Nosotros esperaríamos que hubiera un acatamiento liso y llano de la sentencia, y eso implicaría que el Ministerio Público empezara a llamar a declarar a las personas relacionadas con los aspectos que determinó el fallo.
“Esto no ha ocurrido, y no sería extraño que el Ministerio Público intente interponer un recurso (en contra de la sentencia)”, consideró Aguirre.
Otra de las diligencias que la sentencia plantea es establecer con claridad cuántas personas fueron ejecutadas arbitrariamente.
De acuerdo con los testimonios recabados por el Centro Prodh, peritos de la PGR reconocieron que 8 personas fueron ejecutadas, mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dijo que eran entre 12 y 15.
Aguirre destacó el papel del Poder Judicial ante investigaciones deficientes de la Procuraduría, lo que ha ocurrido en casos como Pegasus, Ayotzinapa y Tlatlaya, así como en las desapariciones en Nuevo Laredo, Tamaulipas, presumiblemente por marinos.
“En las primeras instancias judiciales sí están habiendo jueces que entienden que parte de la impunidad es por el Ministerio Público y por eso les hacen este tipo de requerimientos tan puntuales de qué diligencias desahogar.
“Falta ver qué dice al respecto la Suprema Corte de Justicia y si está entendiendo la necesidad de plantearse más firmemente frente a la impunidad”, señaló.
