Primero justicia y luego perdón, piden madres de desaparecidos a López Obrador

Familiares de los colectivos Grupo Vida y FUNDEN participaron en el segundo foro realizado en Torreón, Coahuila, comentó Morán Isais. En esa fecha, añade la activista, se tuvo una buena participaron y sí hubo un espacio para las familias, y plantearon todo el trabajo que se ha realizado en los últimos años.

“En Michoacán fue muy distinto. Muy diferente. Las familias trataron de exponer sus necesidades pero llegaron los grupos, como los del doctor Mireles [José Manuel Mireles Valverde] y reventaron la reunión”, compartió la activista.

María Guadalupe Rodríguez Narciso, madre de Josué Molina Rodríguez privado de la libertad y desaparecido en Chilpancingo, Guerrero, en junio del 2014, platica que en Acapulco ni siquiera le dieron oportunidad a las víctimas de hablar.

“Fue diferente a otros estados, en otras entidades les dieron el uso de la voz a las víctimas y aquí no. Nos tuvimos que subir a hablar, si no nos hubiesen dado voz porque ya nos habían dicho que ahí no podíamos participar, que íbamos a tener una participación en las mesas”, narra.

Alfonso Durazo, próximo Secretario de Seguridad Pública, dijo en los primeros días luego del triunfo electoral de López Obrador que el proceso de pacificación era “uno de los diez ejes estratégicos que integran la propuesta o el plan de seguridad”, y que de ahí saldría una Ley de Amnistía que surgiría a partir de una consulta [de los foros] a amplios sectores de la sociedad y contemplaba un periodo de justicia tradicional.

En las reuniones se abordan políticas públicas sobre temas como el consumo y la tenencia de drogas; posesión y portación de armas y disminución de penas, así como delitos graves como desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, feminicidios, tortura, trata de personas, tráfico de migrantes, homicidios, secuestros, delitos sexuales, extorsión, desplazamiento forzado, delitos de odio por discriminación o ideología política y contra la defensa de derechos humanos y la libertad expresión.

El Gobierno electo llegó a los foros de reconciliación con un discurso de “perdón” que ha generado molestia, inquietud y en ningún lado ha sido bien recibido, coinciden colectivos y especialistas.

En un país con al menos 230 mil homicidios desde que el Presidente panista Felipe Calderón Hinojosa declaró la “guerra contra el narcotráfico”, en diciembre de 2006, y al menos 37 mil desparecidos reconocidos oficialmente, las víctimas y sus familiares quieren “verdad y justicia” antes que cualquier otra cosa.

Organizaciones civiles, derechohumanistas, académicos y expertos han hecho en doce años múltiples diagnósticos, estudios y propuestas sobre la ola de violencia. Las víctimas y sociedad civil llevan un largo camino recorrido.

Sin embargo, explica Jacobo Dayán, la próxima administración federal decidió no tomar en cuenta el trabajo avanzado y llegaron con una propuesta que va en un sentido opuesto a lo que las víctimas de solicitan: verdad, justicia y búsqueda, esto último en el caso de los desaparecidos.

“Se acercan en estos foros a pedirle a las víctimas que perdonen, cuando lo primero que debió hacer es pedirle perdón a las víctimas. Andrés Manuel, aunque no es responsabilidad de su próximo Gobierno, debió hacerlo a nombre del Estado, tendría que haber pedido perdón por los crímenes cometidos por gente del Estado. Perdón por la omisión, colusión y abandono a la víctimas, pero no lo hizo. Lo que hizo fue llegar con un discurso de las víctimas deben de perdonar”, consideró el especialista.

Yolanda Morán Isais, del Movimiento Nacional para Nuestros Desaparecidos, destaca que las familias no están de acuerdo con el planteamiento del perdón porque, además de que es algo muy personal e individual, debe de plantearse hasta que realmente se encuentre la verdad.

Para las víctimas es un absurdo pedir perdón antes del esclarecimiento.

“El perdón, ¿qué vamos a perdonar, si no sabemos la verdad ni lo que sucedió a nuestros desaparecidos? […] Mientras que no encuentren a mi hijo, ¿cómo voy a perdonar?, ¿a quién voy a perdonar?”, dice Morán.

“[Andrés Manuel] habla de un perdón porque él quisiera vivir en un paz, hermoso en el edén. Pero la realidad es que hay que tener los pies en la tierra. No hay perdón mientras no encuentren a nuestros hijos”, insistió.

María Guadalupe Rodríguez Narciso, quien cumple cuatro años de búsqueda, demanda esclarecimiento y justicia, tras años de tener que soportar carpetazos, investigaciones empolvadas, revictimización de las autoridades, instituciones indolentes y un Estado omiso.

“Lo que exigimos es que nos brinden el acceso a la justicia, que se investiguen los casos, que den con el paradero de nuestros hijos. […] no queremos amnistías para delitos graves. Olvido nunca va haber porque la herida está latente y mientras no haya justicia no podemos adelantarnos a decir que habrá perdón ni olvido”.

María Isabel Cruz Bernal, mamá de Yosimar García Cruz, policía municipal víctima de desaparición forzada en Sinaloa, opina que es una buena iniciativa y gesto del gobierno escuchar a las víctimas.

“Esperemos que podamos trabajar con ellos. Tampoco podemos dejarlos solos ni exigir sin darles herramientas para que sepan por dónde van a empezar”, dice.

María Isabel tampoco está de acuerdo en que de inicio les exijan perdonar. “Primero tiene que encontrar a mi hijo desaparecido para para ver si yo perdono, porque así nada más no”, dijo tajante.

AMBIGÜEDAD LEVANTA SOSPECHAS

Jacobo Dayán expone que el próximo Gobierno federal ha moderado un poco su discurso puesto que ya incorporó el tema de “verdad y justicia”. Pero aún no están claros sus planteamientos.

“Bien a bien no sabemos a qué se refieren cuando hablan de verdad y justicia”, añadió.

Poco se sabe de las Comisiones de la Verdad a las que se refiere la nueva administración y de cómo se establecerán. Las múltiples preguntas que siguen en el aire y sin responder no permiten visualizar si serán organismos con una efectividad viable.

“Comisiones de la Verdad, ¿pero con qué mandato?, ¿van acceder a archivos de procuradurías, Ejército, la PGR?, ¿se pedirán testimonios de funcionarios?, ¿se va a poder entrar a las prisiones para poder hablar con perpetradores? Es decir, ¿habrá un sistema de reducción de penas para quienes informes algo? Suena bien que digan comisiones de la verdad, Pero, ¿cuáles?, ¿cuántas?”, pregunta.

El mensaje que ha mandado el nuevo Gobierno en temas de justicia transicional es solo de “borrón y cuenta nueva”, reitera el especialista.

Dayan Askenazi, al igual que Yolanda Morán, considera que los foros son sólo un trámite para validar un proyecto que posiblemente ya esté concretado.

“Me parece que los foros tienen ese objetivo: generar insumos para que ellos los entiendan como ellos los quieran entender y, al final de gobierno, pueden hacer lo que quieran. El mensaje que mandarán a colectivos y a la sociedad es que no quieren trabajar con ellos”.

El investigador teme que se presente una Ley de Justicia Transicional sin sentarse a discutirla con las víctimas, los colectivos y las organizaciones que han venido trabajando 12 años.

“Eso supongo, porque ya anunciaron que los insumos [de los foros] se le van a presentar a Andrés Manuel en octubre para sacar una Ley de Justicia Transicional. Las leyes de justicia transicional tardan meses en discutirse y no salen de insumos de foros”, comenta.

“Me parece que es un buen gesto acercarse, que lo hagan el nuevo Gobierno es un buen gesto, pero ahora que eso vaya a redituar en algo útil y provechoso, no sé, me parece que no”, agrega.

En días recientes, la Oficina de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) llamó al futuro Gobierno de Andrés Manuel López Obrador a que marque “un punto de quiebre” y rompa con la “trágica historia de dolor que ha acompañado a las víctimas de desaparición en México”.

“México tiene que superar la pesada herencia de decenios de negación, falta de reconocimiento de la dimensión del problema, ausencia de voluntad, ineficacia y revictimización. Es momento de que México inicie una nueva etapa y ponga fin a la angustia sin tregua que han enfrentado las miles de víctimas de desaparición en el país”, destacó Jan Jarab, representante de ONU-DH en México.

Alentó al Gobierno de López Obrador a que permita, entre otras cosas, la visita a México del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la ONU, solicitada desde 2013, y que participe en el diálogo de seguimiento al que el Comité ha invitado al Estado Mexicano sobre la implementación de las Observaciones Finales adoptadas en 2015.