¿Por qué ahora será mejor que un inmigrante tenga $10,000 dólares al aplicar por “green card”?

En su regla sobre carga pública, en al menos nueve ocasiones, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) menciona $10,000 dólares, ¿por qué?

Dentro de sus propuestas para que Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) aplique su nueva norma se encuentra la aportación de esa cantidad como fianza, ajustada anualmente de acuerdo a la inflación, a fin de facilitar el cambio de estatus de un inmigrante.

La regla aplicaría principalmente a quienes soliciten la Residencia Legal Permanente o “green card”.

DHS propone que, en los casos en que USCIS haya determinado que un extranjero podría ser una carga pública, una fianza reduciría ese “riesgo” para el gobierno de los Estados Unidos.

“El bono de carga pública se establece en no menos de $10,000, anualmente ajustado por inflación según el Índice de precios al consumidor”, señala el documento de más de 400 páginas. “Esto elevaría la cantidad que se indica actualmente en 8. CFR 213.1, de no menos de $1,000 a no menos de $10,000”.

Es decir, actualmente se aplica esa misma fianza, pero es del 10 por ciento de lo que se propone con la nueva regla, la cual aplicaría dependiendo de cada caso.

“Después de revisar las circunstancias de un extranjero y encontrar una inadmisibilidad”, basada en carga pública, la autoridad emitiría una Solicitud de Evidencia (RFE, por sus siglas en inglés) o Notificación de Intención de Denegación (NOID, por sus siglas en inglés), para pedir al inmigrante que puede presentar la fianza “como garantía a USCIS”.

El dinero deberá entregarse en efectivo o su equivalente en un bono. “El monto de la fianza no podrá ser apelados por el extranjero o el deudor”, indica la autoridad, que el dinero no necesariamente tiene que ser entregado por el inmigrante, sino por su patrocinador.

Doug Rand, quien se desempeñó como director asistente de emprendimiento en la Oficina de Política de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca, menciona al menos 15 factores que los oficiales tomarán en cuenta como “negativos” para que un inmigrante sea considerado una “carga pública” y contribuir a las condicionantes para negarle un beneficio migratorio.