3 preguntas para entender la “guerra declarada” entre los poderes de Colombia
Te explicamos por qué el enfrentamiento entre poderes políticos e institucionales va más allá de la decisión de liberar a Jesús Santrich
Crédito: Reuters
Colombia atraviesa una grave crisis política manifestada en renuncias, desencuentros entre instituciones, reclamos presidenciales e incluso pedidos de una Asamblea Constituyente.
La decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de ordenar la liberación de Jesús Santrich, un exguerrillero acusado de narcotráfico que había sido solicitado en extradición por Estados Unidos, precipitó el remezón.
Y según los analistas consultados por BBC Mundo, dejó en evidencia que existe una “guerra declarada” entre los poderes instalados en el país sudamericano.
Así describieron el actual conflicto entre instituciones del estado, actores políticos y también élites económicas con intereses en lo que pueda pasar no solo con Santrich, sino con todo el futuro del proceso de paz.
Ante un panorama considerado complejo, respondemos tres preguntas elementales que pueden explicar esta nueva crisis.
- Renuncia el fiscal general de Colombia en protesta por la orden de liberar a excomandante de las FARC acusado de narcotráfico
- Quién es Jesús Santrich, el exguerrillero acusado de narcotráfico por EE.UU. cuya orden de liberación desató una crisis institucional en Colombia
1. ¿Qué fue lo que desencadenó la crisis?
El 9 de abril de 2018, el excomandante de las FARC Jesús Santrich, cuyo verdadero nombre es Seuxis Paucias Hernández Solarte, fue detenido por orden de la Fiscalía colombiana.
Estados Unidos lo acusaba de conspirar para enviar cocaína a ese país y reclamaba su extradición.
Santrich es uno de los desmovilizados que se ha acogido a la JEP, el tribunal especial creado gracias a la firma del acuerdo de paz de 2016 destinado a juzgar los crímenes cometidos durante los 50 años de conflicto armado con las FARC.
Los militares, exguerrilleros o civiles que se han sometido a esta jurisdicción alternativa gozan de penas reducidas y garantía de no extradición. Pero si cometen algún delito posterior a la rúbrica del tratado quedan a merced de la justicia ordinaria.
Y tanto la Fiscalía como EE.UU. sostienen que aquel intento de tráfico de droga de Santrich se produjo después de la entrada en vigencia del acuerdo de paz, entre 2017 y 2018.
Sin embargo, poco más de un año después de la detención del exguerrillero, el miércoles pasado, la JEP resolvió que no se pudo determinar la fecha del supuesto delito de conspiración para enviar cocaína y por ello frenó el proceso de extradición de Santrich y ordenó su liberación.
El efecto dominó de esa decisión se produjo de inmediato.
La Procuraduría de la Nación, una entidad de control diferente a la Fiscalía, anunció de inmediato que apelaba la resolución.
El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, presentó su renuncia irrevocable al cargo en desacato a la orden de liberar al excomandante de las FARC. Le siguió poco después la vicefiscal María Paulina Riveros.
En un mensaje a la nación, el presidente Iván Duque lamentó la decisión de la JEP, se solidarizó con Martínez, y dijo que estaba dispuesto a firmar la extradición de Santrich en cualquier momento.
De inmediato la bancada del partido oficialista Centro Democrático, liderada por Álvaro Uribe, comenzó a pedirle al presidente una Asamblea Constituyente para cambiar las reglas de juego en el proceso de paz.
Estados Unidos, un día después, cuestionó la resolución de la justicia especial y pidió que avance la apelación a la misma.
Este viernes, en medio de reclamos para que sea liberado, el exguerrillero se provocó heridas leves en los brazos y tuvo que recibir atención médica, según autoridades colombianas.
2. ¿Quiénes son los principales actores enfrentados?
Las dos instituciones en el ojo de la tormenta son la JEP y la Fiscalía, dado que, desde el momento de la detención de Santrich, la controversia se centró en cuál de las dos tenía la jurisdicción de su caso.
En criterio del analista político Juan Esteban Lewin, las posturas encontradas entre ambas entidades han producido una “crisis grande para la justicia“.
“Colombia tuvo enfrentamientos más directos entre sus instituciones judiciales en el pasado, pero este resulta más complejo por la tensión que existe alrededor y las consecuencias para ambas”, señala el experto a BBC Mundo.
Lewin explica que ambas instituciones salen desgastadas después del caso Santrich.
El analista pone el ejemplo de la renuncia de Néstor Humberto Martínez, que pese a suceder a minutos del fallo de la justicia especial sobre el exguerrillero, dejó más dudas que certezas.
“El fiscal renuncia luego del anuncio de la JEP, pero la impresión es que esa no es la causa real de la renuncia“, señala.
Lewin recuerda que Martínez se vio involucrado en una serie de controversias como el caso Odebrecht y otras por lo que su dimisión “es una muy buena salida para él, con un discurso de defensa de la justicia, en lugar de irse desgastado y envuelto en escándalos de corrupción”.
Del otro lado, la JEP también quedó en entredicho porque los cuestionamientos por su resolución sobre Santrich no solo vinieron desde los críticos al proceso de paz, sino también desde algunos de sus promotores, indica el analista.
“Veo que quedó más débil y más frágil. La forma en la que se tomó la decisión la debilitó y esta vez hay críticas que no vienen de los usuales detractores de la JEP y eso es muy duro para un tribunal que está recién construyendo su legitimidad”, concluye.
Similar postura sostiene la politóloga Marcela Prieto, quien señala que la disputa entre la Fiscalía y la justicia especial debilitó a ambas.
“El desgaste institucional es enorme, la JEP quedó en entredicho y la justicia ordinaria debilitada”, señala a BBC Mundo.
Prieto advierte que el caso Santrich puede ser apenas el primero de una serie de desencuentros institucionales dado que serán miles las personas que serán juzgadas en la justicia especial.
3. ¿Cuáles son los intereses en juego?
La crisis que se vive, en criterio del analista y columnista Fernando Posada, va más allá de lo judicial, puesto que por detrás existen intereses políticos y económicos muy grandes.
El investigador señala que lo sucedido es el “reconocimiento oficial de una guerra declarada” entre los poderes de Colombia.
“El posicionamiento político es muy claro, con un gobierno y un partido oficialista apoyando la posición del fiscal saliente. Deja ver la enorme distancia que tiene Duque con el proceso de la JEP y el modelo de justicia transicional”, afirma a BBC Mundo.
Posada recordó que el presidente colombiano, en abril, emitió seis objeciones a la ley estatutaria de la JEP, fundamentalmente referidas a la extradición y reparación de daños a las víctimas, aunque no prosperaron en su revisión en el Congreso, donde partidos opositores e independientes le dieron el primer gran revés a Duque desde que es mandatario.
De la misma forma, ahí también están los pedidos de los últimos meses del fiscal saliente Martínez para que se modifiquen las atribuciones a la JEP.
Y, finalmente, el reclamo de la bancada oficialista de llevar adelante una Asamblea Constituyente para realizar reformas de fondo a los acuerdos con la exguerrilla de las FARC
“Se trata de una de las peleas más importantes que lleva el uribismo y de los históricos enemigos de los acuerdos en contra del proceso de paz, que desde el día cero lo han criticado”, afirma Posada.
El analista explica que se debe entender que “la naturaleza de la justicia transicional implica sacrificios en materia de justicia en busca de beneficios en materia de paz”.
“Y si el ambiente es tan negativo, sin duda es muy peligroso para el futuro del proceso de paz”, concluye.
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