Cómo regresó a Colombia el fantasma de las ejecuciones extrajudiciales de civiles
La muerte de un exguerrillero y otras acusaciones generaron que Colombia recuerde uno episodio triste de su guerra civil
Los militares colombianos rechazaron las denuncias. Crédito: EPA
Una de las heridas más profundas que arrastra Colombia los últimos años son los llamados “falsos positivos”, las ejecuciones de civiles perpetradas por el Ejército que fueron presentadas como combates con guerrilleros.
Poco más de una década desde aquel escándalo, el “fantasma” de los falsos positivos vuelve a recorrer el país.
La reciente muerte de Dimar Torres, un exguerrillero desmovilizado, llevó a miembros de la oposición en el Congreso a exigir la renuncia del ministro de Defensa, Guillermo Botero, contra el que incluso presentaron una moción de censura.
Y las críticas a Botero se multiplicaron este fin de semana con un reportaje del diario estadounidense The New York Times que habla de que el alto mando ordenó a los militares que “doblen el número de criminales y guerrilleros que matan, capturan o fuerzan a rendirse en combate (y posiblemente admitiendo un mayor número de víctimas civiles)”.
Los colombianos no olvidan que la existencia de este tipo de estímulos a la tropa por “resultados” fue precisamente lo que propició los falsos positivos hace una década.
La situación llevó a reaccionar al presidente Iván Duque, quien salió a respaldar a Botero y a rechazar la posibilidad de que militares cometan asesinatos para presentarlos como trofeos de guerra.
El mandatario aseguró que su gobierno tiene una política de “tolerancia cero” ante los abusos de los derechos humanos.
Los “falsos positivos”
En 2008, estalló el escándalo que ocasionó que varios laureados militares fueran enviados a los tribunales.
Colombia llevaba décadas enfrascada en una guerra contra la guerrilla de las FARC, con la que sólo firmó la paz en septiembre de 2016, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos.
El escándalo de los falsos positivos estalló por las denuncias de familiares de las víctimas, quienes revelaron que militares habían matado a civiles para presentarlos como guerrilleros caídos en combate.
Una investigación del Congreso calcula que más de 2,000 personas resultaron víctimas del caso.
En aquel entonces, se promovió un modelo de estímulos a los soldados por bajas obtenidas de sublevados, lo que fue considerado el germen de las ejecuciones de civiles.
Sucedió durante la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010), cuyo movimiento político se encuentra de vuelta en el poder al mando de Iván Duque desde agosto del año pasado.
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En criterio del director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, la sombra de los “falsos positivos” persiste porque tanto el actual como el anterior gobierno (Juan Manuel Santos) permitieron los ascensos de militares involucrados en las ejecuciones de civiles hace una década.
“Promovieron la carrera de militares que estuvieron y están involucrados en casos bajo investigación. Existe información sólida, creíble, seria y en la fiscalía que los implica en hechos graves de ‘falsos positivos'”, señala Vivando a BBC Mundo.
El director para América de HRW añade que las políticas de incentivar resultados en el accionar de los militares, como las que denuncia The New York Times, son “el germen de lo que fueron las ejecuciones extrajudiciales”.
“Eso es lo que en la práctica llevó a que se mate a civiles, a personas inocentes que no eran combatientes”, afirma.
HRW, con sede en Washington, fue una de las entidades que investigó los casos de los falsos positivos y se ganó más de un enemigo dentro del uribismo.
El caso Torres
Diversas entidades señalan que son más de 100 los exguerrilleros muertos de manera violenta entre la firma del acuerdo de paz de noviembre de 2016 y la actualidad.
A finales de abril se conoció del caso del exguerrillero de las FARC Dimar Torres, cuyo cuerpo fue encontrado en un área rural en el extremo norte de Colombia.
Las indagaciones de la Fiscalía establecieron que miembros del Ejército colombiano terminaron con su vida, sin embargo, de manera inicial, el ministro Botero no reconoció que eso hubiera sucedido.
Las denuncias del NYT
Este fin de semana fue publicado un reportaje de The New York Times que señala que existen estímulos y presión hacia los soldados para lograr más resultados ante delincuentes y rebeldes.
“Que se hayan impuesto órdenes a los militares de duplicar a priori las muertes y arrestos tiene una similitud enorme con lo que sucedió con los ‘falsos positivos'”, señala José Miguel Vivanco.
Por su parte, la congresista Juanita Goebertus, una de las parlamentarias más reconocidas de la oposición, consideró que “evaluar y premiar los resultados militares en número de bajas genera incentivos perversos”.
“Había varias fuentes de información circulando que tristemente indicaban la reaparición de las políticas de incentivos perversos desde el ministerio de Defensa y el Comando del Ejército”, indicó Goebertus en una entrevista con la revista Semana.
El gobierno de Colombia rechazó la denuncia del diario estadounidense y otras que surgieron en las últimas semanas y aseguró que sus fuerzas armadas no tienen ninguna orden de ejecución extrajudicial o algo parecido.
“Quiero resaltar que todas las fuerzas militares y de Policía han tenido, también, una instrucción clara de parte mía, desde el primer día del gobierno, y es obrar siempre con la Constitución y la ley”, aseguró el presidente Duque el domingo, tras ser consultado por las denuncias existentes.
El ministro de Defensa, Guillermo Botero, por su parte, señaló que existen imprecisiones en las denuncias recientes y que su despacho no promueve las bajas en combate.
“Se privilegian las presentaciones personales sobre las capturas y se privilegian las capturas sobre las muertes en desarrollo de las operaciones militares, siempre acompañados de las autoridades judiciales y en el marco de la Constitución y la ley, los Derechos Humanos y el derecho internacional”, señaló la autoridad.
Sin embargo, las suspicacias persisten dado que en Colombia se produjeron más de 400 asesinatos de exguerrilleros, líderes sociales, defensores de medio ambiente y activistas en los últimos cuatro años.
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