Fuerte derrota en los tribunales contra duro plan migratorio de Trump

Un juez federal en California bloqueó este miércoles temporalmente las restricciones al asilo aprobadas la semana pasada por el presidente, Donald Trump, que buscaban dejar fuera del sistema a la mayoría de solicitantes centroamericanos.

La decisión de este magistrado, Jon S. Tigar, con tribunal en San Francisco (EEUU), reemplaza un fallo judicial anterior también de este miércoles que dejaba en pie la medida de Trump, en una efímera victoria para el mandatario.

En el fallo anterior, el juez Timothy J. Kelly, con tribunal en el Distrito de Columbia, afirmó que “los demandantes -Raíces y Capital Area Immigrants’ Rights (CAIR)- no han demostrado la probabilidad de un daño irreparable por la norma requerida”.

Sin embargo, la alegría del Gobierno de Trump y la frustración de las organizaciones que trabajan en pro de los inmigrantes duró poco, ya que la decisión de Tigar, un juez nombrado por el expresidente Barack Obama, reemplazó a la de Kelly.

En respuesta a una demanda presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), Tigar dijo que “la nueva medida es probablemente inválida porque es inconsistente con las actuales leyes de asilo”, al calificar la decisión del Gobierno de Trump de “arbitraria y caprichosa”.

Durante la audiencia previa al fallo, Tigar dijo que el Gobierno no ha presentado pruebas de que los sistemas de asilo de México y Guatemala puedan hacerse cargo de decenas de miles de nuevos solicitantes centroamericanos.

También dijo que no había presentado ni “una chispa de evidencia sobre la idoneidad del sistema de asilo en Guatemala”.

La medida promovida por Trump la semana pasada restringía la posibilidad de pedir asilo en EEUU a los migrantes que hayan pasado antes por otros países, donde debían dirigir a partir de ahora sus solicitudes.

Como la mayoría de solicitantes de asilo son ciudadanos de El Salvador, Honduras y Guatemala, en su camino hacia EE.UU. pasan precisamente por Guatemala y por México.

La medida ponía virtualmente fin a la posibilidad de solicitar asilo en Estados Unidos.

Desde su llegada al poder en enero de 2017, Trump ha hecho del asilo uno de sus objetivos políticos ya que considera que hay un abuso del sistema del que los inmigrantes se aprovechan para ingresar y trabajar en Estados Unidos.

En los últimos meses, de hecho, la frontera sur de EEUU ha vivido un incremento en las llegadas de solicitantes de asilo centroamericanos en unidades familiares.

Mayo fue el mes de mayor flujo desde 2006, con la detención de más de 132,000 personas que cruzaron la frontera sin permiso.

Trump ha probado varias medidas para desincentivar esa migración, como separar a padres de sus hijos menores de edad tras cruzar la frontera o devolver a México a solicitantes de asilo a la espera de que se resuelvan sus casos.

El pasado de 7 de junio, EEUU y México llegaron a un acuerdo que conjuró la amenaza de Washington de imponer aranceles a los productos de su vecino, y que se ha traducido en el despliegue de miles efectivos de la nueva Guardia Nacional en las fronteras sur y norte de ese país para controlar el flujo migratorio.

Al amparo de ese acuerdo, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador aceptó acoger en su territorio a aquellos migrantes que esperan resolver su solicitud de asilo en EE.UU.

En paralelo a estas medidas, EEUU busca ahora que Guatemala acceda a firmar un acuerdo de “tercer país seguro”, que permitiría a Washington transferir a ese país a solicitantes de asilo que lleguen a su frontera, así como sus casos.

A diferencia del acuerdo con México, a donde EE.UU. manda a los solicitantes a la espera de que se resuelvan sus procesos migratorios en tribunales estadounidenses, el acuerdo con Guatemala transferiría también los casos al país centroamericano.