El gobierno de Trump los deportó sin sus hijos. Ahora le piden $18 millones por “crueldad”

WASHINGTON.— Tres padres guatemaltecos que fueron deportados y separados de sus hijos en 2017 y 2018 han presentado una queja contra la Administración Trump para exigir una indemnización por 18 millones de dólares por la “crueldad” con la que fueron tratados, como parte de una lucha legal que podría sentar precedente.

Los tres padres, identificados en los documentos al igual que sus hijos, únicamente por sus iniciales, fueron deportados a Guatemala mientras sus hijos fueron trasladados a instalaciones privadas o albergues bajo contrato del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS), y tardaron varios meses en ser reunificados.

Se trata de una “queja administrativa” presentada hoy por la firma legal Covington & Burling y el grupo “Southern Law Poverty Center” (SLPC), como parte del proceso para una eventual demanda contra la Administración.  

En este tipo de casos, el gobierno federal tendrá seis meses para responder a la queja, ya sea rechazándola o mediante un acuerdo extrajudicial. Los padres no necesitan tener presencia física en EEUU para que prosiga una eventual demanda.

En entrevista telefónica con Noticias Telemundo, Michelle Lapointe, abogada principal de SPLC, explicó que la queja tiene el objetivo de exigir rendición de cuentas a la Administración y compensar a estas familias por el daño sufrido.

“Estos padres fueron deportados con celeridad y no conocían por completo sus derechos; se sentían desesperados porque les quitaron a sus hijos sin ninguna explicación… en algunos casos pudieron contactarlos debido a su persistencia”, afirmó Lapointe.

“Todos estos casos (de separación familiar) son trágicos pero creo que éstos tienen un giro particularmente cruel porque fueron enviados a Guatemala sin saber lo que pasaría con sus hijos, o les engañaron diciéndoles que sus hijos viajarían con ellos”, precisó.

Aunque “ninguna cantidad de dinero podría reparar el daño” y las secuelas que ahora sufren estos padres y sus hijos, al menos obtendrían “algún nivel de justicia por lo que les tocó vivir”, subrayó Lapointe.

Según SPLC, los menores siguen sufriendo secuelas del trauma que vivieron en la frontera, incluyendo pesadillas, ansiedad de separación y problemas de conducta. Sus padres y demás familiares sienten impotencia ante ese trauma.

Lapointe no descartó la posibilidad de más demandas individuales o de una demanda colectiva que siente precedente, tomando en cuenta que ”más de 2,000 padres pasaron lo mismo, pero tienen derecho a exigir una compensación del gobierno”.

“A esta Administración le gusta actuar como si solo existiese una rama del gobierno, que no hay un sistema de controles y equilibrios, y que puede hacer lo que quiera y sin restricciones, especialmente en inmigración… pero hemos visto mucha gente valiente y dispuesta a impugnar las acciones de la Administración, a exigir rendición de cuentas por las duras políticas migratorias”, enfatizó.

A diferencia de otras demandas, casi todos estos casos ocurrieron antes de que el entonces fiscal general, Jeff Sessions, anunciara la política de “tolerancia cero” en la frontera sur en abril de 2018 para disuadir la migración indocumentada de Centroamérica.

Esa política generó consternación en las altas esferas del DHS,  pero la Administración hizo caso omiso.

Haciéndose eco de otros grupos cívicos, SPLC alega que el gobierno de Trump, obsesionado con el combate a la inmigración irregular, separó forzosamente a las familias; envió a menores a miles de millas lejos de sus padres; privó a los padres de información sobre el paradero y bienestar de sus hijos, y les negó contacto con ellos, y careció de un sistema para rastrear a los menores y garantizar la reunificación con sus familias.

Así, los documentos detallan la “crueldad” de la práctica de separación de familias y el maltrato de los migrantes a manos de agentes federales.

En uno de los casos, “M.C.L” fue separado a la fuerza de su hijo de siete años cuando ambos solicitaron asilo en un puerto de entrada a finales de 2017.  El padre fue deportado en enero de 2018, y recuperó a su hijo el 26 de julio de 2018, casi ocho meses después de su separación.

Por su parte, “R.Z.G” fue separado de su hija de nueve años, cuando ambos solicitaron asilo en un puerto de entrada a mediados de noviembre de 2017, y su reencuentro en Guatemala ocurrió hasta el 26 de julio de 2018. La niña alega que fue víctima de abusos por parte de las autoridades migratorias.

Por último, “H.P.M”  y su hija de seis años fueron separados cuando él fue deportado en mayo de 2018, y ambos estuvieron separados un total de 108 días. La niña permaneció en un hogar temporal en Michigan hasta agosto de 2018,  y los trabajadores sociales documentaron detalles del trauma emocional que sufrió.

El DHS no suele hacer comentarios sobre casos en litigio pero, en general, asegura que sólo hace cumplir las leyes migratorias del país, y en ocasiones separa a los niños en casos donde no se puede establecer parentesco o está en riesgo el bienestar de los menores.

Pero Lapointe señaló que ninguna de esas condiciones aplican en el caso de los tres padres guatelmatecos.

Aluvión de demandas

Las medidas adoptadas por la Administración Trump desde 2017 para combatir la inmigración undocumentada y restringir la legal se han topado con la resistencia de grupos pro-inmigrantes que han colmado los tribunales con diversas demandas.

La política de “tolerancia cero” en la frontera sur fue frenada en los tribunales.

En abril pasado, SPLC y la firma legal “Covington & Burling” presentaron quejas en nombre de otros dos padres que fueron separados de sus hijos y, si la Administración rechaza una solución, se reservan el derecho a presentar una demanda en un tribunal federal.

Dos meses antes, la firma legal “Arnold & Porter”, con sede en la capital estadounidense, entabló una demanda contra los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y de Salud y Recursos Humanos (HHS) en nombre de seis madres y sus hijos que fueron separados bajo la política de “tolerancia cero”.

Esa demanda de febrero exige una compensación monetaria de $3 millones para cada demandante “por infligirles estrés emocional intencionalmente”, con el argumento de que las autoridades les arrebataron a sus hijos sin darles información o, en algunos casos, sin darles la oportunidad de despedirse.

En septiembre de 2018, el grupo “Lawyers Committee for Civil Rights and Economic Justice” entabló una demanda colectiva en Boston (Massachusetts) para exigir compensación para los 2,500 niños que fueron separados de sus padres bajo la política de “tolerancia cero”.

“La separación de familias continúa, aunque no como antes durante lo más fuerte de la crisis (en 2018), porque seguimos recibiendo informes de esto. El gobierno sigue creyendo que puede continuar estas separaciones, pese a que el año pasado un dictamen federal indicó que eso era ilegal… Al gobierno debería preocuparle que está separando a niños sin justificación y exponiéndolos al peligro”, puntualizó Lapointe.

Por María Peña

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