México: la extorsión acorrala a la gente de norte a sur

Tan sólo en 2018 se reportaron 5.7 millones de casos de extorsión en México, un delito que rata vez se castiga

MÉXICO – En las oficina de Ford, Uber y la agencia Suzuki de Celaya, Guanajuato, quedó claro qué querían los extorsionadores: dinero a cambio de no atacar a sus empleados, de no matar a nadie, de no descargar sus armas en contra de las instalaciones.

Lo dejaron claro con mensajes impresos en mantas y vidrios rotos con descargas de AK47. Previamente presionaron con llamadas telefónicas o mensajeros especiales o usaron ambas estrategias. Cuando los socios de las empresas se negaron a pagar, siguieron las balaceras por la madrugada como un mensaje de lo que seguiría: asesinatos, tarde o temprano.

Ocurrió con dueños de tortillerías a mediados de agosto en ese estado y también en otros, de norte a sur, actualmente la extorsión es uno de los delitos que más golpea al país: tan sólo en 2018, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática reportó la cifra de 5,7 millones de extorsiones; aún se desconoce la cifra oficial, pero los reportes van a la alza.

En las últimas horas, la Unión Ciudadana Tizayuquense, en Hidalgo, denunció que desconocidos los contactaron para pedirles 5,000 pesos semanales. Quince comercios optaron por cerrar; en la Ciudad de México, comerciantes del Centro Histórico afirman que deben pagar al cartel La Unión de Tepito para que los deje en paz.

En Playa del Carmen, Quintana Roo, una de las zonas turísticas más importantes del país, mataron a un ferretero y a un restaurantero presuntamente por la misma razón, según dijo la policía a la prensa local.

“Lo más preocupante son los trabajadores que dependen de esas fuentes de empleo”, declaró Javier González, integrante de la Cámara de Comercio en Guanajuato. En esta entidad suman decenas de negocios cerrados, incluyendo la sucursal de Ford en Celaya.

Por ser un delito clasificado como “del fuero común”, las autoridades responsables de combatirlo son locales, pero al estar involucrados los cárteles, prefieren ignorar los delitos. “El municipio hace un esfuerzo, incluso ha detenido a varios ladrones, pero con los extorsionadores no se mete”, denunció un integrante de la organización que omitió su nombre.

Un estudio del Observatorio Nacional Ciudadano detalló desde 2017 que el problema tiene cinco causas: la debilidad institucional para controlar y combatir el delito, la corrupción de mandos policíacos y de la sociedad, la falta de resultados frente al lavado de dinero y la falta de exigencia para que el gobierno rinda cuentas al respecto.

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