Inquilinos: “Moratoria de desalojos por coronavirus no sirve de nada”

Para Pedro Rodríguez, un inmigrante indocumentado que lleva 29 años pagando impuestos, la moratoria para evitar los desalojos de vivienda en Los Ángeles, durante el coronavirus, no es ninguna ayuda.

“No sirve absolutamente para nada. De todos modos, tenemos que pagar la renta. No creas que el dueño se queda muy contento si uno no le paga”, dice.

Añade que al dejar de pagar el alquiler, hay tensión. “No disfrutamos estar en nuestra casa. Nada más nos llevamos asomándonos por la ventana, pensando que el propietario va a llegar en cualquier momento. No nos sentimos con derecho a llamarle y decirle que algo se descompuso”.

A Pedro, primero le recortaron las horas de trabajo cuando comenzó la crisis de salud por el coronavirus, pero hace 15 días, de plano, lo descansaron de su empleo en un restaurante en Los Ángeles.

“Ni vendiendo mascarillas pude completar para el pago de la renta de mayo”, dice.  Y como no tiene estatus migratorio, no recibió el cheque de estímulo económico de $1,200 dólares. Tampoco califica para el desempleo. Se la lleva tronándose los dedos, pensando qué hacer para ganar dinero.

“Desde que llegué a este país, no he dejado de pagar impuestos con la esperanza de que eso me sirva para arreglar mi estatus cuando venga una reforma migratoria”.

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Inquilinos en busca de alivio

Pedro considera que en lugar de una moratoria a los desalojos, lo que le hubiera servido mucho es que el gobierno local, estatal o federal, los hubiera apoyado con el pago de al menos un porcentaje de la renta, a quienes como él se quedaron desempleados por el COVID-19.

“Incluso que el dinero ni pasara por nuestras manos sino que se fuera directamente al dueño. No importa si uno tiene que probar que nos quedamos sin empleo. Eso no es problema”, dice.

El 27 de marzo, el gobernador de California, Gavin Newsom declaró una moratoria en los desalojos de vivienda. Sin embargo, eso no impide que los propietarios de vivienda de alquiler puedan solicitar una orden de desalojo a quienes no pueden pagar, incluso ejecutarla.

A su vez, la Ciudad de Los Ángeles aprobó el mismo día de la moratoria estatal, una ordenanza para proteger de desalojos a inquilinos en residencias y comercios impactados por el COVID-19 con la pérdida de ingresos, reducción de horas de trabajo, despidos, o porque necesitan quedarse en casa para cuidarse ellos, a sus familias o hijos durante el cierre de escuelas.

Las autoridades aconsejaron a los inquilinos, proporcionar una carta al propietario de la vivienda de alquiler hasta siete días después de que se venció la renta, para explicarle que su capacidad de pago fue impactada por el COVID-19.

Una vez que la emergencia se levante, los inquilinos de vivienda tendrán hasta 12 meses para pagar la renta atrasada; y quienes alquilan locales comerciales, hasta tres meses.

En las dos últimas de marzo, se presentaron en California más de un millón de solicitudes de desempleo, lo que da una idea de la magnitud del problema con el pago del alquiler.

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Moratoria a medias

Lupita González, organizadora de inquilinos de la Alianza de Californianos para el Empoderamiento Comunitario (ACCE), dijo que la moratoria ha servido a medias, y durará hasta que se levante el estado de emergencia por la contingencia sanitaria, muy probablemente hasta finales de mayo.

“El 70% de los residentes de Los Ángeles son inquilinos, y la mayor parte de su sueldo se va en la renta. Por eso va a ser muy difícil que aparte de pagar el alquiler normal, tengan que abonar la renta de abril y mayo durante doce meses, que es el tiempo permitido para que paguen lo atrasado”, explica.

Además recuerda que muchos inquilinos no saben si van a volver a sus trabajos, y si sus lugares de empleo van a permanecer abiertos.

Se vienen tiempos difíciles y de calamidad. Habrá muchos desalojos y embargos”, pronostica.

Por eso, urge a que los congresistas actúen ahora para prevenir los desalojos de manera masiva.

“El problema es que no están haciendo nada. A los defensores nos cuesta mucho educar a los políticos sobre las necesidades de los inquilinos; porque para acabarla, muchos de ellos son propietarios de vivienda de renta”.

Presionan por un perdón

A nivel estatal, se incrementa la presión para que el gobernador Gavin  Newsom cancele los pagos de alquiler y renta debido a que el COVID-19 destruyó empleos e ingresos.

La ACCE logró que a partir del 1 de mayo, más de 12,000 inquilinos se comprometieron en una huelga de rentas en un movimiento estatal y nacional que llama al perdón de las rentas e hipotecas.

En Los Ángeles las organizaciones: ACCE Action, SEIU 721, LA Tenants Union, Mobile Workers Alliance, Global Women’s Strike-LA y California Poor People’s Campaign participaron en una caravana de autos el Primero de Mayo para pedir la suspensión de alquileres e hipotecas al gobernador.

Encuestas recientes demuestran que una mayoría de votantes en California, incluyendo a una mayoría de republicanos, apoyan la suspensión y perdón de rentas.

A nivel federal, el congresista de Minnesota, Ilhan Omar presentó la medida Acta de la Cancelación de la Renta para proporcionar alivio inmediato a los inquilinos.

Josefina Ibarra, dijo que para ella fue muy difícil encontrar dinero para pagar la renta, y con casi todos los miembros de su familia sin ingresos, se vio forzada a no pagar el alquiler de mayo. “Soy una mujer anciana que ya no puede trabajar, y ahora con el coronavirus, mi familia perdió su trabajo”.

Varias organizaciones como Law Foundation of Silicon Valley, Public Council y Public Interest Law Project expusieron en un memorando, que en el contexto de esta emergencia de salud pública internacional, el retraso en ejercer el derecho a recolectar la renta, sería permisible bajo la ley estatal.

Sasha Graham de la junta directiva de ACCE, dijo que en California, hemos visto algún progreso para aplanar la curva de la propagación del virus con órdenes valientes para mantener a los residentes en casa.

Sin embargo, hasta hoy no hemos visto esa clase de valiente liderazgo para aplanar la curva del impacto económico de la pandemia. “No es suficiente con retrasar el pago de la vivienda, eso solo pospone el daño severo de esta crisis. Necesitamos que se cancelen los pagos de la renta y la hipoteca”.