Asistencia para indocumentados de California no alcanza para todos

La misma frustración que generó la apertura de solicitudes para recibir la ayuda financiera del Fondo de Alivio del Desastre para Inmigrantes (DRAI) cuando miles no pudieron comunicarse debido a la saturación de líneas telefónicas, provocó el cierre de este programa a los afectados por el COVID-19 que no alcanzaron a recibirla.

Patricia Rosales va para un mes esperando la asistencia después de haber conseguido lo que parecía imposible, que le contestaran en los teléfonos de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA), tras dos semanas de estar llamando insistentemente.

“La persona que me contestó el 4 de junio fue muy amable. De inmediato, recibí un correo electrónico de confirmación con un número y un aviso de que mi solicitud de asistencia económica había sido entregada; y mandé toda la documentación que me pidieron”, recuerda.

Incluso, dice que le explicaron que si hubiera alguna duda o pregunta, le llamarían, lo cual nunca ocurrió.

Casi un mes después de celebrar gustosa que le contestaron en los teléfonos de CHIRLA, comenta que no tiene noticia alguna de su petición.

En el correo donde anexó sus documentos, Patricia escribió: “Debido a la pandemia del COVID-19, perdí mi empleo el pasado 23 de marzo, y mi situación económica se ha complicado bastante ya que enfrento problemas para cubrir la renta, comprar alimentos y medicamentos”.

Añade: “Junto con este mensaje le estoy enviando mi identificación que es una matrícula consular de México, mi comprobante de domicilio que es un recibo del Departamento de Water (Agua) y Power (Electricidad), y un mensaje por correo electrónico que recibí del lugar donde trabajaba hasta antes de la pandemia, avisándome que ya no me ocuparían”.

Termina diciendo: “Si se necesita algo más, estaré muy atenta a su mensaje. La ayuda que puedan proporcionarme será de mucho apoyo no solo económico sino de fe y esperanza”.

En la solicitud, también incluyó una carta de su rentero en la que le recuerda que está atrasada con el pago del alquiler.

Patricia dice que dos días después de que ella logró comunicarse con CHIRLA, su hermana María Rosales quien también quedó desempleada de la misma compañía donde ella laboraba, consiguió que su llamada telefónica entrara para presentar su solicitud de ayuda. Pero al igual que Patricia le mandaron un correo de confirmación, y nunca recibió un mensaje de que había sido aprobada o rechazada.

Ella trabajaba en el departamento de marketing de una oficina legal; y María en el área de cobranzas de la misma firma.

Debido a que por su estatus migratorio, no califican para el desempleo tenían sus esperanzas puestas en el gobernador Gavin Newsom, quien en abril anunció el DRAI para apoyar con $75 millones a 150,000 inmigrantes afectados por la epidemia del COVID-19.

El lunes 18 de mayo fue el día oficial de arranque para que los inmigrantes comenzaran a llamar por teléfono a las doce organizaciones no lucrativas seleccionadas en el estado para entregar la ayuda de $500 y hasta $1,000 por hogar por medio de tarjetas de débito prepagadas.

Jason Montiel, vocero del Departamento de Servicios Sociales (DSS) que administró el DRAI, afirma que recibieron 150,000 solicitudes, la meta que se propusieron desde el inicio del programa. 

“Con el proceso público completo, las organizaciones no lucrativas están enfocadas en finalizar las aprobaciones de las solicitudes que les quedan y reembolsar las tarjetas de débito”. 

Señala que esperan que el reembolso de tarjetas aumente de manera significativa las próximas semanas. 

“Apreciamos la paciencia del público ya que las organizaciones no lucrativas trabajan duro para terminar de procesar, verificar y aprobar las solicitudes tan pronto como sea posible”.

Precisa que más de 103,000 solicitudes se aprobaron, y se han entregado más de 83,000 tarjetas de débito que corresponden a $41 millones.

CHIRLA informó que han ayudado a 38,500 personas a través de DRAI, y 150 están en la lista de espera.

En entrevista con La Opinión al inicio del programa, Angélica Salas, directora de CHIRLA pidió tomar en cuenta que el dinero dado por el estado no iba a ser suficiente para que todos calificaran. 

“Esto es parte de un primer paso por una lucha más grande para que nos den más ayuda, y además canalizar a nuestra gente para que reciba el desempleo y tengan acceso a los cupones de alimentos”, indicó.

Recordó en ese momento que los $75 millones ajustarían solo para el 6% de toda la población indocumentada.

Patricia Rosales no oculta sus sentimientos de frustración porque no recibió la asistencia financiera prometida por el gobernador. “Las personas que hemos quedado sin empleo por el coronavirus estamos en una carrera contra el tiempo para cumplir con el pago de la renta y otros servicios “, dice.

Agrega que si hubiera recibido los $500, habría pensado que no está sola. “Era importante porque en las noticias están diciendo constantemente que la ciudad, que el condado y el estado nos están ayudando, pero es solo a unos cuantos y después de batallar durante semanas para que contesten el teléfono. No fue nuestro caso”.

Patricia y María pidieron no revelar sus verdaderos nombres debido a su estatus migratorio. Sin embargo, La Opinión mantiene la identidad real de ellas.

Mayra Todd, quien sí recibió la ayuda de $500, a través de CHIRLA, dice que fue muy buena porque además no limitaron en qué gastarla. “Otras ayudas son solo para la renta o la comida”, precisa.

Sin embargo, opina que habría sido ideal que la asistencia se hubiera entregado por medio de un cheque directo a las personas así como se hizo con el estímulo federal.  

“Mucha gente tuvo problemas para activar las tarjetas de débito. El proceso fue muy complejo sobre todo para las personas que no tienen mucha experiencia bancaria y tecnológica”, dice.

Y completa que el sistema telefónico para solicitar la asistencia fue terrible. “Yo hice más de 600 llamadas para que me contestaran. Tuve suerte, logré entrar el Memorial Day (Día de los Caídos), el 30 de mayo”.