Luchan por frenar ola de desalojos durante pandemia de coronavirus en Chicago

Pérdidas de empleos y reducción de horas y días de trabajo debido a la pandemia de covid-19 han ocasionado que muchas familias de la clase trabajadora incumplan con el pago del alquiler de sus viviendas. Eso los ha colocado al borde del ser echados de sus viviendas pese a que una prohibición temporal estatal ha frenado los desalojos  en tiempos de pandemia.

La moratoria de Illinois contra los desalojos por falta de pago del alquiler de casa se extendió hasta el próximo 31 de julio. Mientras, el Concejo Municipal de Chicago aprobó recientemente una ordenanza para proteger a los inquilinos de los desalojos derivados de la crisis económica que ha traído el covid-19.

Dicha ordenanza tiene como objetivo que los propietarios actúen de buena fe para ayudar a los inquilinos a establecer planes de pago de alquiler de la vivienda antes de recurrir al desalojo.

“El impacto del covid-19 se ha sentido en toda nuestra ciudad, pero ha sido especialmente devastador para nuestros residentes y comunidades que ya luchaban cada mes para pagar el alquiler y quedarse en sus hogares”, declaró la alcaldesa de Chicago Lori Lightfoot en un comunicado.

Pero algunos propietarios no cumplen con esa moratoria e instigan a sus inquilinos, los amenazan y expulsan de sus propiedades ante la falta de pago del alquiler dicen organizadores comunitarios que luchan por vivienda asequible.

Según un informe del Comité de Abogados para una Mejor Vivienda, entre 2010 y 2017 en Chicago se presentaron anualmente alrededor de 23,000 solicitudes de desalojo y 60% de ellas resultaron en órdenes de desalojo.

La ordenanza ‘Protección del Desalojo Covid-19’, que tiene como objetivo reducir el número de desalojos y evitar una mayor inseguridad de la vivienda en la ciudad de Chicago, fue aprobada en el Concejo de la ciudad de Chicago el pasado 17 de junio.

El propietario que quiera rescindir el contrato de alquiler de vivienda de un inquilino tendrá que avisarle al inquilino con cinco días de anticipación. Si en ese periodo de tiempo, el inquilino le presenta un ‘aviso de inquilino de impacto Covid-19’, el propietario deberá permitir un período de negociación adicional de 7 días antes de presentar una acción de desalojo o mantener una acción de alquiler o daños sin rescindir el contrato de alquiler.

El concejal del Distrito 35, Carlos Ramírez Rosa, dijo a La Raza que esta ordenanza no provee suficientes protecciones para los que no han podido pagar su renta como resultado de la pandemia y el impacto que esta ha tenido en la economía. “Cuando un inquilino recibe ese aviso de cinco días si la razón por la cual ellos no pudieron pagar la renta es que ellos fueron impactados por el covid-19, ellos tienen ahora el derecho bajo esa nueva ordenanza de informar al propietario que ellos no pudieron pagar la renta  por resultado del covid-19”, dijo el concejal.

El inquilino tiene que tener algún comprobante o carta que indique que lo despidieron del trabajo, explicó Ramírez Rosa.  “Si los inquilinos tienen ese comprobante, bajo esta nueva ordenanza el propietario tiene que trabajar con el inquilino por lo menos siete días para tratar de encontrar un acuerdo para no tener que ir a corte y sacarlo del apartamento”.

Ramírez Rosa añadió que ahora las cortes no están procesando solicitudes de desalojos pero reconoció que hay temor en la comunidad por lo que sucederá cuando reabran los tribunales. “El temor es que en el momento en que las cortes vuelvan a procesar estos casos de desalojo vamos a ver que muchos propietarios van a ir a corte para sacar a muchos inquilinos que no han podido sacar su renta o que deben algunos meses por haber perdido su trabajo”, dijo el concejal.

Miguel Jiménez, organizador comunitario de la agencia Metropolitan Tenants Organization (MTO), dijo que en la comunidad latina hay temor por ser desalojados y falta de conocimiento sobre sus derechos como inquilinos. “En tiempos de pandemia se está viendo mucho que dueños de propiedades están dando notificaciones que son inválidas e ilegales a sus inquilinos, porque los propietarios piensan que pueden hacerlo y nadie dice nada porque los inquilinos no conocen sus derechos”.

“El inquilino está obligado a someter lo que se llama una carta de impacto sobre covid-19, [pero] ¿cuántos inquilinos en nuestra comunidad especialmente inmigrante van a poder escribir un documento, una carta de impacto, y dársela al dueño?”, dice Jiménez, quien ha visto varios casos de desalojos ilegales durante la pandemia.

Jiménez contó el caso de dos ancianos que vendían sus helados en el barrio de La Villita y dejaron de hacerlo a raíz de la pandemia. “Estos viejitos no tienen ahora dinero para pagar la renta, ellos están amenazados con el desalojo, el dueño los quiere echar, les dio una semana para mudarse. A muchos inquilinos les dicen que se vayan y muchos se van porque no saben qué hacer. ¿Cómo estos inquilinos ya mayores van a escribir una carta de impacto sobre Covid-19?”, se pregunta el organizador comunitario.

Jiménez también advierte que podría darse un “tsunami” de demandas por desalojo cuando reabran las cortes de vivienda y no solo en Chicago sino a escala nacional.

Quieren que se cancelen alquileres e hipotecas

En paralelo, un nutrido grupo de manifestantes protestó frente a la casa del gobernador J.B. Pritzker en Chicago el pasado martes. La manifestación fue organizada por la Coalición Lift the Ban en asociación con el Autonomous Tenants Union. Los inconformes luchan porque el gobernador cancele los alquileres e hipotecas y levante la prohibición del control de alquileres.

Un programa de $900 millones en subsidios para ayudar a los pequeños negocios y a las familias que luchan por pagar sus hipotecas y alquileres durante la pandemia también fue anunciado recientemente por el gobernador de Illinois.

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