Familias que pierden empleo por COVID-19 temen desalojos

Laura Rubio está muy preocupada porque debe tres meses de renta, y no sabe si cuando termine la moratoria de desalojos, sus clientes van a volver a llamarla a trabajar, y si podrá cubrir poco a poco la deuda del alquiler de su vivienda. 

“Tengo miedo de ser desalojada. La verdad nadie esperábamos esto”, reconoce.

Ella es una madre soltera con una hija universitaria que se gana la vida con la limpieza de casas, pero debido a la pandemia del coronavirus, desde la segunda semana de abril se quedó sin trabajo. Sus clientes dejaron de llamarla para que fuera a limpiar sus hogares.

“Pocos me han vuelto a llamar para que regrese a trabajar. Lo máximo que estoy ganando a la semana son 200 dólares. Apenas me alcanza para los gastos básicos”, dice.

De su propia bolsa pudo pagar el alquiler de abril por $1,000. La Casa Samaritana le ayudó con la renta de mayo. 

La preocupación que vive Laura ante un posible desalojo de su vivienda de alquiler debido a la pérdida del empleo e ingresos, y la incapacidad para cubrir la renta mensual, la sufren cientos de familias latinas en la ciudad de East Palo Alto, y miles en casi todo el estado de California.

“El único apoyo de los dueños es llamarle a la gente, y decirle que pueden hacer pagos parciales”, dice Laura.

La organización Ethnic Media Services reunió a inquilinos, funcionarios municipales de East Palo y líderes que abogan por los inquilinos en la teleconferencia “Las caras del desalojo – Inquilinos de East Palo Alto se unen para presionar por un alivio en la renta”.

East Palo Alto es una ciudad del condado de San Mateo en el norte de California con alrededor de 28,000 habitantes, 70% hispanos. El 52% son inquilinos, muchos de ellos sin estatus migratorio, lo que impide que califiquen para ayuda federal y estatal.

La Junta de Supervisores del condado de San Mateo extendió la moratoria de desalojo hasta el 30 de septiembre. Los  inquilinos deben informar a sus arrendadores en un plazo de 14 días que su capacidad de pago se ha visto afectada por la pandemia.

Activista por necesidad

Sin buscarlo, ante la gran necesidad de apoyo para pagar la renta, Laura se ha convertido en una activista por los derechos de los inquilinos durante esta crisis de salud. 

“Muchas personas se acercan a mí para preguntarme cómo pueden obtener ayuda. Escucho comentarios frustrantes. Mi respuesta ha sido que no se den por vencidos, y sigan aplicando”.

Confía que hay inquilinos que deben hasta tres o cuatro meses de renta.

“Yo los animo a que apliquen a diferentes organizaciones por ayuda, pero a la gente le da miedo que les pidan el seguro social de sus hijos”.

Su hija le ayuda a llenar solicitudes de ayuda para el pago de renta.

“Me siento frustrada por ser la voz de otras personas, y que las organizaciones no contesten”.

Critica que pongan a la gente a llenar seis hojas para una solicitud de ayuda para la renta, sobre todo porque – dice – hay familias que no saben nada de tecnología.

Situación incierta

Héctor Valencia, un padre soltero de una hija y un hijo, quien perdió su empleo en la construcción a causa de la contingencia sanitaria, dice que ha sido bastante difícil y frustrante no poder pagar la renta.

“Hace casi un mes, encontré otro trabajo. No sé si voy a durar ahí. He tratado de hacer unos pagos que se han acumulado, pero no es suficiente con todo lo que adeudo. Pago $1,200 de renta. Debo el mes de agosto y un balance”.

Victor Ramirez, administrador del programa de Estabilización de la Renta de la ciudad de East Palo Alto, dice que no tienen el número exacto de cuántas familias no han podido pagar el alquiler durante la pandemia, pero una encuesta hecha a 200 personas a finales de abril y principios de mayo, arrojó que eran entre el 25 y 30%.

“Hemos dado $100,000 a través de un contrato a la Casa Samaritana para ayudar con el pago de renta. Ya les entregamos $50,000, y el resto está condicionado a la entrega de un reporte que evaluamos. El gerente tomará la decisión en el curso de la semana de entregar el siguiente pago”. 

Una de las condiciones que la ciudad de East Palo Alto fijó para la ayuda, es asistir por unidad familiar con un solo pago de $1,500 por mes.

“Si necesitan más asistencia, tienen que solicitarla de nuevo. Los fondos puedan ser multiplicados por la Casa Samaritana, obteniendo recursos de otras corporaciones y fundaciones”.

El funcionario considera que la verdadera crisis de desalojos va a ocurrir cuando se venza la moratoria, y la gente no pueda pagar la renta. 

“La ordenanza local indica que los inquilinos tienen 180 días para pagar las rentas atrasadas una vez que se levante la emergencia”.

La Trice Taylor, directora de Servicios al Cliente de la Casa Samaritana puntualiza que han ayudado a 30 familias con el pago de la renta durante la pandemia con los fondos de la ciudad de East Palo Alto, y a cerca de 70 durante tres meses con otros donativos. “No preguntamos estatus migratorio ni número de seguro social”.

Walfred Solorzano, secretario de la ciudad de East Palo Alto, recuerda que ampliaron la moratoria del 31 de agosto al 30 de septiembre, y si el estado de California la extiende, automáticamente se aplicará para ellos.

Temen desalojos

Kara Rivera del Housing Leadership Council, afirma que han platicado con líderes y supervisores para que la moratoria sea más larga, y se extienda el pago de renta atrasada más allá de los 180 días, una vez que concluya.

“Queremos  que el condado de San Mateo adopte una ordenanza en donde el casero e inquilino negocien un plan de pago. Esta solución ya ha sido implementada en otras partes. Hay otros condados como Los Ángeles y Alameda que han dado 12 meses para pagar las rentas atrasadas”.

Ofelia Bello de Jóvenes Unidos para la Acción Comunitaria, anticipa que cuando se venza la moratoria de desalojos, y los inquilinos tengan que pagar la renta actual y la deuda, se avecinarán problemas graves.

“Ahorita estamos protegidos, pero puede darse una ola de desalojos cuando termine. Por eso queremos que haya una solución”.

Laura dice que ningún residente merece ser desalojado por haber sido afectado por la deuda adquirida durante esta pandemia. “Todos merecemos dormir tranquilos y una vivienda digna”.