Plan de reforma migratoria de Biden revive las esperanzas de indocumentados de Chicago

La propuesta de reforma migratoria de la administración del presidente Joe Biden presentada ante el Congreso revive las esperanzas de los inmigrantes indocumentados de Chicago, que por décadas han esperado salir de las sombras y regularizar su condición migratoria.

El plan demócrata pretende legalizar a los millones de indocumentados que puedan demostrar su presencia en Estados Unidos antes del 1 de enero de 2021 y que no tengan antecedentes criminales.

Defensores de los derechos de los inmigrantes aseguran que la batalla por la reforma migratoria no será fácil con los republicanos que por años han frenado un sinnúmero de propuestas pro legalización de inmigrantes indocumentados.

El proyecto de ley de reforma migratoria anunciado cuando Biden juró al cargo el 20 de enero representa el fin de la política antiinmigrante que caracterizó al gobierno durante la gestión de Donald Trump.

Pero algunos miembros de la comunidad inmigrante se muestran escépticos ante el plan de Biden y los demócratas en el Congreso porque aseguran que ya son muchos años de promesas incumplidas.

Ya han pasado más de tres décadas desde que cerca de tres millones de indocumentados salieron de las sombras en la amnistía de 1986 otorgada por el presidente republicano Ronald Reagan.

El proyecto titulado Ley de Ciudadanía Estadounidense de 2021 fue presentado al Congreso de Estados Unidos la semana pasada y busca establecer políticas migratorias que unan a las familias, hagan crecer la economía y garanticen la seguridad del país, indicó el presidente Biden.

El senador Bob Menéndez y la representante Linda Sánchez fueron los encargados de presentar el proyecto. Pero para que este plan de reforma migratoria se convierta en ley debe, luego de ser aprobado por la Cámara de Representantes, asegurar al menos 10 votos republicanos a favor en el Senado.

De convertirse en ley, se daría paso a un proceso de 8 años para que los 11 millones de indocumentados puedan lograr la ciudadanía, otorgaría residencia legal inmediata a los beneficiarios de DACA (que llegaron al país siendo menores de edad), a los beneficiarios del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) y a los trabajadores agrícolas.

El resto de los indocumentados que cumplan los requisitos obtendrían primero un permiso temporal de cinco años, posteriormente podrían solicitar la residencia permanente y tres años después hacerse ciudadanos.

Dentro de la iniciativa se considera también extender el programa de acogida a refugiados y que las solicitudes de asilo para menores puedan hacerse en su país de origen.

¿Plan de reforma migratoria completo o por partes?

Algunos legisladores, tanto republicanos como demócratas, coinciden en que la propuesta de ley podría ser fragmentada, para que se aprueben aspectos que tienen mayores consensos, como serían las opciones de regularización para los beneficiarios de DACA y TPS y los trabajadores del campo.

Para la salvadoreña Yesenia Flores, de 27 años y beneficiaria del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), lo ideal es que la reforma migratoria incluya a los 11 millones de indocumentados pero considera que en caso de que no haya el respaldo legislativo suficiente “sería mejor pasar el proyecto de manera fragmentada porque ahí va a haber más apoyo y es algo más que se puede cumplir, es más realista”.

Flores, residente del barrio de La Villita, es maestra de educación preescolar en las Escuelas Públicas de Chicago. Ella ve el plan de reforma migratoria de Biden como un buen comienzo y cree que va a traer un cambio muy positivo para el país.

Mauro Navarro, beneficiario del programa TPS, dice que aunque ve con optimismo la iniciativa de Biden no bajará la guardia y seguirá cabildeando en Washington para alcanzar la legalización. “La administración del presidente Barack Obama nos hizo el mismo juego y por eso mucha gente está escéptica, ya no confía en estas propuestas. Queremos que ellos trabajen en esta reforma migratoria para que los 11 millones obtengan un estatus legal”.

Navarro, coordinador de la Alianza Nacional TPS en Illinois y originario de El Salvador, dijo que es más realista que se apruebe el proyecto de ley por partes, y eso sería preferible a que no se apruebe nada como ya ha sucedido en el pasado. “Preferimos algo en vez de nada”, dijo.

Pero algunos indocumentados que no tienen ningún amparo migratorio no están de acuerdo con que se divida el proyecto por partes porque, dicen, “los quieren dejar fuera”.

Carlos Arango, activista pro inmigrante de Chicago quien impulsa la campaña ‘Ahora o nunca, papeles para todos’, dijo que en términos de pasar la legislación “obviamente es un reto importante, pero lo dijo bien el senador Menéndez: no vamos a saber [si se aprueba el proyecto de ley] si no lo intentamos”.

Arango enfatizó que básicamente hay que ir por “el paquete” que propuso Biden y la propuesta Sánchez-Menéndez. “Tenemos que ir por todo”, dijo. “Estamos en contra de que se fragmente el proyecto de ley y que únicamente se queden con un cachito y con eso nos quieran tapar la boca”.

“Hay que luchar por todo. En una negociación política habrá cosas que quizás no puedan pasar, pero no que nosotros subrayemos o estemos de acuerdo en el plan b, porque el plan b es nomás pasar cosas limitadas y no resuelve el problema en su conjunto. Lo que Biden está proponiendo es arreglar el tema, es muy progresista la propuesta, no ha habido una propuesta tan progresista en el Congreso nunca antes”, mencionó el activista pro inmigrante.

Ese plan de reforma migratoria también favorecería a la inmigración legal con la aceleración de los procesos de petición de familiares de residentes permanentes, lo que favorecería a las familias de estatus mixto. Y también propone expandir el número de visas otorgadas a los familiares de ciudadanos estadounidenses.

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