Preocupa a inmigrantes de Chicago cómo ICE obtiene datos personales vía empresas
Según activistas, la empresa LexisNexis tiene un contrato de hasta $22.1 millones con ICE para proporcionarle una base de datos de información personal, lo que eludiría las leyes santuario del estado, el condado y la ciudad
Defensores de los derechos de los inmigrantes, funcionarios electos y organizadores locales han puesto bajo la lupa a la Policía de Inmigración y Control de Aduanas: quieren saber cómo esta agencia federal obtiene y utiliza información personal a través de compañías que recolectan datos, eludiendo así las leyes santuario a nivel condal, municipal y estatal.
La preocupación se produce luego de que en una investigación realizada por la organización Mijente, Just Futures Law y otros grupos se afirma que ICE habría contratado a las empresas LexisNexis y Thomson Reuters. Ello a razón de que las ordenanzas santuario municipal, condal y estatal limitan el intercambio de datos de ICE con los departamentos de policía.
El informe de Mijente y Just Futures Law realizado en abril y titulado “Sabotaging Sanctuary” (“Saboteando el Santuario”) afirma que ICE podría usar a LexisNexis para obtener datos de reserva de cárceles en tiempo real cada 15 minutos. ICE puede luego usar esta información sobre el estado de encarcelamiento y de liberación de personas en cárceles y prisiones para seleccionarlas para su detención y deportación, incluso cuando las ordenanzas locales prohíben este tipo de cooperación.
Quieren que se respeten las leyes santuario
El pasado miércoles se llevó a cabo una conferencia de prensa antes de una primera audiencia cuyo propósito es investigar cómo ICE utiliza corredores de datos como LexisNexis y Thomson Reuters para eludir las protecciones de las leyes santuario. Los inconformes piensan que estas acciones estarían violando la ordenanza santuario del Condado de Cook.
También participaron en la conferencia de prensa las organizaciones Comunidades Organizadas Contra las Deportaciones, Mijente y la Coalición de Illinois por los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR).
La comisionada del Condado de Cook Alma Anaya (Distrito 7), quien convocó a la primera audiencia el miércoles, instó a la Junta de Comisionados a que se investigue cómo se vende o se comparte la información personal de los residentes del Condado de Cook con ICE. Y esto con el fin de garantizar que esa agencia federal respete las resoluciones y ordenanzas santuario.
Los activistas afirman que LexisNexis actualmente tiene un contrato por valor de hasta $22.1 millones con ICE para proporcionar una base de datos de información personal a la agencia. Tan solo en un periodo de siete meses, ese sistema fue utilizado más de 1.2 millones de veces por ICE, incluido cientos de miles de veces para operaciones de deportación, según documentos FOIA (obtenidos al invocar la Ley de Libertad de Información) publicados por los creadores del informe.
Cinthya Rodríguez, organizadora nacional con Mijente en la campaña ‘No tecnología para ICE’, dijo que en esta primera audiencia se van a investigar los contratos de ICE con empresas de datos y el contrato del condado con una de esas empresas LexisNexis. “Estamos hablando de las compañías que venden y comparten el acceso a nuestra información personal… Las organizaciones que están presentes aquí hoy han sonado la alarma sobre estas empresas de datos y cómo por la puerta trasera facilitan el trabajo de ICE hacia las deportaciones y la detención”.
“Cuando escuchas la palabra santuario piensas en la seguridad y cuando es el nombre de una ordenanza quieres creerlo, pero está claro que nuestras comunidades siguen siendo atacadas por ICE, excepto que ahora era menos visible… Nuestras comunidades siguen siendo señaladas y deshumanizadas”, mencionó Karina Solano, organizadora de Comunidades Organizadas contra las Deportaciones (OCAD).
“En esta audiencia pública vamos a hablar sobre lo que está pasando a nivel nacional, pero igual aquí en nuestra ciudad”, señaló en conferencia de prensa la comisionada Anaya. “Hay maneras que ICE ha utilizado para poner a nuestras familias en el proceso de deportación o separación de familias”.
“Hemos dicho muchas veces que ICE no es bienvenida, nuestras familias no están aquí para que sean maltratadas. En esta audiencia pública que vamos a tener vamos a investigar un poco más sobre lo que está pasando y qué debemos hacer, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados”, remató Anaya.
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