Piden ampliar la protección migratoria para víctimas y testigos no ciudadanos de abusos laborales

Una coalición de 26 procuradores estatales, liderada entre otros por el procurador general de Illinois Kwame Raoul y otros funcionarios, solicitó al Departamento de Seguridad Interior (DHS) una extensión al período de protección del Programa de Acción Diferida para víctimas y testigos no ciudadanos en investigaciones sobre violaciones a derechos laborales. Se pide se expanda su vigencia de los actuales dos años a un mínimo de cuatro años.

En la carta enviada al DHS, Raoul y la coalición explican que el programa ha permitido a las agencias de protección de derechos laborales asegurar la cooperación de víctimas y testigos no ciudadanos al reducir el miedo a la deportación de los trabajadores. Sin embargo, se indicó en un comunicado, debido a la naturaleza a menudo compleja de tales investigaciones, los casos a menudo se extienden más allá de dos años antes de que se complete la aplicación de la ley. Por ello, ampliar la vigencia de la Acción Diferida resulta necesario.

“Los trabajadores no ciudadanos tienen derecho a un trato seguro y justo en el lugar de trabajo y no deben temer la deportación si forman parte de una investigación por violación laboral”, dijo Raoul en un comunicado. “Insto al Departamento de Seguridad Interior a extender el período de protección del Programa de Acción Diferida para asegurar que las investigaciones resulten en que los empleadores sean responsables si violan las leyes laborales. Me enorgullece liderar esta diversa coalición en defensa de los derechos y la dignidad de todos los trabajadores”.

Los trabajadores no ciudadanos están desproporcionadamente empleados en industrias de bajos salarios y alta rotación. Estos trabajadores son particularmente vulnerables a la explotación por parte de empleadores que violan sus derechos con prácticas ilegales como pagar por debajo del salario mínimo aplicable, no pagar todos los salarios, retrasar los salarios, negarse a pagar horas extras o no proporcionar cobertura de compensación para trabajadores, se indicó en un comunicado de la procuraduría estatal.

En el escrito, Raoul y la coalición afirman que extender el período de protección de la acción diferida de dos a cuatro años es necesario para hacer que los trabajadores no ciudadanos sean menos vulnerables al miedo a la deportación. La extensión también ayudaría a las agencias de aplicación de la ley a completar con éxito las investigaciones y otras acciones de aplicación para buscar justicia en beneficio de aquellos afectados por violaciones de derechos laborales, incluidos todos los empleados, así como empleadores que cumplen con las reglas.

—

La publicación de noticias de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust.