Chicago prohíbe a ICE usar propiedades de la ciudad tras semanas de redadas federales violentas
El alcalde Johnson firmó una orden ejecutiva que busca prevenir que estacionamientos, parques y otros espacios propiedad de la ciudad sean usados por ICE
El alcalde de Chicago, Brandon Johnson. Crédito: AP
El alcalde Brandon Johnson firmó este lunes la Orden Ejecutiva 2025-8, que prohíbe a las autoridades federales de inmigración usar cualquier inmueble de propiedad o bajo control de la Ciudad como base operativa para la aplicación de leyes migratorias civiles.
La orden, que entra en vigor de inmediato, llega tras una serie de operativos federales altamente controversiales en toda la ciudad que han generado indignación pública, dejado a varios residentes afectados y reavivado los llamados para que el gobierno municipal actúe en defensa de las comunidades inmigrantes.
Según la nueva orden, los agentes federales de inmigración no podrán usar estacionamientos, garajes, almacenes ni terrenos vacíos propiedad, arrendados u operados por la Ciudad como centros de operaciones, procesamiento o planificación para acciones de inmigración civil.
Los departamentos y agencias municipales están obligados a:
- Identificar cualquier propiedad de la Ciudad que haya sido o pudiera ser utilizada con esos fines.
- Colocar señalización visible que indique que la aplicación de leyes de inmigración civil está prohibida en el lugar.
- Instalar barreras físicas, como portones con candado, para restringir el acceso no autorizado.
- Reportar de inmediato cualquier intento o uso real de propiedades de la Ciudad por parte de autoridades federales de inmigración a sus supervisores, a la Oficina del Alcalde y a la Asesoría Jurídica Municipal.
“Nuestros estacionamientos escolares no son para que ICE cargue sus armas. Son para los habitantes de Chicago que dejan a sus hijos para aprender. Nuestras bibliotecas no son para que ICE se prepare para una redada. Son para que los habitantes de Chicago lean y se relajen. Nuestros parques no son para que ICE instale retenes. Son para que los habitantes de Chicago jueguen y disfruten”, dijo Johnson en una conferencia de prensa el lunes por la mañana al anunciar la orden.
La medida no restringe investigaciones criminales ni órdenes judiciales válidas, pero sí prohíbe explícitamente el uso de recursos municipales para acciones migratorias civiles.
También crea el programa Protecting Chicago Partners, que permite a propietarios privados, inquilinos e instituciones, incluyendo empresas, organizaciones sin fines de lucro y entidades religiosas, colocar voluntariamente señalización oficial de la Ciudad declarando que sus propiedades no pueden ser utilizadas para la aplicación de leyes migratorias civiles sin una orden judicial. La Ciudad distribuirá estos materiales de forma gratuita y mantendrá un registro público de los lugares participantes.
Según la orden, la reciente actividad federal en propiedades municipales, incluidos estacionamientos cerca de Harrison y Kedzie, y un terreno vacío en 46th y Damen, motivó directamente esta acción.
La administración señaló que la medida busca asegurar que los terrenos y recursos de Chicago “no sean utilizados para llevar a cabo ni apoyar la aplicación de leyes de inmigración civil”. También reafirma el compromiso de la ciudad con la Ordenanza de Ciudad Acogedora (Welcoming City Ordinance), que limita la cooperación local con las autoridades federales de inmigración.
Al extender las protecciones a entidades privadas, funcionarios indicaron que la orden pretende crear un “escudo cívico” más amplio, una red voluntaria de propiedades en toda la ciudad que rechacen ser utilizadas en operativos de inmigración civil.
La orden se emite tras una semana de incidentes caóticos y violentos que involucraron a agentes federales de inmigración en varios vecindarios de Chicago.
El 4 de octubre, agentes de ICE dispararon bolas de gas pimienta y gases lacrimógenos contra manifestantes en Brighton Park, según videos ampliamente difundidos en redes sociales. Agentes del Departamento de Policía de Chicago presentes en el lugar también fueron alcanzados por el gas y se les vio tosiendo y limpiándose los ojos.
Ese mismo día, ICE atravesó la protesta con vehículos blindados y disparó múltiples veces a una ciudadana estadounidense. El Departamento de Seguridad Nacional emitió posteriormente un comunicado con inexactitudes sobre el incidente, según la oficina del alcalde, identificando erróneamente la ubicación como Broadview y dando información incorrecta sobre cómo fue trasladada la víctima al hospital.
Más tarde el sábado, la administración de Trump anunció que enviará 300 soldados de la Guardia Nacional a Illinois, a pesar de las objeciones del gobernador JB Pritzker.
El 3 de octubre, agentes de ICE lanzaron gas lacrimógeno en una calle transitada, afectando a padres e hijos que caminaban hacia la escuela. La Policía de Chicago confirmó que al menos un menor necesitó atención médica y abrió una investigación interna sobre el suceso.
Esa misma tarde, la concejal del Distrito 26, Jessie Fuentes, fue detenida por agentes federales dentro del hospital Humboldt Park Health después de pedir ver una orden judicial. Los oficiales de ICE se negaron a mostrarla y esposaron brevemente a Fuentes.
Hace unos días, agentes de ICE provocaron un accidente automovilístico en East Garfield Park y detuvieron a un residente aplicándole una llave de estrangulamiento. Dos días después, más de 100 agentes irrumpieron en un complejo de apartamentos en South Shore, utilizando helicópteros Blackhawk y entradas forzadas que causaron daños materiales y dejaron a numerosos residentes detenidos durante horas.
Testimonios y videos del operativo en South Shore muestran puertas arrancadas, paredes dañadas y residentes esposados con bridas afuera del edificio.
En total, funcionarios municipales estiman que al menos seis operativos de inmigración de gran escala se han llevado a cabo en Chicago desde finales de septiembre, muchos de ellos con un alto despliegue de personal y equipo federal.
“Como he dicho incontables veces, esto no se trata de crimen ni de seguridad pública. Se trata de sembrar miedo, intimidación y división entre los estadounidenses. Se trata de consolidar el poder en manos de Donald Trump”, dijo Pritzker en un comunicado la semana pasada.
Los departamentos de la ciudad tienen ahora cinco días para finalizar los procedimientos de implementación de la nueva orden, incluyendo señalización, mecanismos de reporte y controles de acceso a propiedades. Aunque la Orden Ejecutiva 2025-8 no modifica contratos de arrendamiento o concesiones existentes, la Ciudad está alentando a los arrendatarios privados en propiedades municipales a colocar voluntariamente la nueva señalización.
La Ciudad también planea publicar materiales actualizados de “Conozca sus derechos” para propietarios, empleados e inquilinos, explicando qué hacer si agentes federales intentan acceder a propiedades privadas o municipales.
“Nadie está por encima de la ley”, dijo Johnson en una conferencia de prensa el lunes por la mañana al anunciar la orden. “Si violas la ley, debes rendir cuentas. Si el Congreso no pone límites a esta administración, entonces lo hará Chicago”.
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