Ante redadas de ICE, legisladores de Illinois y Oregon denuncian abusos y exigen rendición de cuentas

Las operaciones de la Policía de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otras agencias federales en Chicago, Portland y otras ciudades de Estados Unidos se han intensificado de manera agresiva, generando miedo y socavando la confianza pública, según un panel virtual de legisladores y líderes comunitarios realizado este jueves 16 de octubre.

En el panel organizado por America’s Voice, la senadora estatal de Illinois Cristina Castro (D-Elgin) describió el impacto de la actividad de ICE en su distrito, que incluye las ciudades suburbanas de Elgin, Carpentersville y Hanover Park. Estas áreas han visto un aumento significativo en la presencia de ICE desde el inicio de la Operación Midway Blitz de la administración Trump en septiembre.

“De hecho, hemos visto a ICE aquí, en el terreno, literalmente”, dijo Castro. “Vemos personas que tienen miedo de ir de compras, de ir a la escuela, de recibir atención médica”.

Castro señaló que coaliciones locales y equipos de respuesta rápida están distribuyendo información sobre los derechos de los residentes y ayudando a documentar de manera segura los encuentros con agentes federales, mientras los legisladores estatales trabajan para fortalecer las protecciones mediante legislación. Actualmente, los legisladores de Illinois negocian mejoras a la Ley TRUST y otras leyes que limitan la cooperación de las fuerzas locales con la aplicación federal de inmigración, y esperan presentar un paquete durante la segunda semana de la sesión de veto de otoño de la Asamblea General de Illinois 2025, programada del 28 al 30 de octubre, dijo.

El representante estatal de Oregón, Ricki Ruiz, relató incidentes similares en Portland y Gresham, donde agentes de ICE detuvieron a trabajadores de construcción e ingresaron a apartamentos sin las órdenes correspondientes, deteniendo a personas que no eran el objetivo de las investigaciones.

“Eso no es cumplimiento de la ley, eso no es justicia, eso es miedo invadiendo los hogares y los corazones de familias que vinieron aquí a construir una vida mejor”, dijo Ruiz.

Ruiz hizo un llamado a la rendición de cuentas y transparencia por parte de las autoridades federales, señalando que estas redadas separan familias y aterrorizan a las comunidades en lugar de protegerlas. Ruiz añadió que los legisladores de Oregón consideran introducir legislación durante la sesión corta de 2026 para responder a las operaciones de ICE y que el liderazgo tenía previsto reunirse el viernes 17 de octubre para discutir los próximos pasos.

Jason Houser, exjefe de personal de ICE, dijo que las tácticas actuales sobrecargan los recursos de las fuerzas del orden y comprometen la seguridad pública. Más de 16,000 agentes federales han sido reasignados para asistir a ICE en la aplicación civil de inmigración, señaló. Houser enfatizó la necesidad de priorizar amenazas, implementar medidas de rendición de cuentas como cámaras corporales y expandir vías legales para los migrantes. Agregó que tres personas bajo custodia de ICE han muerto en un período reciente de 12 días, según comunicados de la agencia.

“Temo que seguiremos viendo que esos números se disparen, ya que la atención y la compasión dentro del sistema para llevar a cabo estas operaciones se están perdiendo por conveniencia política”, dijo.

Los panelistas también abordaron la narrativa pública que enmarca las violaciones migratorias como actos criminales, lo que, según ellos, distorsiona la realidad de la mayoría de las personas afectadas. Dominik Whitehead, jefe de campo de la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP), describió las operaciones como parte de una campaña más amplia dirigida contra comunidades afroamericanas y latinas, calificando las redadas como un intento calculado de intimidación y afirmando que los despliegues federales son un “teatro político” que socava los derechos civiles.

“Armar al ejército y a ICE contra nuestras comunidades no se trata de seguridad, se trata de control”, dijo.

“No sé cómo la señora de los tamales que trata de ganarse la vida y que lleva aquí 20 años es una criminal”, añadió Castro, refiriéndose al caso de Laura Murillo, una vendedora querida por sus tamales que fue detenida por ICE en el Barrio de las Empacadoras de Chicago en septiembre. Castro también destacó casos de ciudadanos estadounidenses y residentes de larga duración que fueron erróneamente blanco de estas acciones.

Castro señaló el posible impacto de medidas federales como el uso obligatorio de cámaras corporales para agentes de ICE, lo que podría mejorar la transparencia. Una jueza federal ordenó el pasado 16 de octubre a los agentes federales involucrados en la Operación Midway Blitz en Chicago que utilicen cámaras corporales durante actividades de aplicación de la ley o al interactuar con manifestantes.

“La orden de la jueza federal sobre el uso de cámaras corporales es muy clave en estos casos”, dijo Castro, citando un caso en Chicago a inicios de este mes donde un video de cámara corporal parecía contradecir la afirmación del gobierno de que una mujer en Brighton Park se acercó en su auto a los agentes antes de que uno de ellos le disparara.

La senadora añadió que los grupos de defensa y los funcionarios locales juegan un papel crítico al ayudar a las comunidades a documentar incidentes de manera segura y conocer sus derechos. En Chicago, organizaciones como PUÑO en Pilsen capacitan a los residentes para documentar y verificar la presencia de ICE en sus comunidades.

Los panelistas subrayaron que estas prácticas van más allá de la política migratoria, representando un mensaje político y un quiebre en la confianza entre las fuerzas del orden y las comunidades. Houser señaló que las tácticas militarizadas han pasado de enfocarse en criminales de alto riesgo a operaciones civiles amplias, generando miedo generalizado.

“Avanzan con esas [tácticas militarizadas] solo para realizar arrestos comunitarios no criminales, cualquier tipo de táctica agresiva… para crear y usar ese miedo”, dijo.

También hablaron sobre la importancia de la educación pública para contrarrestar narrativas falsas sobre inmigración. Ruiz dijo que la educación cívica en Oregón se ampliará en 2027 para ayudar a los estudiantes a entender la diferencia entre violaciones civiles de inmigración y delitos.

Whitehead añadió que el trabajo de defensa debe ser multicultural, centrando a las comunidades afroamericanas, latinas e inmigrantes para asegurar una comprensión precisa del impacto en los derechos civiles.

“Continuaremos luchando por la dignidad y las libertades de nuestra gente”, dijo Whitehead.

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Este artículo fue publicado originalmente en LatidoBeat, una coalición de organizaciones locales líderes de noticias en español, unidas para difundir la rica diversidad de las voces latinas a lo largo de Estados Unidos. Actualmente incluye a La Opinión (Los Ángeles), El Diario (New York), La Raza (Chicago), La Prensa de Houston, La Prensa de Orlando, El Comercio de Colorado y La Noticia (Charlotte). Lee más noticias en LatidoBeat Síguenos en Facebook, Linkedin e Instagram.

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