La ciudad de Chicago se une al fiscal de Illinois en demanda contra el gobierno de Trump

La ciudad de Chicago se sumó este martes a una demanda federal presentada por el fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, en la que se acusa a la administración Trump de emprender acciones ilegales, tácticas abusivas de aplicación de la ley y violaciones reiteradas de derechos cometidas por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) durante una “campaña de inmigración militarizada” en la ciudad.

La demanda, presentada ante La corte federal del Distrito Norte de Illinois, impugna políticas bajo las cuales agentes federales han interrogado a personas sobre su estatus migratorio sin base legal para suponer que se encuentran en el país ilegalmente, han realizado arrestos civiles sin orden judicial ni causa probable y han usado gas lacrimógeno y otros agentes químicos sin advertencia contra personas que no ofrecían resistencia.

“El gobierno de Trump ha violado repetidamente la ley y socavado la confianza pública”, afirmó el alcalde Brandon Johnson. “Estas acciones no solo fueron ilegales; fueron crueles, infligiendo innecesariamente miedo y daño a nuestras comunidades. Mi administración protegerá enérgicamente los derechos de nuestros residentes y exigirá cuentas a cualquiera que abuse de su poder. Nadie está por encima de la ley. Esta demanda trata de garantizar que haya rendición de cuentas por las acciones ilegales del gobierno de Trump y justicia para los habitantes de Chicago que han sido perjudicados”.

Por su parte, el fiscal general Raoul señaló que “los agentes de la Patrulla Fronteriza y los oficiales de ICE han actuado como fuerzas de ocupación en lugar de agentes de la ley. Interrogan de manera aleatoria y, a menudo violenta, a los residentes. Sin órdenes judiciales ni causa probable, detienen brutalmente tanto a ciudadanos como a no ciudadanos. Usan gas lacrimógeno y otras armas químicas contra transeúntes, hiriendo a decenas, incluidos niños, personas mayores y oficiales de policía locales. Presenté esta demanda para defender la seguridad de la gente de Illinois y la soberanía de nuestro estado”.

La demanda también cuestiona acciones arbitrarias de cumplimiento de la ley en o cerca de lugares sensibles como escuelas y refugios, así como el allanamiento de propiedades privadas y gubernamentales, entre otras conductas ilegales. Además, alega que estas políticas buscan coaccionar a los demandantes, es decir las autoridades de Chicago y del estado de Illinois, para que abandonen políticas que valoran y respetan a los inmigrantes, por ejemplo las legislaciones santuario.

Entre las medidas solicitadas, la ciudad de Chicago busca prohibir que los agentes federales continúen con las prácticas impugnadas. “Nuestro equipo legal ha recopilado pruebas sustanciales de estas acciones ilegales”, dijo la consejera jurídica municipal Mary B. Richardson-Lowry. “Perseguiremos todos los recursos disponibles para proteger al público”.

Según el comunicado, las operaciones federales han obligado a la ciudad a desviar recursos, han dañado su capacidad para proteger a residentes que temen la aplicación de leyes migratorias y han debilitado la confianza entre comunidades inmigrantes y las fuerzas del orden locales.

Desde su despliegue en Chicago, agentes de CBP e ICE dispararon y mataron a una persona (Silverio Villegas González), hirieron a otra (Marimar Martínez) con varios disparos y llevaron a cabo una redada militarizada en un edificio de apartamentos en South Shore, deteniendo a todos sus residentes, incluidos niños. Hasta la fecha, el Departamento Legal de la ciudad ha presentado más de 40 acciones legales contra la administración Trump.

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